EL-SUR

Miércoles 24 de Abril de 2024

Guerrero, México

Guerrero  

A 9 años del asesinato de Hernández Cardona, exigen justicia y no más represión a los pueblos

En Iguala, la pareja del dirigente, Sofía Mendoza, dijo que un acto de autoridad terminó con la vida del dirigente y dos integrantes de la Unidad Popular. En Atoyac, organizaciones sociales denunciaron que aumentan los asesinatos y desapariciones y la autoridad se escuda culpando al crimen organizado y no da garantías a la población

Mayo 31, 2022

La activista y ex regidora del PRD, Sofía Mendoza Martínez, acompañada de su hijo, dejaron este lunes una ofrenda floral en la cruz colocada en memoria del dirigente de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona Foto: El Sur

Alejandro Guerrero/ Francisco Magaña

Iguala/Atoyac

Al conmemorar el noveno aniversario de la desaparición forzada y asesinato del luchador social Arturo Hernández Cardona, con la colocación de una ofrenda floral en la cruz colocada en su memoria junto a la caseta de peaje de la autopista a Cuernavaca, la ex regidora del PRD y pareja del dirigente de la Unidad Popular (UP), Sofía Mendoza Martínez, afirmó que “se lucha contra el olvido”, y exigió justicia, no repetición y no más represión contra los pueblos que luchan.
A las 9 de la mañana de este lunes, la compañera del dirigente Hernández Cardona, asesinado en 2013 durante el gobierno perredista de José Luis Abarca Velázquez, colocó una ofrenda floral acompañada de su hijo, en la cruz puesta en su memoria junto a la caseta de peaje de la autopista a Cuernavaca, que fue el sitio en el que se le vio con vida por última vez, luego de encabezar una protesta por fertilizantes y obra pública que reclamaban al gobierno local para colonias populares.
“A nueve años de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los compañeros Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román, seguimos diciendo que se cometió un acto de autoridad contra la vida de los compañeros, por lo que exigimos justicia”, dijo la activista en un breve mensaje.
Mendoza Martínez dijo que “hoy se lucha contra el olvido, y hacemos un reclamo preciso de justicia, memoria, no repetición y no más represión contra los pueblos que luchan. Por eso, estamos recordando este día como un día trágico para el derecho de manifestarse”.
Señaló que a nueve años de los hechos, continúan en el reclamo de justicia, “porque fue una represión que se cometió en un acto de autoridad en contra de los compañeros por sólo haber ejercido su derecho de manifestación y de petición. Seguimos diciendo que fue un acto de barbarie lo que se cometió en contra de ellos al grado de quitarles la vida”.
El 30 de mayo de 2013, durante el gobierno de Abarca Velázquez, actualmente preso en el penal federal del Altiplano, siete dirigentes de la Unidad Popular (UP), fueron privados de la libertad después de una protesta en la caseta de peaje, y el 3 de junio, Arturo Hernández junto a Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román fueron hallados asesinados y con huellas de tortura, en inmediaciones de la comunidad de Valerio Trujano y Mezcala, a orilla de la carretea federal en el tramo Chilpancingo-Iguala.
En declaraciones ofrecidas a reporteros, Mendoza Martínez indicó que el caso quedó parado en el juzgado de Matamoros, Tamaulipas, y se ha quedado sin recursos económicos y sin apoyo de las organizaciones para darle continuidad, “yo ya no tengo el financiamiento ni los recursos para continuar con el proceso, para ir y venir al juzgado, ya no tengo ninguna organización que me acompañe”, informó.
Recordó que mediante el testimonio de uno de los sobrevivientes, Nicolás, que declaró ante una autoridad, “está probado que fue José Luis Abarca” el que asesinó a Arturo Hernández, y reprochó que el caso bajo la causa 100/2014 va muy lento, “ya son 9 años y está desgastado el caso y la economía, lo que pareciera que siempre las autoridades le apuestan al desgaste con el tiempo”.

En Atoyac, critican la represión a defensores en el aniversario del líder de Iguala asesinado

La represión en el país se ha reproducido contra defensores de derechos humanos y organizaciones sociales que han buscado justicia para casos de desapariciones y asesinatos, señaló el Frente de Organizaciones Sociales el Municipio de Atoyac al conmemorar el noveno aniversario luctuoso de Arturo Hernández Cardona.
En un acto en Atoyac Tita Radilla y Griselda Reyes de la Afadem, Juany Guzmán de la Red de Apoyo Solidaridario, Norma Mesino de la OCSS, Teresa Flores de la Coalición de Ejidos y Clemencia Guevara del FDP destacaron que José Luis Abarca es enjuiciado por el caso, pero no por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa donde presuntamente también estuvo implicado.
Las organizaciones sociales lamentaron que los asesinatos y desapariciones se estén acentuando sin que haya atención por parte de las autoridades.
Destacaron que la omisión de las autoridades a desaparecidos y asesinatos de defensores sociales “ es grave y se escudan en que es el crimen organizado sin dar garantías a la población”.
Se dijeron preocupados por la agresión que es de manera sistemática “y no sabemos quién será mañana, ahorita estamos aquí pero quién sigue”.
Dijeron que sólo la unidad y solidaridad de la sociedad podrá hacer frente a la impunidad que hay en el país, no estar callados y esperar a estar del lado de estas experiencias.
Demandaron a los tres órdenes de gobierno atención y frenar estos hechos que siguen en la impunidad aún cuando se esperaba un cambio con el actual gobierno ya que el país está desestabilizado”.
Urgieron polticas públicas que hagan frente “porque no ha funcionado besos y abrazos y no balazos”.
Lamentaron que aún con presencia y creación de corporaciones policiacas y militares, la situación no cambia ni para, “es gravísimo lo que está pasando, porque siguen las desapariciones y son más de 100 mil la cifra oficial donde incluye no sólo hombres y mujeres sino también niños”.
También denunciaron la desaparición del militante del Frente de Defensa Popular, José Abundio Bolaños, presuntamente cuando cruzó el último retén que tiene la Policía Comunitaria de la CRAC-PF en el municipio de Chilapa.