Lourdes Chávez

Chilpancingo

Colectivos de familiares de personas desaparecidas entregaron a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local la propuesta de iniciativa de ley que trabajaron desde 2021 con diputados de la anterior legislatura, y tiempo atrás con el Comité Internacional de Cruz Roja, para retomar el proceso de creación de norma estatal, norma en armonía con la que entró en vigor en México en enero de 2018, hace siete años.
Sucedió en la reunión del miércoles, que convocó la presidenta de la Comisión, la diputada de Morena Aracely Ocampo Mazanarez, y concluyó con una manifestación en el pleno de la madre buscadora del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, para denunciar la intención de la 64 legislatura de comenzar desde cero la nueva legislación de personas desaparecidas.
Consultada vía telefónica, la representante de la asociación de Familias de Acapulco en Búsqueda de sus desaparecidos, María Emma Mora, confirmó que la diputada Ocampo Manzanares les dijo que no recibió la propuesta que se elaboró con los colectivos en la 63 legislatura.
Ahí, se le hizo del conocimiento que la propuesta de los colectivos comenzó a trabajarse con el Comité Internacional de Cruz Roja, y desde 2021 con el Congreso local.
“Nos comentaban que no le habían hecho llegar esa iniciativa, que la persona de antes se encontraba de licencia. Le dejamos el documento para que lo analicen y vean la situación”. Ocampo se refirió a la diputada del PT Leticia Mosso Hernández, que se encuentra en su tercer periodo legislativo, y ahora preside la Comisión para la Igualdad de Género.
La madre buscadora aclaró que la propuesta no avanzó porque dicen que es muy costoso instalar un Centro de Identificación Forense, lo que consideró “una falta de respeto, sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus desaparecidos, que han exhumado muchos restos, y lo mínimo que esperan es darles identidad y restituirlos a las familias”.
Subrayó que es una obligación del Estado, “no pedimos estar aquí, y necesitamos seguir exigiendo que nos aprueben una ley que no sea de papel, que tenga un respaldo presupuestal para su implementación”.
Señaló que falta mucho por hacer. “Las autoridades no tienen datos de las fosas clandestinas, cuántos restos fueron hallados con tejido, o sólo restos óseos, no es posible que nosotros tengamos más información como colectivos que ellos como gobierno. Eso es no tener valores ni ética, porque nos están matando con esta invisibilidad”.
Advirtió de la inquietud que provoca en el país el reciente hallazgo en el rancho Izaguirre de Jalisco “de reclutamiento y exterminio”, del que se están difundieron en redes la vestimenta de los restos encontrados, para una posible identificación, “(porque) pueden ser de todo el mundo, sobre todo migrantes”.
Por lo anterior, demandó congruencia al Congreso del estado en sus respuestas, “que para nosotros son absurdas. Si nosotros salimos de un trabajo, debemos entregar al que dejamos al que nos va a suplir, sobre todo en los diputados que el pueblo puso ahí, con un sueldo”.
Se quejó de la discusión de iniciativas de gestión menstrual, que son difíciles para las mujeres, pero no se comparan con el desgaste físico y emocional constante por no saber dónde están sus familiares desaparecidos, más de 5 mil en Acapulco.
“Nos dicen que no hay dinero, ¿y la estructura en la entrada del Congreso (de la biblioteca inconclusa), cuánto dinero le destinaron y cuánto más le van a meter?”, recriminó.

Comisión de Búsqueda acéfala; el titular renunció hace dos meses

Por separado, David Molina Rodrí-guez del Colectivo de familiares de desaparecidos Guadalupe Rodríguez Narciso, informó que desde finales de febrero renunció el comisionado de Búsqueda en Guerrero, Arturo Solís Felipe, que tenía una buena relación con los colectivos.
Consideró que tuvo desavenencias con el delegado administrativo, que entorpecía su labor, también porque falta definición de sus funciones en una ley, con autonomía y presupuesto. Solís Felipe asumió el cargo el 23 de septiembre de 2022, de acuerdo con los registros en línea.
De la reunión del miércoles en el Congreso local, aclaró que fue convocada por la diputada Aracely Ocampo Manzanares, por la huelga de hambre que se realizó 24 de febrero, cuando los agentes del Ministerio Público se negaban a acudir a búsquedas en determinados sitios, y las manifestaciones de finales del año pasado, cuando madres buscadoras denunciaron que les debían tres meses de apoyo y de la canasta básica.
Para la sorpresa de todos, dijo que la diputada les presentó una nueva iniciativa de desaparición forzada. Recordó que desde junio de 2017 el Congreso de la Unión aprobó la Ley de desaparición forzada que entró en vigor en enero de 2018, y señala en los transitorios que los estados deben armonizar sus marcos jurídicos en un plazo de seis meses.
En la propuesta que se ha venido construyendo con los colectivos piden muchas cosas, como la integración de consejos ciudadanos con la participación de familiares de desaparecidos, pero lo fundamental es contar con un Centro de Identificación Humana porque todos los años hay resultados positivos, cerca de 300 en conjunto, que se llevan a resguardo. “Ya no queremos seguir resguardando cuerpos, sino la identificación porque al paso que vamos, vuelven a llenar los depósitos”.
Reconoció que la iniciativa de los colectivos tiene muchos de los artículos, “que son nuestros deseos, no somos especialistas, no somos juristas, y entendemos que posiblemente sea modificada, pero que nos digan ellos”.  Mientras tanto, dijo que no les queda más que insistir.
Indicó que acudieron en la reunión del miércoles al Congreso local ocho representaciones de Colectivos, de Familias de Acapulco, María Herrera de Chilpancingo, Los otros desaparecidos de Iguala, Guerrero no encuentra a sus desaparecidos, el Centro el Morelos de Derechos Humanos de Chilapa, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, Memoria Verdad y Justicia, de la señora Socorro, quien tomó la tribuna, así como familiares de desaparecidos de Chilpancingo Lupita Rodríguez. Al final, se sumó la abogada Neil Arias, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.