El Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero denunció que se cumplieron 10 años de la desaparición del arquitecto Jorge Gabriel Cerón Silva, y sin que hasta el momento haya información en las investigaciones, por lo que se demandó que la familia sea integrada al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) para que el caso se pueda revisar con un abogado.
El comité tiene 40 casos registrados y en ninguno hay información certera.
Consultado en las oficinas del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, quien también forma parte del comité, demandó justicia y verdad para el caso del arquitecto ya que no hay pista de su paradero.
Consideró que el caso debe de ser tomado a nivel federal, porque ha quedado claro que la autoridad estatal no ha sido capaz de dar verdad y justicia.
Javier Monroy resaltó que Jorge Cerón era conocido en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) porque en la escuela de Arquitectura fue consejero técnico y después consejero universitario, además fue activista en el movimiento Nueva Universidad (NU).
Desde el principio el caso estuvo a cargo de la FGE y no ha habido avances en la investigación.
Lamentó que todos los casos que llevan, incluido el de Cerón Silva, a prácticamente todos les han dado carpetazo.
“Nosotros hemos insistido que ante la falta de respuestas por parte de la autoridad estatal, la Procuraduría General de la República (PGR) debe retomar estos casos, le hemos pedido a la Codehum que haga una revisión y que emita precisamente una recomendación, en donde ante la falta de respuesta por parte de las autoridades locales pues se busque la intervención de la autoridad federal, hemos tenido promesas”, detalló el director de Tadeco.
Pidió que se reabran todos los casos para que les informen cómo está cada uno de ellos, que es una demanda que ha venido haciendo con sus compañeros desde hace unos cinco años.
Añadió que los casos de desaparecidos, secuestrados y asesinados se han politizado por las autoridades, buscando mantenerlos en la impunidad. Añadió que otro problema que se les ha presentado es que cada cambio de fiscal les piden a los familiares que nuevamente den información.
“Nosotros hemos sostenido que a los familiares de las víctimas hay que dignificarlos, no se trata ni de darles paliativos, ni ofrecerles como alternativa convertir sus casos en moneda de cambio, si no que se requiere es que les den las garantías y las condiciones para realizar la coadyuvancia en las instalaciones”, abundó.
Demandó que los casos sean integrados a la Ley de Víctimas, que se les reconozcan sus derechos a los familiares empezando por integrarlos al Renavi, para que esto implique que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tenga que revisar los expedientes de cada caso y reconstruirlos.
Javier Monroy expuso que a pesar de que hay una Ley de Víctimas ésta no opera, que entonces la CEAV ha sido un elefante blanco que se ha dedicado a todo menos a buscar verdad y justicia para las familias.