El delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Felipe de Jesús Delgadillo Blanno, dijo que se mantiene “sin cambios” la situación en la mina Media Luna de Cocula, aunque indicó que el bloqueo en el acceso al inmueble fue ampliado desde el martes pasado y, abarca una parte del camino, además que quienes se han vuelto “hostiles” incluso contra los trabajadores que quieren ingresar a laborar para reabrir su fuente de trabajo.
Insistió en que el paro no tiene una razón, debido a que se han cumplido los procedimientos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para establecer un recuento de trabajadores y que sean ellos quienes decidan, quién los representará laboralmente, a través de un contrato colectivo de trabajo.
Informó por teléfono que el martes pasado acudieron el secretario del Trabajo de Guerrero, Oscar Rangel Miravete, él y un grupo de trabajadores que buscan reabrir la mina. No obstante los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), quienes mantienen bloqueados los accesos en un paro “ilegal” para obtener el contrato colectivo de trabajo, les impidieron la entrada.
Delgadillo Blanno insistió en que el sindicato de mineros, dirigido por Napoléon Gómez Urrutia –exiliado en Canadá– mantiene el paro ilegal en el acceso de la empresa filial de Torex Gold Resources Inc., para presionar políticamente y obtener la titularidad del contrato colectivo de trabajo, pues actualmente la Confederación de Trabajadores de México (CTM) lo mantiene.
“Nosotros estamos planteando que se realice una reunión entre el sindicato de mineros y la empresa pero es complicado porque debe estar también la contraparte del sindicato que es la CTM. Nosotros seguimos reiterando a los trabajadores paristas que deben regresar a trabajar y permitir que esto tome un cauce legal para que se haga un recuento y que el sindicato que tenga el mayor número de votos a favor, tenga el contrato colectivo de trabajo”, explicó el funcionario federal.
De la reunión celebrada el martes pasado en el acceso a la mina, y donde se mantiene el paro, añadió que no hubo ningún acuerdo puesto que los inconformes se opusieron a que los trabajadores que buscan ingresar a su centro de trabajo entraran a reanudar sus actividades.
Respecto a declarado por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, de que corresponde al gobierno federal actuar, Delgadillo Blanno reconoció que “el gobierno del estado no tiene ninguna injerencia en este asunto; sin embargo se ha atendido en el sentido de tratar de llegar a una conciliación pacífica y que tenga un buen término para que (se) concluya en un recuento, dado que si existieran inconformidades por parte de algunos trabajadores, la vía legal es dicho recuento”.

Urge el recuento para definir qué…
“Yo creo que estas personas (los integrantes del sindicato de mineros) lo han querido politizar porque han querido obligar a la empresa a que firme un contrato, pero sin contar con la mayoría comprobada, porque ésta se demuestra mediante un recuento laboral”, destacó.
Explicó que están cerrados los accesos a la mina pero no sólo la entrada de la fuente de trabajo, sino también el acceso a los caminos, por gente del sindicato que representa Napoleón Gómez Urrutia.
“Encontramos un ambiente muy hostil en el sentido de que llegamos y nos amenazaron con lanzarnos piedras, nos grababan, nos toma fotografías y a los trabajadores que también querían entrar a trabajar, los corrieron, no los dejaron acercarse y los amenazaron de que ellos jamás volverían a trabajar a la mina”, explicó.
Nosotros, continuó, buscábamos intermediar entre la empresa y el grupo de paristas, aunque en el paro participan muchas personas que no son trabajadores, sino habitantes de otros poblados circunvecinos y que los tienen allí con la promesa de volverlos a contratar.
Acusó que los inconformes, que comenzaron un paro el 3 de noviembre, quieren “el contrato colectivo sin un recuento situación que está fuera de la ley”.
Recordó que la primera audiencia para el recuento laboral y la demanda por la titularidad del contrato colectivo y que hicieron integrantes del sindicato Minero, fue diferida al 30 de enero.