Redacción

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos rechazó la criminalización en contra del abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y advirtió que hay una inminente acción judicial en contra del defensor de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
En un comunicado la Red integrada por 84 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana señaló que, la “estrategia de Contrainsurgencia no sólo se utiliza en contra de movimientos armados insurgentes, sino también en contra de todo aquel que lucha por la verdad, la justicia y la reparación del daño”.
El comunicado es en respuesta a una nota periodística publicada en el portal La Silla Rota, titulada “Guacamaya leaks: Sedena vincula a Vidulfo Rosales con secuestros y extorsiones”, en el que se afirma que un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) describe la presencia de tres organizaciones civiles cometen diversos ilícitos y una, Tlachinollan, está ligada a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa.
En la nota se hace referencia a documentos obtenidos a partir del hackeo de Guacamaya, en los que la Sedena afirma que Vidulfo Rosales “forma parte de la estructura del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública”, en referencia al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), que según el Ejército es una organización dedicada a cometer distintos ilícitos.
Pero la Red expuso que la información contiene errores, es falsa y exhibe la incapacidad de los cuerpos de inteligencia del Ejército al confundir una organización campesina con una instancia gubernamental.
Explica que Rosales Sierra estuvo acompañando del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, organización campesina que defiende la tierra y el agua contra las empresas extractivas en los bienes comunales de Cacahuatepec, Acapulco.
“Nos preocupa que desde las fuerzas armadas tengan una percepción cuya tendencia es criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos y catalogarlas junto a grupos criminales”, expone.
Lanzaron un llamado a los medios de comunicación debido a la importancia de su labor, y por eso pidieron que no se reproduzca irresponsablemente información que el Ejército tiene para reprimir y castigar a las y los defensores de derechos humanos, así como luchadoras y luchadores sociales.
La Red advirtió que “con lo anterior es indudable que se prepara una inminente acción judicial contra el defensor que se hará efectiva en la medida que las madres y los padres de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 se acerquen a la verdad. A la fecha todas las investigaciones apuntan a elementos del Ejército, gobernantes y políticos de alto nivel. La defensa del compañero Vidulfo ha sido decisiva en esta lucha, por lo que el Ejército busca neutralizarlo y silenciarlo y no dudará ejercitar acciones penales o de otra índole en su contra”.
La organización dijo que cuando la lucha es verdadera, honesta e inclaudicable afecta intereses económicos y políticos de las élites que recurren a la calumnia, a la difamación, criminalizando y deslegitimando su lucha.
“La lucha de las madres y padres de los 43 amenaza con colocar al Ejército en el banquillo de los acusados y la voz y denuncia permanente del compañero Vidulfo ha sonado con estridencia, al grado que molesta al poder militar que ahora da un manotazo para acallar voces incómodas y vigilar a los que considera enemigos realizando impunemente señalamientos infundados”.
Dice que el acuerdo de las fuerzas armadas con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador es la “inmunidad y se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos”.
La Red reclamó que “mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente, y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa, donde delincuentes de Guerreros Unidos convivían y se reunían con altos mandos militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, mientras tanto, fichaban y hostigaban a defensores y luchadores sociales asociándolos con actividades ilícitas que ni siquiera comprobaron y que son falsas”.
“Ante esto las organizaciones demandaron el cese del hostigamiento y la inminente represión contra el compañero Vidulfo Rosales, así como contra el director de Tlachinollan Abel Barrera, Rogelio Téliz García y el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y que se den garantías para que continúen con su labor de defensores de derechos humanos y se realicen investigaciones contra el Ejército por realizar operaciones de seguimiento y vigilancia ilegales”, agrega.

Un documento hackeado por Guacamaya

En los documentos de la Sedena hackeados por Guacamaya que se dieron a conocer en una nota periodística del portal La Silla Rota, se acusa de diversos delitos al abogado Vidulfo Rosales y a luchadores sociales del Cecop.
El reporte militar de enero de 2020, dice que el Cecop es una fachada para proporcionar seguridad a sus comunidades, a fin de impedir la presencia de “autoridades legalmente constituidas” en el área, para realizar “con plena libertad” cobro de cuota, extorsión, abigeato, privación de la libertad, manipulando a la población, obligándola a cerrar líneas de acceso y con esto impedir que se lleven a cabo acciones de prevención del delito.
Identifica su estructura en un diagrama con fotografías del dirigente Marco Antonio Suástegui, su hermano Vicente de los mismos apellidos, actualmente desaparecido, y a un abogado del que no se distingue el nombre. En la siguiente línea de mando, a los defensores de derechos humanos de Tlachinollan, en el siguiente orden: Marco Antonio Rogelio Telliz, Vidulfo Rosales Sierra y Abel Barrera Hernández.
“Debido al bajo nivel de escolaridad de las comunidades que conforman los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mpio. De Acapulco, los habitantes de la misma, representan un blanco fácil de manipular por los grupos desafectos del gobierno, por lo que inducen a la población a oponerse a todo tipo de acciones Gubernamentales, generando con ello que la presencia de Autoridades de los tres órdenes de gobierno en citada área, se limite o se vuelva nula”, dice una de las citas.

En riesgo, defensores de derechos humanos: Centro Morelos

La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos, Teodomira Rosales Sierra, aclaró que la visión del Ejército no sólo coloca en riesgo a Vidulfo, su hermano, sino a todos los defensores y, por otro lado, confirma que ha hecho un buen trabajo en el acompañamiento de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
“La inteligencia militar, en lugar de que haga su trabajo está criminalizando, difamando a una persona honesta, siento que es como un pretexto que está utilizando por temor a que se llegue a la verdad de los 43, y para llevar a prisión a los defensores”, recriminó.
Consideró que esta visión del Ejército sobre los defensores, es compartida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que declaró que la ciudadanía ya no necesita ir acompañada a las instituciones. Sin embargo, recordó que en los hechos, los funcionarios no hacen caso a los ciudadanos cuando llegan solos a exigir servicio, seguridad o procuración de justicia. (Lourdes Chávez/Chilpancingo)