Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, coincidieron en su llamado para que el Congreso del Estado legisle en materia de desaparición de personas.
González Hernández dijo que la ley estatal en materia de desaparición forzada debería ser “por oficio” y Abel Barrera mencionó que las personas desaparecidas en la Montaña son jóvenes, la mayoría de familias de comunidades indígenas y de escasos recursos, y mujeres indígenas.
José de Jesús González acudió el sábado pasado a la alameda Francisco Granados, para bendecir el Memorial a los Desaparecidos, donde integrantes del Colectivo Guerrero No + Desaparecidos y defensores de derechos humanos, realizaron actividades para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
A su llegada, se le preguntó al obispo si hay omisión del Congreso local debido a que la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada no ha sido abordada, y contestó que “seguramente, porque si se vuelve a hacer debería ser ya por oficio”.
Señaló que también “debería ser por oficio acompañar a las víctimas y buscar a los que son victimarios. Eso es muy obvio, si se ha olvidado (la iniciativa de ley), si se renueva qué bueno, nos da esperanza de que se va a trabajar en eso”.
Consideró que “se necesita el apoyo de todos, de la sociedad misma, y apoyar para que no haya más desaparecidos, no más muertes”.
Manifestó que la Iglesia presentó cartas, comunicados dirigidos a los tres órdenes de gobierno y los tres poderes, en donde se pide “que no haya más violencia, no más muerte, que confiamos en el Estado de Derecho, en su ejercicio y confiamos en que no haya más muerte, más dolor”.
“Sí, hemos llamado constantemente (a las autoridades), no mucho, pero lo suficiente como para que sepan que a la Iglesia le duele el dolor de sus semejantes y confiamos en las autoridades, ya que tienen los recursos y tienen ese deber, de que disminuyan los muertos, la violencia, ese estado de dolor”, expresó.
Dijo que en Guerrero “a 50 metros, a 100 metros, a 200 metros, en todas partes, hay víctimas, y no se puede detener a tantos en todas partes están, ¿cómo hacerle? Es la realidad, ¿cómo hacerle? Ya que están en todas partes los delitos”.
“Entre todos, gobierno y sociedad, los hombres y mujeres de buena voluntad y, sobre todo, los que están sufriendo, están dando un ejemplo valioso para la sociedad”, subrayó.
Abundó que las madres buscadoras “están dando una esperanza al mundo y hay que acompañarlas en ese sentido”.
Consideró que las autoridades también tienen que dar más acompañamiento a las madres buscadoras, porque “son perseguidas y a veces hasta también asesinadas. Tenemos que evitar todos esos delitos”.
“El llamado es para todos, todos somos hermanos. Todos nos necesitamos, gobierno, Iglesia, hombres y mujeres de buena voluntad y la sociedad también, que no seamos indiferentes. Un hermano es parte de ti, al no atender a un hermano, no te atiendes a ti”, concluyó.
Son muchos jóvenes indígenas desaparecidos

Por separado, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, llamó a las autoridades, en particular al Congreso del Estado, a que se legisle en materia de desaparición de personas.
Durante el conversatorio Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se realizó de manera virtual el sábado pasado, Abel Barrera expuso la situación de los integrantes del Colectivo Luciérnaga, que conformaron familias de personas desaparecidas en la Montaña.
Resaltó que las personas desaparecidas en esa región son jóvenes, la mayoría de familias de comunidades indígenas y de escasos recursos, “hablamos de personas desaparecidas pobres, ¿qué han hecho ellas y ellos como para que estén desaparecidas? ¿Qué crimen cometieron? ¿Por qué a ellas se les trata como si no fueran personas con dignidad?”.
Añadió que las víctimas también son mujeres indígenas, pobres, y algunas de ellas no tuvieron la oportunidad de estudiar.
“Esta caracterización de las víctimas de desaparición en la Montaña, nos muestra una política de discriminación. Una política sobre todo de maltrato hacia las familias indígenas”, expresó.
Manifestó que las integrantes del colectivo han denunciado que en los Ministerios Públicos no tiene condiciones para atenderlas, “ya sea por el exceso de trabajo, por la rutina, porque no tienen una compensación económica adecuada, porque no tienen equipo de trabajo, etcétera, pero siempre las víctimas sufren maltrato, desprecio la denostación de las mismas autoridades”.
Acusó que las autoridades dudan de la desaparición, “siempre se estigmatiza a las víctimas de desaparición. No se actúa con inmediatez y una vez que ya están las denuncias, les piden que los familiares sean los que se encarguen de hacer las investigaciones, las búsquedas, los señalamientos. Por eso, muchas de ellas no quieren continuar con la investigación” por temor a que se genere más violencia.

“Este es el círculo perverso de la impunidad, porque los perpetradores se sienten con más poder y las víctimas más desprotegidas”, expresó.
Ante esta situación, llamó a las autoridades estatales, “al Congreso en concreto”, a que se legisle en materia de desaparición de personas “para que se pueda garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y, sobre todo, a que se implementen protocolos de investigación apropiados”.
Puntualizó que el llamado se ha hecho reiteradas veces y también “se ha pedido que el Centro de Identificación Forense sea independiente, porque al parecer” se pretende que dependa de la Fiscalía General del Estado a pesar de que “no está actuando, no tiene capacidad técnica, profesional, para poder realizar investigaciones”.
En ese sentido, consideró que “asignarle otra carga” a la Fiscalía será difícil y se requiere de autonomía, así como que la Comisión Estatal de Búsqueda cuente con el presupuesto necesario para realizar acciones de localización de las víctimas.
El conversatorio fue modera-do por el abogado Isidoro Vicario Aguilar. También participaron las activistas Amalia García, madre de Fredy Aparicio García, quien desapareció en enero del 2016 en Tlapa y esposa de Federico Aparicio Calixto, quien fue asesinado en agosto de 2020 en Metlatónoc; Brenda Lara Cerón, hermana de Yanderi Tahimí, quien desapareció en marzo de 2017 en Tlapa, y Austreberta, esposa del profesor Porfirio Barrera Díaz, quien desapareció en enero de 2019, cuyos restos fueron entregados apenas en enero de este año.