Durante la sesión del Sistema Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, afirma el gobernador que la seguridad y la corrupción van por delante en la agenda de su gestión al frente del Poder Ejecutivo. Tendrá el Estado una mayor capacidad de fiscalización en la ejecución de recursos públicos, anuncia el contralor Mario Ramos
Anarsis PachecoChilpancingo
Agosto 08, 2017

En la sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, el gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que el tema de la seguridad y la corrupción van por delante en su agenda de gobierno.
Al mediodía de este lunes, en la Sala de la República de Casa Guerrero, frente a diputados, secretarios y alcaldes, Astudillo Flores afirmó que este sistema sirve para todos los funcionarios públicos, presidentes municipales y todos quienes están en los poderes.
Dio como ejemplo “intocable” el relacionado con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y el fondo auxiliar, donde se conjunta del pago de fianzas, del cual su transparencia ha sido un reclamo.
“Es un tema de vital importancia para el poder Judicial, las nuevas modificaciones orientan a la transparencia de este fondo, se tiene que hacer”.
Dijo que todos los que tienen responsabilidades públicas, los que administran recursos federales y que tienen que hacer obra pública, deben cumplir con ella y comprobarla.
“La famosa declaración 3 x 3 que hace dos años todos la veíamos con cierto recelo, hoy es una resolución de la Suprema Corte de Justicia, que sea una obligación de todos los que tienen responsabilidad pública”, agregó.
Señaló que hay cosas que se tienen que ir acomodando en la evolución normal del manejo de recursos públicos.
Pidió a los alcaldes que cumplieran con la entrega de sus cuentas públicas en tiempo y forma para evitarse problemas con la auditoría.
Reiteró que para el gobierno del estado es importante que todos los funcionarios estén enterados de lo que contiene las reformas a la Ley anticorrupción, para avanzar en uno de los temas que está incluido en la agenda pública de cualquier organización política y social.
Coincidió con el experto en la ley anticorrupción, Luis Carlos Ugalde Ramírez, sobre que hay desánimo hacia los políticos y los gobernantes a los que han calificado como ineficientes, corruptos, mentirosos e incumplidos.
“No hay un sólo municipio que tenga un solo problema de carácter político que le impida trabajar, hemos crecido económicamente, el año pasado fuimos reconocidos por el crecimiento, hemos mejorado en el empleo”, comentó.
En su discurso reiteró que en el estado de Guerrero se han logrado grandes avances en el tema del aumento en el trabajo, así como la gobernabilidad ha regresado al Estado, y que no existe en ningún municipio un problema político que no permita laborar a los ayuntamientos.
“Hemos avanzado, pero no es suficiente, todavía hay que cuidar mucho las cosas para que este estado especialmente puedan avanzar”, agregó.
Dijo que en Guerrero se debe de sacudir la idea de que se está en los primeros lugares de todo lo malo, por lo que celebró que ahora ya no se está en el primer lugar de los que no trasparentaban nada. “Los que estamos aquí y que aun que somos de partidos políticos de orígenes diferentes, nadie puede decir en su sano juicio que Guerrero esta igual que hace dos años, y no por un partido político haya sido malo, sino por la circunstancias así los colocaron, y hay que entender las circunstancias en las que ha vivido Guerreo”, señaló.
El Sistema Estatal Anticorrupción.
Para presentar la aplicación del Sistema Estatal Anticorrupción en Guerrero, el Secretario de Contraloría y Transparencia gubernamental, Mario Ramos del Carmen leyó el esquema diseñado.
Dijo que este sistema estatal tiene el objetivo de establecer políticas públicas para que en coordinación con el estado y los municipios se realice un control en los recursos públicos.
En su exposición de 11 minutos, el funcionario explicó que el sistema concede al Estado una mayor capacidad de fiscalización en la ejecución de recursos públicos.
Por ello se amplía las funciones a los distintos entes del Estado para que investiguen, separen y multen a servidores públicos que sean relacionados con actos de corrupción.
Agregó que este sistema contará con tres comités, los que se regirán al Sistema por el Comité de Participación Ciudadana, el comité Coordinador y el Comité Rector.
El primero de ellos contará con un grupo de personas de la sociedad civil y durarán en el cargo cinco años, sin opción a reelegirse, y únicamente serán removidos por faltas graves.
En el caso del Comité rector, se integrara por el Auditor Superior y el Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como siete miembros transitorios de los municipios.
Por ultimo en el Comité Coordinador, le corresponderá el diseño, elaboración, promoción y evaluación de las políticas públicas y estará conformado por cinco figuras.
Estas serán el Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, el titular de la Fiscalía Especializada en el combate a la Corrupción, el representante del Comité de Participación Ciudadana y el Auditor General.
Anunció que 90 días después a la entrada en vigor del decreto, el fiscal general del Estado remitirá las aplicaciones presupuestales para la funcionalidad del sistema y a los 180 días después se presentará la propuesta del titular de la Fiscalía General Anticorrupción en Guerrero.
En la actividad también participó como invitado especial el ex senador y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Olimpo Nava, quien señaló que en la situación administrativa, se llegó tarde en la lucha en contra de la corrupción.
“Lo importante para mi es el impacto del sistema en particular, al menos a la reforma a nivel nacional la responsabilidad penal para personas jurídicas, morales es importantísima, porque se cometían fraudes o delitos a través de empresas jurídicas”, agregó.
Al acto realizado en Casa Guerrero asistió el Fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez, así como el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, la presidenta de la comisión de Gobierno, Flor Añorve Ocampo, el auditor del Estado, Alfonso Damián Peralta, y el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón.