En su segundo día de sesión parlamentaria, la bancada de Movimiento Ciudadano se reunió con Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos, quien sostuvo que la crisis de desaparecidos en el país es alarmante, luego de que las autoridades admiten al menos 30 mil personas en esta circunstancia en la última década, entre éstos, los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los diputados discutieron durante dos días sobre varios temas en el hotel Emporio de Reforma: Seguridad Interior, Sistema de Justicia Penal y la atención a la crisis de Derechos Humanos, principalmente
Este 30 de agosto, Día internacional del Detenido Desaparecido, Víctor Sánchez Orozco, integrante de la Comisión de seguimiento del caso Iguala, aseguró que deben aprobar la Ley integral de desaparición forzada.
El diputado criticó que sin una ley integral que afronte el tema de desaparecidos en el país, ocurrirá como con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuyo problema se centra en la falta de recursos destinados, tanto a nivel federal, como local, para realizar reparaciones de daño en víctimas directas e indirectas de desaparición forzada.
Jan Jarab alertó que se debe revisar la Ley de desaparición forzada que han impulsado varias organizaciones. También consideró la posibilidad de que la discusión de la misma, pese a ser uno de los problemas emblemáticos del país, pudiera ser opacada por el debate que generará en próximos días en la Cámara de Diputados el tema del presupuesto de egresos de la federación para 2018.
Sánchez coincidió en que la ley  visibilizará las violaciones a los derechos humanos, creará bancos de registros de personas desaparecidas y un banco forense de personas no identificadas, entre otras. Lo más importante es que el centro de la legislación es la víctima. Sin embargo, si no hay dinero destinado a combatir acciones específicas, será difícil evitar el fenómeno, saber cuáles son las causas.
“Otro de los pendientes es  el nuevo sistema de justicia que plantea que todas las víctimas tengan un asesor jurídico. Si no hay recursos  para eso, no se podrá dar seguimiento o exigir que los ministerios públicos hagan su trabajo o que los fiscales, y en su que el asesor de las víctimas pueda ofrecer las pruebas para exigir la reparación del daño”, opinó.
De no aprobarse la ley con un presupuesto operativo, ocurrirá como en la CEAV, donde hay comisionados honoríficos y familiares de personas desaparecidas, quienes impulsaron y exigieron la aprobación de leyes que ataquen y castiguen a los responsables de las desapariciones forzadas, sostendrán que el Estado ha hecho nada por ellos.
“El presupuesto es importante. Sin él es imposible que una Ley funcione. Las fiscalías se han visto rebasadas porque no pueden combatir la desaparición de personas, tanto por particulares que es una de las nuevas hipótesis que se plantea, porque allí sabemos que en la intervención de las autoridades buscan bloquear las investigaciones”, dijo.
Las legislaturas locales tienen que revisar sus leyes generales y contribuir en destinar presupuestos para la atención de víctimas. “Los colectivos de desaparición forzada  han impulsado las leyes que están por aprobarse. La ley de desaparición forzada. Sin esta lucha. Al igual que el sistema de justicia penal no habría esas leyes sin ellos. Las clase política ha llevado las reformas a regañadientes; la sociedad civil no ha visto en la clase política justicia a sus demandas”.
Consideró que la desaparición forzada de 43 normalistas rurales en Guerrero puso el dedo en la llaga de la situación que vive México. “La PGR tiene que darle seguimiento a las cuatro líneas propuestas por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)… Se tiene que acusar a funcionarios por las grandes deficiencias que tuvo en la investigación en los primeros días, semanas y meses”.
Sánchez, es miembro de la misma comisión que Marbella Toledo Ibarra, compañera de bancada y  electa por Representación Proporcional en la circunscripción cuarta.