La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) denunció abusos y excesos de agentes de los ministerios públicos y de la Policía Ministerial, luego de que este sábado policías ministeriales catearon casas de vecinos de la colonia Guadalupe, anexo de Alacatlatzala del municipio de Malinaltepec, sin una orden judicial.
En el comunicado informan que el sábado como a las 6 de la tarde a la Colonia Guadalupe llegó una patrulla de la Policía Ministerial que tiene su sede en Tlapa, con placas HE – 92 – 826.
Relata que violentamente y sin una orden entraron a la casa de los vecinos Isidro Villano de Jesús y Felipe Villano de Jesús, violentando psicológicamente a las señoras y los niños  de su hogar.
Agrega que “estos ciudadanos solicitaron la intervención de la Policía Ciudadana y Popular y del delegado municipal”.
Informa que cuando la Policía Ciudadana acudió al llamado preguntaron a los agentes ministeriales si contaban con una orden de cateo para entrar a las casas de los vecinos, y a qué se debía su presencia. Les cuestionaron por qué no acudieron con el delegado de la colonia y al no obtener respuestas convincentes retuvieron a los policías ministeriales.
Fueron encarcelados los agentes Fredy Canseco Zamora de 42 años, Raymundo Domínguez Herrera de 52, Francisco Laredo Vargas de 43 y Adelaido Abarca Avelino de 47, quienes “permanecieron resguardados en la cárcel de la delegación en tanto se localizaba a sus jefes superiores para informarles de la acción violenta de sus súbditos y acudieran por ellos”.
El domingo acudieron el agente del Ministerio Público del Fueron Común, Gonzalo Solano Lorenzo, el delegado regional de Gobernación estatal Jorge Rodríguez Ponce, y el asesor jurídico de Tlachinollan Vidulfo Rosales, a una reunión de más de 4 horas.
En el encuentro se pidió el respeto a la integridad física y emocional de las personas, que  la Policía Ministerial respete su sistema de Seguridad y Justicia indígena y sus órganos, que cuando entren a su territorio se presenten y notifiquen al delegado o comisario municipal de las comunidades y las acciones que pretenden ejecutar.
Tras los acuerdo dejaron en libertad a los policías y les entregaron cuatro armas largas AR-15, tres armas cortas calibre .9 milímetros, una camioneta, dos teléfonos celulares y una computadora entre otras herramientas.
El comunicado dice que los pobladores de los diversos pueblos y colonias anexas al núcleo agrario comunal de Alacatlatzala decidieron que no permitirán la entrada de los policías ministeriales, de la Policía Estatal y del Ejército en el territorio donde operan, porque los agentes de estas corporaciones trasgreden los derechos humanos de los pueblos y de las comunidades indígenas.
La organización dice que estos hechos los ha denunciado, además de públicamente, ante la Comisión de Defensa y Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).
Reitera que la CRSJ-PCP vela por la seguridad de sus pueblos y familias, la paz, la justicia, la libertad, la democracia, y la preservación de sus tierras.
Exige alto al abuso del poder de los encargados de la justicia en el estado, municipio y país, y a la violación de sus derechos humanos. También demanda respeto a su Sistema de Seguridad por los gobiernos municipal, estatal y federal.

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