José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La Comisión Instructora del Congreso local, como parte del procedimiento ante la solicitud de revocación de mandato, notificó a la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, que tiene derecho a responder las acusaciones en su contra y realizar “los alegatos que considere necesarios”, en los próximos cinco días.
La solicitud fue presentada por el ex diputado local, Ramiro Solorio Almazán, quien consideró que se debe revocar el cargo a López Ro-dríguez “por omisiones reiteradas en el ejercicio de sus funciones”.
La Comisión Instructora emitió un documento para que sea notificada “personalmente a la c. Abelina López Rodríguez, en su calidad de presidenta del honorable ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, la denuncia presentada en su contra”.
En dicho documento, al cual tuvo acceso El Sur, se le otorga el derecho a López Rodríguez para que “en un periodo de cinco días naturales dé contestación a la de-nuncia, ofrecimiento y recepción de pruebas, así como realizar los ale-gatos que a su derecho convenga”.
Como parte del procedimiento legislativo, también se le notificó a Solorio que tiene cinco días na-turales para emitir más pruebas y presentar los alegatos que considere ante la Comisión Ins-tructora.
Ésta también ordenó notificar al cabildo de Acapulco sobre la situación en la que está López Rodríguez, para que en caso de alguna ausencia pueda estar justificada y “manifieste lo que a su derecho convenga”.
Además de la solicitud de revocación de mandato, la alcaldesa enfrenta una solicitud de juicio político hecha por dos ex trabajadores del Ayuntamiento que fueron despedidos en 2006 y la acusan de no pagar un laudo laboral. Dicha solicitud ya fue turnada a la Comisión de Examen Previo.
Otro tema pendiente de López Rodríguez es su negativa de com-probar ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) 898 millones de pesos de presupuesto federal destinado a obras públicas, la cual debe solventar antes del 27 mayo, y si no lo hace, de acuerdo con el auditor, Marco César París Peralta, el caso se podrá turnar a la Fiscalía General del Estado (FGE) o al Tribunal Administrativo.