Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El nuevo sindicato de trabajadores del Congreso local tomó la sede del Poder Legislativo por presuntos actos de hostigamiento por parte de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna. Posteriormente funcionarios de la actual administración informaron que se trata de procedimientos e investigaciones en contra del secretario general Fernando Martínez Román por la presunta sustracción de recibos de nómina que se exhibieron en redes sociales.
Yoloczin Domínguez negó las acusaciones en su contra y manifestó su respeto a los agremiados a este sindicato, mientras que a su dirigente Fernando Martínez le pidió que “responda a la misma en las instancias correspondientes y con apego a las leyes que nos rigen” sobre la demanda que se presentó por la vía jurídica por la sustracción indebida de documentos oficiales.

La toma

Ayer desde las 8 de la mañana unos 50 trabajadores tomaron la sede del Poder Legislativo donde colocaron lonas en las que demandan a Yoloczin Domínguez respeto a sus derechos laborales y cese al hostigamiento.
En un mensaje en la entrada del estacionamiento del Congreso local, trabajadores denunciaron hostigamiento responsabilizaron de lo que suceda a cualquier integrante de esta agrupación a la presidenta de la Jucopo. Martínez Román denunció que en su contra se inició un procedimiento en la Contraloría del Congreso, y lo acusan de filtrar información sobre presuntos actos de nepotismo de la diputada morenista.
Fernando Martínez Román dijo que la Contraloría del Congreso le informó que dos trabajadores presentaron denuncias en su contra, además de que se le notificó que “se está procesando una denuncia en materia penal contra su servidor”.
Señalaron que desde la llegada de Yoloczin Domínguez “el hostigamiento laboral no ha parado, llegan los funcionarios con la venia y la autorización de la presidenta de la Jucopo, amedrentando, hostigando a las compañeras, tratando de dividir de manera permanente desde que inició esta administración”.
Llamaron a los diputados y principalmente a los integrantes de la Jucopo a establecer una mesa de diálogo con el sindicato, incluso a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “para que hable” con Yoloczin Domínguez “para que se respeten los derechos humanos y laborales”.
Martínez Román dijo que uno de los primeros actos de hostigamiento fueron los cambios de adscripción laboral de él y de la secretaria de Organización del sindicato Leopoldina Rodríguez.
Dijo también que no se les autorizó la licencia sindical para que los integrantes del comité se dedicaran “de tiempo completo a la promoción y mejoramiento de las condiciones de trabajo” de los agremiados.
En este acto estuvieron algunos trabajadores cercanos a Alfredo Sánchez Esquivel quien en su periodo fue muy cercano al nuevo sindicato. Incluso la única diputada que se acercó a los trabajadores, fue la morenista Leticia Castro Ortiz, cercana y defensora del ex presidente de la Jucopo.

Dos trabajadores denunciaron al líder, dice Recursos Humanos

Después en conferencia de prensa en el restaurante El Señorial que está a unos pasos del Congreso local, el secretario de Servicios Financieros y Administrativos Andrés Rosendo Orozco Pintos, acompañado de la subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilez Rodríguez y del director de Comunicación Social Roberto Ramírez Bravo, negaron todos los señalamientos realizados por el líder sindical.
Andrés Rosendo Orozco lamentó que Fernando Martínez “esté utilizando y engañando” a los agremiados para defenderse ante la investigación que se realiza en su contra por su presunta responsabilidad en la sustracción de información del área de Recursos Humanos.
Al respecto, Juanita Avilez explicó que dos trabajadores del Congreso local denunciaron ante el órgano interno de control, que unos recibos de nómina que contenían sus datos personales fueron exhibidos en redes sociales el 3 de diciembre.
Tras la denuncia presentada, el 25 de enero la Contraloría le informó a Recursos Humanos que había iniciado un procedimiento contra el líder sindical por la presunción de su responsabilidad en la filtración de esta información, “es una investigación, no es un despido, no es algo personal, no vamos a cesar al compañero si la investigación está en curso”, dijo Juanita Avilez.
La subdirectora precisó que los procedimientos son contra Martínez Román y no contra el sindicato, “le pedimos que sea claro con sus agremiados”.
A pesar de la reiterada pregunta de reporteros sobre quiénes fueron los trabajadores que denunciaron al dirigente sindical, los funcionarios del Congreso no quisieron mencionarlos, pero se sabe que se trata de familiares de la presidenta de la Jucopo que trabajan o trabajaban en el Legislativo.
Juanita Avilez explicó que Fernando Martínez trabajaba en el área de Recursos Humanos y a pesar de que tenía acceso a la nómina no tenía autorización para imprimir recibos, e insistió en que será el órgano de control interno el que determine si tuvo o no responsabilidad en la sustracción de esta información.
Andrés Rosendo Orozco comentó que los integrantes del otro sindicato de trabajadores plantearon a la administración del Congreso que no era correcto que un líder sindical estuviera en un área con acceso a la nómina, por lo que plantearon a Fernando Martínez que eligiera si continuaba al frente del sindicato o estaba en Recursos Humanos, y la decisión del dirigente fue mantenerse como secretario general, por lo que fue asignado a otra área.
Ambos funcionarios negaron que haya una diferencia política con el líder sindical investigado por la Contraloría. Dijeron que desconocen si hay vínculos entre este sindicato y el ex presidente de la Jucopo Alfredo Sánchez Esquivel.
Afirmaron que la instrucción de Yoloczin Domínguez fue dar el mismo trato a ambos sindicatos, y que han tratado de atender de la misma manera a todos los trabajadores a partir de las posibilidades presupuestales.

“Engañaron” a los trabajadores con 63 plazas

En la conferencia los funcionarios también revelaron que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje echó abajo las 63 plazas que otorgó la anterior administración porque no se realizó el procedimiento de manera correcta. A pesar de que no lo mencionaron, se trata del periodo en el que estuvo al frente de la Jucopo Sánchez Esquivel.
Además de que quien firmó por parte de la administración del Congreso estatal “no pudo acreditar personalidad jurídica” debido a que no tenía un nombramiento oficial.
Juanita Avilez recordó que en julio pasado los trabajadores del sindicato Sentimientos de la Nación anunciaron que recibieron sus plazas de base, y en septiembre cuando llegó la actual administración de Yoloczin Domínguez se acercaron a entregar su minuta y pliego petitorio.
Por lo que la nueva administración consultó de manera interna y al Tribunal sobre el estatus y la legalidad del sindicato, y la presidenta del Tribunal Miriam Cortez Cisneros respondió que el nuevo sindicato solicitó toma de nota de la minuta de acuerdos el 15 de julio pasado entre la organización sindical y el Congreso local, “mismo que este tribunal laboral acordó no favorable su petición al no haberse acreditado la personalidad de quien representó al Congreso”.
También el sindicato pidió la toma de nota del expediente sindical por el que se le otorgaron las plazas, pero tampoco se realizó, “no se acordó favorable tomando en cuenta que no exhibieron los nombramientos, incumpliendo con lo establecido en los artículos 3 y 6 de la ley de trabajo de los servidores públicos”.
La subdirectora de Recursos Humanos insistió en que la diputada Yoloczin Domínguez no es responsable de que el Tribunal no haya reconocido estas plazas y que el problema fue el mal procedimiento que se realizó.
Andrés Rosendo Orozco dijo también que no existen las condiciones financieras en el Congreso local para otorgar las 63 plazas y en referencia a Sánchez Esquivel dijo que “quien las intentó otorgar –no juzgo a nadie ni pongo nombres en la mesa– sabían que no era financieramente viable y no era legal lo que estaban haciendo, que los oficios no los estaban firmando, es una irresponsabilidad dar esa cantidad de bases”, por lo que “engañaron” a los trabajadores de este nuevo sindicato.
La diputada Yoloczin Domínguez por su parte en un posicionamiento se refirió a la toma del Congreso local por integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación y a los señalamientos de Fernando Martínez los cuales negó.
Comentó que se ha reunido con el líder sindical porque así lo ha solicitado Fernando Martínez, aunque ella ha planteado que sea con “la dirigencia integral del sindicato”.
“Por cuanto hace a los señalamientos de hostigamiento a que hace referencia, y en lo particular a una demanda que se presentó por la vía jurídica contra Martínez Román, por la sustracción indebida de documentos oficiales, le hacemos un llamado para que responda a la misma en las instancias correspondientes y con apego a las leyes que nos rigen” se lee en el texto que firmó Yoloczin Domínguez.
Finalmente manifestó su respeto al sindicato “y reitero mi disposición a establecer con todos los miembros de la dirigencia de esta organización, una mesa de revisión de sus demandas, tal y como se hace con otras expresiones sindicales en este Congreso”.
Posteriormente en un boletín del Congreso se señala que la presidenta de la Jucopo dijo que tras la notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje por el que no se reconocieron las plazas de base, la Jucopo emitió un documento donde se desconocía que hubiera sustento para su otorgamiento, “y es que no se llevó a cabo ninguna convocatoria, además de que hay compañeros que forman parte de ese sindicato que tienen menos de un año laborando en el Poder Legislativo”.