Los familiares del ex alcalde Willy Reyes Ramos denunciaron su sustracción ilegal  e indebida del Cereso de Atlamajac donde estaba recluido desde el pasado 11 de enero, pues no fueron notificados y desconocían quién, por qué y a dónde fue llevado, por lo que temían por su seguridad, pues ya estaba bajo la jurisdicción de un juez y con ello vulneraron sus derechos.
En un comunicado, la Secretaria de Seguridad Pública del gobierno del estado informó que el traslado del ex edil priista fue “para efectos de resguardar la integridad del imputado” debido a que el delito por el que se le persigue se cometió en la región de La Montaña, y que fue recluido en el penal de Las Cruces, en Acapulco.
En Tlapa, los familiares responsabilizaron a las autoridades estatales de la acción que consideraron “ilegal” porque para ellos estaba desaparecido, luego de enterarse de manera extraoficial como a las 10 de la mañana de que lo habían sacado del penal y llevado en un helicóptero.
La información fue dada en una conferencia de prensa que ofrecieron sus padres, el ex regidor Cornelio Reyes y la comerciante Marilú Ramos Mosso, y su esposa, la profesora Mara Milipsa Rivero Garnelo en  su domicilio, donde acudieron familiares y amigos de la familia.
En la casa paterna, se colocó una lona de fondo con  las frases: “Willy inocente” y “Willy Reyes Tlapa está contigo”, en tanto dieron a conocer que hacían responsable  al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes; al Fiscal Regional, Javier Olea y al  gobernador Héctor Astudillo Flores de la integridad de Reyes Ramos, porque les preocupaba su vida, ya que estaba enfermo y anímicamente decaído porque “no valoraron las pruebas, es inocente”, dijo su papá Cornelio Reyes.
Su esposa exigió al gobernador, a nombre de su familia, que todo se haga conforme a derecho, se les informe sin esconder nada, y que era una situación difícil no saber nada de él y temía por su vida.
Dijo que estaban conscientes de la petición de la familia del diputado y su chófer de que se esclarezcan los hechos, pero que no se pretenda culpar a una persona que es inocente y pidió justicia e imparcialidad al gobierno del estado y al fiscal, que fue su abogado y conoce su inocencia.
Su madre dijo que su hijo era inocente y exigió al gobernador que quería a su hijo libre porque era inocente, no tenían nada que esconder y su padre lo había entregado para cerrar ese capítulo.
Durante la conferencia se escucharon porras para exigir la presencia de Reyes Ramos y fue anunciada por su ex secretario general Javier Rodríguez Valencia.
Su familiar Mabel Guerrero llamó: “señor Astudillo, usted y Olea vengan a tapar la cloaca que ustedes destaparon porque ustedes saben quiénes mandaron a matar  a Moisés Villanueva, sabemos que a su familia le duele, y también a mí porque yo lo vi crecer”
Consideró que las acusaciones contra Willy son porque “desde arriba vieron que estaba volando muy alto el pollo y buscaron meterlo a la olla para calmarlo”, porque iba a ser diputado federal, gobernador y hasta presidente de la República.
Mencionó que el proceso electoral está incidiendo en el caso de Willy por lo que les recordaba a los políticos que ellos sabían cómo se movían las cosas, porque ellos les enseñaron y que no tenían miedo de hablar, pero sí responsabilizaban de cualquier atentado contra su integridad al gobierno estatal.

¿Por qué siete años después?

En la entrevista se le preguntó a sus familiares el por qué se había entregado siete años después de que fue señalado de ser el autor intelectual del homicidio, y  respondieron que primero reunieron las pruebas de su inocencia y que éstas fueran suficientes.
Además de que Reyes Ramos, al concluir su administración, continuó con su preparación académica cursando una maestría y cuya tesis concluyó el pasado mes de julio, lo cual no quiso dejar a medias porque es el primero en su familia en obtener ese grado y quería ser fuente de inspiración para sus hijos, sobrinos y hermanos, según la dedicatoria.
Su padre mencionó que por eso  lo acompañó a presentarse, “yo lo entregué en la  comandancia de la Policía Judicial en Huamuxtitlán de manera voluntaria”, porque  sus abogados consideraron que había elementos suficientes para que fuera dejado en libertad, ya que los señalamientos de ser el autor intelectual  por los  presuntos autores materiales detenidos “fueron sacadas bajo tortura, violando los protocolos”.
Además de que tienen pruebas que el día del presunto pacto en la gasolinera con los autores materiales estaba en la comunidad de Tenango Tepexi.
Agregó que ante esas pruebas fue que decidieron que lo juzgara un juez, pero que lamentablemente éste las declaró nulas, no consideró lo que aportaron y le dictó auto de formal prisión, y estaban conformes en seguir esa ruta de defensa, “de pronto lo desaparecen, eso no se vale”.
Mencionó que otra causa de que no se entregara  fue porque en Guerrero no hay justicia “a él le truncaron la vida con los señalamientos,  sabemos que en Guerrero no hay justicia, manda quien es más fuerte”, enfatizó su padre.
Mencionaron que por ser tiempos electorales no descartan que alguna persona que se considere afectada por la aparición de Willy en el ámbito público pudiera estar incidiendo para que lo mantengan  preso, “aunque él no venía a eso”.  

No se puede ser juez y parte

Pidieron al gobierno del estado que el fiscal Xavier Olea no sea quien juzgue a Reyes Ramos porque fue su abogado y tiene todos los pormenores del caso, ni confían en una Fiscalía especial porque estaría subordinado al fiscal.
Sin embargo Cornelio Reyes apeló al fiscal que al ser conocedor del caso, sabe que su hijo es inocente y  le pidió que valore todas las pruebas que hay y que se han aportado para que obtenga su libertad.
Pidieron que no se caiga en presiones sino que se valoren las pruebas porque fue un caso armado para encontrar un culpable ya que las declaraciones no coinciden.

La marcha en pie

Mencionaron que continua en pie la marcha que anunciaron para el día  jueves a las 10 de la mañana para exigir la libertad de Willy y  que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes porque no están haciendo nada y que ellos saben que hay otras líneas de investigación  sobre el homicidio consignadas en el expediente como el caso de hombres del municipio de Alcozauca con los que hubo diferencias y que lo expresó la misma viuda.

O los señalamientos contra otros personajes estatales, que no mencionaron, pero se refirieron  al ahora senador Sofío Ramírez, quien había dejado la curul y en principio fue señalado como probable responsable.
Y ahora, a esa petición se agregara que regresen a Reyes Ramos al penal de Tlapa, para que enfrente el proceso legal.

La  versión del  gobierno estatal

En un comunicado de prensa de la Vocería del grupo de coordinación Guerrero informaron que el traslado fue ordenado por la Secretaría  de Seguridad Pública del gobierno del estado para efectos de resguardar la integridad del imputado, debido a que el delito por el que se le persigue se cometió en la región de La Montaña.
Menciona que se dictó auto de formal prisión el pasado domingo 14 de enero por lo que se inició el proceso contra el inculpado en reclusión por los hechos ocurridos el 4 de septiembre de 2011 por el delito de homicidio calificado en agravio de Moisés Villanueva de la Luz y su chófer.
Y que el Tribunal Superior de Justicia procederá conforme a derecho y estricto respeto al debido proceso y garantías del inculpado y las víctimas y que su caso esté en el juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza en Huamuxtitlán.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública reiteró que la decisión fue con el propósito de  salvaguardar la integridad física del ex alcalde, mismo que fue trasladado por elementos de la Policía Estatal a bordo de un helicóptero oficial, del penal de Tlapa al de Acapulco, donde quedará a disposición del Juez Mixto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Zaragoza.
El operativo, añade el comunicado, “se llevó a cabo sin ningún incidente y con respeto a los Derechos Humanos, así como con fundamento en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que faculta realizar el traslado de personas privadas de la libertad, cuando existe riesgo objetivo para su integridad y salud, así como para no poner en riesgo la seguridad y gobernabilidad del Centro Penitenciario, tomando en consideración que el Cereso Tlapa no cuenta con la infraestructura necesaria para su reclusión.