En un escrito de cuatro páginas tamaño carta, el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez informó al Congreso que solicitó a un juez que libere una orden de aprehensión contra “varios sujetos que presuntamente participaron en el homicidio” del presidente de la Comisión de Go-bierno, el diputado Armando Chavarría Barrera.
El fiscal indicó que llegó a esa conclusión después de desarrollar las hipótesis “afectiva, política, de la delincuencia organizada y los grupos subversivos”, sin precisar cuál fue la línea determinante.
Ayer durante la sesión de la Comisión Permanente se notificó de la llegada del informe del fiscal sobre el caso Chavarría.
El pasado 26 de junio, durante su comparecencia ante comisiones del Congreso, el fiscal se había comprometido a entregar a los diputados un informe concluyente en el que revelaría quiénes eran los autores del crimen, y con base en ello solicitaría las conducentes órdenes de aprehensión.
De acuerdo con el documento que se distribuyó a los integrantes de la Comisión de Justicia y de Asuntos Políticos para “su análisis y discusión”, el informe por el asesinato cometido hace ocho años, consta sólo de cuatro páginas tamaño carta, escritas a doble espacio. El fiscal indica allí que como señaló en su comparecencia ante diputados, “se ha concluido la investigación del homicidio” de Armando Chavarría ocurrido el 20 de agosto del 2009. Y menciona en qué consistieron las investigaciones del caso.
Las dos primeras hojas solamente traen una relación de todos los procuradores que participaron en la averiguación. Menciona a Eduardo Murueta Urrutia, en el momento de los hechos, posteriormente Albertico Guinto Sierra quien estuvo como encargado de despacho tras la dimisión del primero, luego David Augusto Sotelo Rosas y cinco abogados coadyuvantes de PRD.
“En esta etapa de manera desafortunada no se avanzó en la investigación”, dice en alusión a los procuradores del gobierno de Zeferino Torreblanca.
Agrega que del 18 de mayo de 2011 al 6 de diciembre del mismo año Alberto López Rosas “practicó únicamente 23 diligencias sin relevancia alguna o trascendencia en la investigación”.
Del 20 de diciembre del 2011 al 4 de enero de 2012 estuvo César de los Santos Mendoza, el subprocurador encargado de la Procuraduría “no practicó ninguna diligencia” y agrega que lo mismo ocurrió con el encargado del 4 de enero al 15 de mayo del 2012, Manuel Herrera Campos.
Detalla que del 14 de julio del 2012 al 21 de mayo del 2013 cuando era procuradora Martha Elba Garzón Bernal se practicaron 61 diligencias en 1075 fojas y que el procurador Iñaki Blanco practicó 109 diligencias.
Y el anterior procurador Miguel Ángel Godínez Muñoz “no practicó ninguna diligencia”.
En el informe se apunta que Javier Olea “participó en 14 mil 700 fojas, en 28 tomos, diez etapas de investigación y, determinó la averiguación previa, en el periodo de 11 de diciembre de 2015 al 16 de julio de 2017, invirtiendo más de mil 950 horas en la investigación”, resaltó el fiscal en el escrito.
Y continúa: “amén de que se removió de su cargo al fiscal de asuntos especiales, en virtud de que dicho servidor público, no había practicado diligencias idóneas desde el punto de vista estrictamente jurídico. Para ello, designó un grupo especial de Ministerios Públicos y Policía Ministerial, que atendiera exclusivamente el asunto Armando Chavarría, en el que el propio fiscal participó para llegar a la conclusión que se puso a disposición del órgano jurisdiccional”.
En el documento de siete puntos también se apunta que la Fiscalía General del Estado (FGE) “remitió al Juzgado Penal correspondiente la solicitud de orden de aprehensión en contra de varios sujetos que presuntamente participaron materialmente en el homicidio”, pero no menciona nombres ni a cuántos acusó ante el juez.
No obstante sostiene que su conclusión es que se trata de “los presuntos responsables después de desarrollar las siguientes hipótesis, la afectiva, la política, la delincuencia organizada y los grupos subversivos, determinando después de la ardua investigación qué sujetos presuntamente intervinieron en el injusto penal de referencia (sic)”.
“Razón por la cual se consignó ante el órgano jurisdiccional correspondiente, para que primeramente, se obsequie la orden de aprehensión que –en su caso- libre el juzgador en materia penal que conozca el asunto, una vez que analice todos los tomos que fueron remitidos”, agrega.
Al final el informe indica que “una vez hecho lo anterior la Fiscalía General del Estado de Guerrero, procederá a poner a los responsables a disposición del órgano Jurisdiccional”.