La Fiscalía General de la República también investiga a los hermanos Álvarez Cuevas, Billy y Alfredo, además del ex directivo Víctor Garcés Rojo, por supuestas transferencias a cuentas en el extranjero y compra de inmuebles en EU, además de ser señalados por administración fraudulenta y lavado de casi mil 200 millones de pesos
Víctor Fuentes y Abel Barajas / Agencia Reforma Ciudad de México
Mayo 29, 2020
Víctor Fuentes y Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de la Cooperativa La Cruz Azul, sus presidente Guillermo Álvarez Cuevas, su hermano Alfredo y el ex directivo Víctor Garcés Rojo, por una investigación de lavado de dinero.
Al mismo tiempo, el organismo a cargo de Santiago Nieto presentó, desde la semana pasada, una querella ante la Fiscalía General de la República contra los Álvarez y Garcés, por supuestas transferencias a cuentas en el extranjero y compra de inmuebles en Estados Unidos. En este caso, no denunció a la cementera.
Conforme a fuentes ministeriales, las acciones de la UIF se basan en las denuncias que en abril de 2019 los disidentes de la Cooperativa presentaron ante la FGR contra los hermanos Álvarez y Garcés, por administración fraudulenta y lavado de 191 millones de pesos.
La querella del organismo hacendario le atribuye a Billy la compra de siete inmuebles en EU -cuatro en Miami, dos en Oklahoma y uno en Nevada-, así como depósitos a una empresa con recursos de la Cooperativa.
Fuentes allegadas a la cementera dijeron ayer que ninguna de las casas es propiedad del directivo y que se trata de homónimos cuya identidad no fue debidamente verificada.
Al mismo tiempo, precisaron que las transferencias cuestionadas corresponden a depósitos en favor de la empresa alemana Thyssenkrupp, por servicios relacionados con los hornos de cemento.
“Esta medida tomada por la UIF, en medio pandemia, dejará sin comer a 900 cooperativistas y 10 mil familias que viven de la cooperativa”, dijo una fuente que pidió el anonimato.
Un allegado a la directiva aseguró que el disidente, Víctor Velázquez Rangel, ofreció resolver este problema legal, a cambio de que Guillermo Álvarez renunciara a la presidencia y abandonara en definitiva la Cooperativa.
Hace un par de meses la indagatoria fue turnada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que sí tiene competencia legal este tipo de delitos.
Es también por ese motivo que se le dio parte a la UIF, autoridad que hace unos días presentó su querella y pidió a la FGR asegurar las cuentas de ahorro, de cheques y contratos de inversión de los denunciados.