El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que después de tres años de los ataques a los normalistas en Iguala, sólo hay 30 por ciento de avance en la investigación y 180 detenidos, lo que no constituye una respuesta a las demandas  de los padres los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
Aclaró que cinco declaraciones, con pruebas objetivas de que fueron obtenidas bajo tortura, derivó en la tesis de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula y en el centenar de detenciones.
Precisó que después de las pruebas y peritajes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la hipótesis quedó muy endeble.
El mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y los padres, han insistido en la investigación de cuatro nuevas línea de investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) dividió en nueve.
Dijo que en la reunión del 29 de agosto se estimó un avance del 30 por ciento en estas nuevas indagatorias, y ayer trascendió que la Procuraduría había descartado siete de las nueve líneas de trabajo.
Advirtió que esto no ha sido abordado con los padres y que no es un dato preciso.
Explicó que la PGR estableció que el quinto camión de los ataques del 26 de septiembre no tenía un compartimento secreto para el traslado de droga como se estimaba, sin embargo “nosotros decimos que hay otras inconsistencias en el camión, declaraciones contradictorias de estudiantes, el conductor y la empresa de autobuses que no han sido aclaradas”.
En otro tema, habló del proceso electoral, reconoció que el boicot de los comicios en 2015 no tuvo buenos resultados.
“Los padres se quedaron solos, nada más en Tixtla y Tlapa hubo oposición con un saldo negativo, la muerte del activista Antonio Vivar, la posición en esta elección aún está por definirse”.