Este viernes 4 de mayo se cumplieron cuatro meses del desarme de la Policía Municipal de Chilpancingo y de que los agentes están acuartelados, mientras que la vigilancia quedó a cargo de la Policía Estatal con apoyo del Ejército y la Policía Federal.
El 4 de enero fueron desarmados y acuartelados 120 policías municipales y 30 agentes de Tránsito después de que la corporación fue señalada de la desaparición de 7 jóvenes del 23 al 31 de diciembre.
Los agentes municipales están sujetos a investigación por la Fiscalía General del Estado (FGE), que fue uno de los pendientes que dejó el fiscal Javier Olea Peláez quien renunció a su cargo “por motivos personales” el 25 de abril.
Militares, policías federales y estatales desarmaron y acuartelaron a los policías municipales y a agentes de Tránsito el 4 de enero, luego de denuncias en su contra por la desaparición de 7 jóvenes que fueron levantados entre el 23 y el 31 de diciembre en distintos puntos de la ciudad.
El 2 de enero el ex presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Piquinto Damián Huato denunció la desaparición de siete jóvenes en Chilpancingo, dos de ellos Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron encontrados muertos casi a la medianoche del día siguiente, el 3 de enero, cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital.
Otros tres fueron encontrados vivos, torturados y atados de las manos a las 6 de la mañana del 3 de enero en un terreno baldío cerca del Palacio de Gobierno. Dos más, Efraín Patrón Ramos de 25 años y Abel Aguilar García de 18 siguen desaparecidos. En la mayoría de los casos, según el empresario, participó en su detención la Policía Municipal.
A cuatro meses de que fueron desarmados y acuartelados los policías municipales, la Policía Estatal con el apoyo del Ejército y la Policía Federal continúan a cargo de la seguridad de la capital del estado, debido a que no se ha definido la situación jurídica de los agentes municipales, a pesar de que el alcalde declaró que se irían incorporando a sus labores paulatinamente.
A pesar de que al menos cinco agentes de la policía municipal fueron ubicados como partícipes en la desaparición concretamente de Efraín Patrón Ramos, mediante videos filmados por cámaras de seguridad la noche del 29 de diciembre, el juez de control Edgardo Mendoza Falcón sólo vinculó a proceso a Nicolás, el 12 de enero, pero por el homicidio calificado en agravio de Jorge Arturo Vázquez Campos y Marcos Catalán Cabrera.
Los casos de los otros 5 jóvenes no han sido esclarecidos ni han sido vinculados a proceso más elementos policiacos.

Los videos

Mediante una serie de filmaciones por las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, y Cómputo (C4) en Chilpancingo que se difundieron en los medios de comunicación, se aprecia el último momento que fue visto el trabajador de la Secretaría de Salud, Efraín Patrón, quien fue seguido desde el libramiento a Tixtla en la escuela José Martí y detenido por los agentes municipales en la avenida Juárez, cerca de la Alameda Granados Maldonado.
Habría sido dicha grabación la que llevó al Grupo de Coordinación Guerrero a retirar a la policía de Chilpancingo de las calles y ser investigada por la desaparición de los siete jóvenes y la muerte de dos.
Ayer se confirmó que agentes de la Policía Estatal siguen instalados en el cuartel y se encargan de los recorridos a pie en las calles del centro de la ciudad, y en las patrullas de la Policía Municipal en las colonias.
Fuentes de la corporación informaron que participan en las operaciones de vigilancia en Chilpancingo y en las comunidades del valle de El Ocotito 150 policías estatales en 20 patrullas de la Policía Municipal como Estatal, así como entre 15 y 20 agentes de tránsito estatal suplen las funciones de los municipales en la ciudad.
Mientras tanto los policías municipales y agentes de Tránsito desarmados, inhabilitados y sujetos a investigación, sólo fueron retenidos en el cuartel de la corporación los primeros 15 días, después se les permitió salir a sus casas y sólo se presentan a registrar su asistencia en las instalaciones de la corporación.
Algunos reconocieron que siguen recibiendo sus salarios sin problema.
El 21 de enero familiares de los policías municipales desarmados protestaron en la explanada de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) en donde exigieron a los tres órdenes de gobierno que agilizaran las investigaciones conforme a la ley, y que se responsabilizara a los policías que sí estuvieron involucrados en las desapariciones y que al resto le permitieran incorporarse a sus funciones.
Han trascurrido cuatro meses y la FGE no ha definido su situación jurídica para que sean reincorporados a sus labores de seguridad.