Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), el senador perredista por Guerrero, Celestino Cesáreo Guzmán, alertó del riesgo de enfrentamientos entre militares, policías comunitarios y civiles armados en el estado, luego de asegurar que son alrededor de 8 mil pobladores y campesinos que realizan funciones de seguridad pública, varios sin amparo legal.
En conferencia de prensa en la sede de la Cámara de Senadores, Cesáreo Guzmán subrayó que tras la aprobación de la LSI, que permitirá a los militares realizar funciones de policías “ahora con esta Ley de Seguridad Interior y las facultades que se da al Ejército, se pone en un verdadero riesgo de enfrentamiento”.
El viernes pasado después de más de 15 horas de discusión, la mayoría de los senadores, una mayoría priista aprobaron en lo general y en lo particular la LSI, con 71 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones. En poco más de una hora, ese mismo viernes 15, la legislación que había sido aprobada el 30 de noviembre en la Cámara de Diputados, pero que se envió a revisión al Senado, fue aprobada por los diputados para que el Ejecutivo la publique.
Cesáreo Guzmán reiteró que votó en contra de la ley a diferencia de sus compañeros en la 63 legislatura y ex alcaldes de Iguala, Esteban Albarrán y de Tlalixtaquilla, Sofío Ramírez, no por estar en contra de las Fuerzas Armadas, “sino porque estamos convencidos que con más fuerza castrense no se va a resolver el problema de la inseguridad”.
El senador, ex presidente estatal del PRD ha considerado que los grupos de civiles armados que están fuera de la Ley 701 son una “bomba de tiempo”; sólo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que opera principalmente en la Costa Chica y Montaña del estado, está regulada.
En Guerrero, dijo, en el tramo de Iguala a Pungarabato (Ciudad Altamirano) “hay ocho retenes del Ejército, y entre retén y retén la delincuencia es imparable”.
Consideró que su fracción perredista “estamos convencidos que entre más fuerza castrense en las calles no se va a resolver el problema de seguridad, se va resolver cuando haya proximidad  social, política social”.
En la sesión de ayer, en nombre del PRD en la Comisión Permanente, Celestino Cesáreo condenó el asesinato del periodista veracruzano Gumaro Pérez Aguilando. Criticó que aunque contaba con medidas cautelares, no se logró preservar su integridad física.
Llamó al gobierno federal para investigar el crimen; en este año, remarcó, han sido asesinados 12 periodistas y Veracruz, es uno de los estados más peligrosos para ejercer la profesión.