Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 10 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió la sentencia por la violación sexual de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, el Estado mexicano no ha cumplido con la parte de la reparación del daño y ni con las garantías de no repetición.
Coinciden en esta evaluación tanto las víctimas, como la directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Gisela de León, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quienes dan acompañamiento al caso.
El 1 de octubre pasado se realizó una audiencia virtual ante la Coidh para la revisión de los avances del caso.
Vidulfo Rosales Sierra expresó que el Estado mexicano sigue sin cumplir con varias de las medidas de reparación, y que a más de 18 años de los hechos, no existen sentencias firmes para los agresores de Valentina, mientras que en el caso de Inés el agresor aún no está sentenciado.
La Coidh emitió dos sentencias con diversas medidas de reparación para garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral del daño y la no repetición de los hechos, incluyendo medidas para resarcir el daño a la comunidad.
Vidulfo Rosales dijo que “hay avances positivos y negativos”. Reconoció que lo positivo es que derivado de la sentencia se ha logrado que se abran procesos judiciales por la vía civil a los militares.
En 2013, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante un juez a cuatro integrantes del Ejército que en febrero y marzo de 2002 participaron en los ataques sexuales contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández.
Sin embargo el abogado dijo que todavía no se emite una sentencia en su contra, “estamos a unos días de que se emita una sentencia, la pandemia ha parado el proceso. Esperamos que en próximos meses pueda haber ya una condena”, dijo.
Sin embargo agregó que todavía no se cumple con las medidas de reparación y no repetición.
“Los pendientes son las reparaciones comunitarias de Inés Fernández, como es un centro comunitario para atender niñas y mujeres indígenas, en este caso hay obstáculos para la reparación del daño”, dijo.
Por su parte, la directora jurídica de Cejil, Gisela de León, admitió que la sentencia fue una de las primeras para atender los casos de violación sexual como tortura, y que establecieron estándares específicos para la investigación de este tipo de violaciones a los derechos humanos.
Recordó que la sentencia emitida en el 2010 estableció la reparación del daño pero que el Estado mexicano sigue sin cumplir muchas de las reparaciones, “y esperamos una actitud y acción certera para avanzar”.
Valentina Rosendo, originaria de Caxitepec, municipio Acatepec, reprochó que el Estado mexicano no ha cumplido con todo lo que dice la sentencia de la Corte. “En mi caso dijeron que todo lo iban a cumplir rápidamente, a lo largo del tiempo el gobierno se ha negado a cumplir”, dijo.
Dijo que pide que haya garantías de que habrá justicia y que los responsables no salgan de la cárcel. “Para nosotras es difícil una vive con ese temor de que los agresores pueden salir, no podemos trabajar tranquilas, nos queda esa preocupación porque el gobierno no ha cumplido siempre pone trabas”.
Dijo que la pandemia no debe ser obstáculo para cumplir su trabajo.
Que cumplan todo lo que dice la Corte, ya esperamos mucho tiempo, es muy desgastante”.
Reconoció, sin embargo que no todo en su lucha ha sido en vano, “hay mucha gente solidaria, mucha gente me animó y me invitaron a dar mi testimonio y ahora la gente ya se atreve a levantar la voz, y a mí me hicieron una mujer más fuerte”.
Por su parte Inés Fernández, de la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla, reprochó que no se ha cumplido en su caso con la apertura del Centro Comunitario de la Mujer Indígena en Ayutla. “El gobierno dice que apenas va a conseguir los recursos, para el Centro. Ya está la obra pero no se ha abierto y ahora ya está en malas condiciones”.
Dijo que el Centro Comunitario es muy necesario para las mujeres me’phaa, porque hay mujeres que no saben cuáles son sus derechos y por eso no pueden participar y exigir a la autoridad que cumpla con sus obligaciones y atienda sus necesidades”.
Recordó que en la sentencia se piden varios puntos, “yo pido justicia y que se castigue a los culpables”.