Vecinos na savi de Santa Cruz Yucucani y de Juquila Yucucani, municipio de Tlacoachistlahuaca, impidieron la tarde y noche del domingo que unos 100 militares entraran a esos dos pueblos, supuestamente a destruir plantíos de enervantes.
Los soldados tuvieron que acampar a unos 3 kilómetros al sur de las dos localidades que se encuentran en las colindancias con el estado de Oaxaca, informó el abogado Mardonio Ramírez García, quien asesora a los comuneros de Juquila Yucucani.
El abogado contó, vía telefónica la tarde de ayer, que después de tres intentos de entrar a las dos comunidades por la carretera la tarde del domingo, los pobladores de Santa Cruz y de Juquila Yucucani se impusieron y les impidieron el paso por la carretera a los militares.
Dijo que los soldados tuvieron que salirse del camino e internarse en el cerro. Explicó que se quedaron, ya entrada la noche, a unos 3 kilómetros al sur de los dos pueblos en donde se quedaron durante todo el día ayer.
Los habitantes de los dos pueblos les impidieron la entrada porque denunciaron que el 6 de marzo los soldados les destruyeron una milpa cuando aterrizaron dos helicópteros en medio de una siembra.
El abogado denunció que ese día, un primer helicóptero aterrizó a las 11 de la mañana en una plantación de milpa y destruyó una amplia extensión del cultivo, agregó que dos horas después aterrizó un segundo helicóptero y acabó con un pedazo de siembra de milpa de uno de los pobladores.
Pero agregó que lo que molestó más a los habitantes de las dos localidades fue que los militares golpearon y empujaron a mujeres embarazadas.
Dijo que desde ese día los habitantes de las dos localidades, están exigiendo a los soldados que les paguen a los campesinos sus cultivos dañados.
Mardonio Ramírez informó ayer, vía telefónica, que los habitantes de las dos localidades se mantienen en las entradas de los dos pueblos para impedir que entren los soldados, porque temen que vayan a detener a algunos de los líderes.
Dijo que ayer enviaron escritos al Ayuntamiento, así como a los gobiernos estatal y federal, para que acudan a esa comunidad a verificar la violación a los derechos humanos que están viviendo por parte de los militares.