Envuelve el escándalo al Atlas que lleva más de medio siglo sin ser campeón, cambió de dueño y ha enfrentado dificultades económicas

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Más de medio siglo sin ser cam-peón, cambio de dueño y dificultades económicas son algunos de los problemas que ha enfrentado el Atlas, equipo de futbol que ahora se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse que algunos de sus ex jugadores están vinculados con una red de narcolavado investigada en Estados Unidos.
Se trata de Pavel Pardo, Juan Carlos La Pájara Zárate y Miguel Zepeda, ex futbolistas del equipo tapatío que se asociaron con Rafael Márquez en empresas señaladas con vínculos con redes de narcolavado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Zepeda incluso formó parte, junto con Márquez, del grupo de inversores que intentaron registrar ante la Federación Mexicana de Futbol al equipo Coras de Tepic, proyecto que la Femexfut echó para atrás por presuntos retrasos en la entrega de documentación.
“Yo lo que sé, extraoficialmente, es que ni siquiera fue sometida a votación. Llegaron los directivos y presentaron la posibilidad de hacer tres zonas de 9 equipos y nunca presentaron en la asamblea la inclusión de nosotros (Coras Tepic).
“Es una injusticia, yo necesito saber cuáles fueron los razonamientos que utilizaron para no haberlo hecho”, explicó en julio de 2008 Felipe Flores Gómez, entonces directivo de Coras y presunto miembro de la red de narcolavado que encabeza Raúl Flores Hernández El Tío.
Actualmente, Flores Gómez figura como vicepresidente del equipo de Segunda y Tercera División Guerreros de Autlán, el cual es presidido, de acuerdo con la página del equipo, por el propio Flores Hernández.
El portal de Guerreros de Autlán expone que también forman parte activa del club el hijo de El Tío, Raúl Flores Castro, como secretario, y Óscar Armando Jiménez Hernández, como gerente, y quien también formaría parte de la red.
Entre los socios fundadores del club figura asimismo María Isela Chávez Martínez, presunta integrante de la organización criminal.
Miguel Zepeda fue además quien llevó al hospital a David Magic Mendoza, también ex jugador del Atlas, la noche en que fue asesinado en noviembre de 2002 cuando conducía la camioneta de Omar Caro Urías en compañía de Víctor Manuel Carranza Zepeda, quienes también figuran en la red exhibida por autoridades estadounidenses.
“La verdad que se me hace muy raro, porque al Magic lo conocí hace 14 años y nunca fue una persona mala, se puede decir así, no sé las razones, la verdad.
“Bueno, ya pasó esto y esa persona lo hizo con dolo, pero la pregunta que yo me hago es por quién. No se metía en líos”, expresó Zepeda tras el asesinato.
La noche del incidente, el Magic Mendoza se encontraba, además de Caro Urías y Carranza Zepeda, con Raúl Flores Castro, hijo de El Tío.

Vivirá Márquez un suplicio

Un infierno legal enfrentará Rafael Márquez para salir de la “lista negra” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con Douglas McNabb, abogado especializado en combatir sanciones de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), Rafa tardaría meses y hasta más de un año en limpiar su nombre debido a la burocracia excesiva.
“En términos simples es una pena de muerte económica, prácticamente de por vida”, expresó el litigante que ha llevado decenas de casos.
“No hay un archivo formal que se pueda consultar, el Gobierno no está obligado a advertir a la persona, brindar un informe de las razones por las que se le incluyó o formular cargos criminales, es verdaderamente desafiante y lleno de obstáculos. No es un procedimiento de tribunales, sino administrativo y no del todo porque ellos ponen las reglas”, expuso McNabb.
El defensor señaló que no existe un proceso de entrevista o interrogatorio con el “fichado” y todo el caso se realiza por medio de oficios y exclusivamente en Washington DC.
Por ejemplo, el representante legal debe nombrarse por medio de una carta y esperar alrededor de dos meses para ser aprobado por la OFAC, pues en este caso el futbolista no puede pagarle de su bolsillo -al estar fichado- y debe probar de dónde provienen los recursos.
Las autoridades también mandan un cuestionario tras otro que deben ser contestados por escrito y tardan también meses en encauzarlos; tampoco se contemplan testigos o toman mucho en cuenta pruebas financieras del señalado.
McNabb consideró que en la mayoría de los casos la medida es injusta y se utiliza a discreción. (Jonathan Compton / Agencia Reforma / Guadalajara).