Presidentes de los colegios y la Barra de Abogados del estado, llamaron al gobierno del estado atender la situación del sistema penitenciario. Cafirmó que las revisiones a los penales son funcionales pero requieren mayor frecuencia.
Quien fuera subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en el gobierno de Ángel Aguirre, y ahora presidente del Colegio de Abogados del estado de Guerrero, Victoriano Sánchez Carbajal, expuso que el sistema penitenciario en Guerrero como el de todo el país no cumple con el objetivo de la reinserción social.
Vía telefónica consideró que los vicios del sistema penal vienen de administraciones pasadas y además hay corresponsabilidad de la federación. El asesinato de 28 reos por una riña en el penal, exhibió la urgente necesidad de coordinación federal y estatal para establecer políticas públicas de verdadera reinserción social, dijo.
Indicó que en la cadena de mando “los primeros responsables son el director del Cereso, ya sea por acción o por omisión, como aquellos custodios que estaban de turno cuando se cometieron los hechos”.
Agregó que es lamentable que la Fiscalía General del Estado fomente la impunidad y “no haya presentado inmediatamente a los funcionarios penitenciarios a cargo de la seguridad”.
En el caso del subsecretario del Sistema Penitenciario, indicó que la responsabilidad sería del tipo administrativa por falta de supervisión. Opinó que los operativos de revisión por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que se hacen en los penales son efectivos pero también desvelan la corrupción en el interior del penal.
Por su parte, el presidente de la Barra de Abogados, Félix Tapia Carbajal, consideró que por el multihomicidio en el penal de Las Cruces quien debió atender inmediatamente los hechos es el secretario de Go-bierno, Florencio Salazar Adame. “No está encargado de los centros penitenciaros pero es parte de su función, salvaguardar los derechos en los centros penitenciarios porque todos los sentenciados están ahí a disposición del Ejecutivo del estado”.
Consideró que las conductas penales recién reformadas deben ser analizadas, porque hay delitos que en el nuevo sistema penal que ya no ameritan prisión preventiva, como la extorsión y la portación de armas. Por ello, el Congreso debe modificar el Código de Procedimientos Penales.
El presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho en el estado de Guerrero, Hugo Hernández Martínez, expuso que ante el hacinamiento en reclusorios como el de Acapulco se deben construir más penales.
Puntualizó que “si se piden reformas que se aumenten el catálogo de delitos, como la extorsión, en automático se va volver al hacinamiento de los reos en los penales, por lo tanto el Estado ya no va tener la capacidad y tendrá sobrepoblación en casi todos”.
Ante ese panorama, agregó que la privatización de los penales podría ser una opción cuando el Estado constantemente declara que no hay presupuesto : “tendrían que entrarle al sistema de participación mixta, el gobierno e iniciativa privada o como en Estados Unidos y varios países de Europa, van a tener que concesionar”.