Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

En 2022 el gobierno federal presentó las conclusiones de sus investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) que dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pero de acuerdo con el abogado de los familiares de los estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra, es una “investigación en paralelo”, incompleta y con inconsistencias.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recordó que la columna vertebral de ese informe son 467 capturas de pantalla de chats, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) analizó y señaló que son endebles y no constituyen una prueba contundente que corrobore la hipótesis del gobierno federal.
En este 2023 y en la recta final del gobierno de López Obrador, Rosales Sierra advierte un panorama gris y un horizonte desalentador en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, “creemos que ya en este gobierno muy poco se va a poder hacer y lo que presentaron a través del informe es para ellos la salida”.
En 2022 el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa vivió un parteaguas en las investigaciones de la actual administración del presidente morenista, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez en conferencia de prensa en Palacio Nacional –luego de una reunión con el presidente y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos–, expuso las principales conclusiones de un informe elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
Dicho informe concluyó que no existen indicios de que los 43 estén con vida, afirma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudo evitar el desenlace contra los jóvenes, reitera que en los ataques y la desaparición de los estudiantes participaron autoridades de todos los niveles de gobierno, que los mandos militares no buscaron proteger ni buscar al soldado Julio César López Patolzin –uno de los 43 normalistas desaparecidos– quien informaba a la Sedena de lo que acontecía en la normal y sus movilizaciones.
Alejandro Encinas destacó que lograron obtener diversa documentación como 467 capturas de pantalla, 37 conversaciones y cinco teléfonos de donde se extrajeron los mensajes clave para el caso, y que la creación de la “Verdad Histórica” fue concertada por el aparato organizado del poder desde el más alto nivel de gobierno.
Asegura que se ocultó la verdad de los hechos, se alteraron las escenas del crimen y se ocultaron los vínculos de autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la participación de agentes del Estado.
Al día siguiente de difundirse el informe fue detenido el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam al salir de su casa en Lomas de Chapultepec en Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia como parte de la investigación del caso Ayotzinapa, es decir, por construir la llamada “Verdad Histórica” en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El 22 de agosto el GIEI dijo que no participó en la redacción del informe de la Covaj y pidió tener acceso al informe completo, así como a los dispositivos desde donde se obtuvo la información y los mensajes extraídos.
La detención de Murillo no fue la única en 2022, el 15 de septiembre se informó de la detención del general José Rodríguez Pérez, por su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas, quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería en 2014.
También fueron detenidos otros dos integrantes del Ejército mexicano, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, quienes se sumaban al capitán José Martínez Crespo, quien estaba preso desde 2020.
El 24 de septiembre en el periódico Reforma se publicó una columna de la periodista Peniley Ramírez en la que dio a conocer el informe de la Covaj sin testar, y reveló que sostenía que casi todo los estudiantes fueron asesinados, descuartizados y enterrados la misma noche el 26 de septiembre, y seis jóvenes permanecieron durante cuatro días en una bodega en Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala, porque según el informe, José Rodríguez Pérez ordenó su ejecución.
En esos mismos días se conoció que entre las 84 órdenes de aprehensión que un juez liberó estaban las de tres altos funcionarios del gobierno de Guerrero durante la administración de Ángel Aguirre Rivero por su presunta implicación con el grupo criminal Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: del procurador general de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, del ex secretario Seguridad Pública del Estado, Leonardo Octavio Vázquez Pérez y de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y otros dos empleados del poder Judicial.
Pero el 27 de septiembre el presidente López Obrador admitió en su conferencia matutina que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 órdenes de aprehensión del caso Ayotzinapa porque los presuntos involucrados no estaban en el informe de la Covaj.
Ante los cuestionamientos públicos que trajo esta cancelación de las detenciones, Encinas Rodríguez afirmó que había una intensa campaña desde las viejas estructuras del poder para desacreditar las nuevas líneas de investigación planteadas por la Covaj.
El hecho trastocó a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, porque el titular Omar Gómez Trejo renunció ese 27 de septiembre, señaló que un área ajena a esta unidad fue la que se desistió sin su autorización de 20 órdenes de aprehensión contra implicados en el caso Ayotzinapa.
El presidente de la República respondió el 30 de septiembre que desde la FGR se trató de dinamitar el proceso que se derivó en el informe de la Covaj para impedir la detención del ex procurador, Jesús Murillo Karam y de los militares implicados.
No obstante, el 31 de octubre en conferencia de prensa el GIEI descartó la autenticidad de las 467 capturas de pantalla de conversaciones, y en los que se basó la nueva versión del gobierno federal para incriminar a los responsables.
El grupo argumentó que las capturas no podían considerarse una prueba digital porque no fueron extraídas de forma directa de los dispositivos que presuntamente fueron utilizados, y uno de los expertos, Carlos Martín Beristain dijo que se puso en riesgo el acceso a la verdad y a la justicia al presentar este informe.
Días antes, Alejandro Encinas Rodríguez reveló en una entrevista al periódico estadounidense The New York Times, que no se confirmó la autenticidad de un alto porcentaje de las capturas de pantalla de conversaciones entre criminales y militares que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Ante el análisis del GIEI, Andrés Manuel López Obrador respondió que Alejandro Encinas tenía toda su confianza y que se tenían todos los elementos para sostener la investigación, que continuarían las averiguaciones y que se haría justicia.
El gobierno federal mantuvo su respaldo al informe y el 28 de octubre, el ex secretario de seguridad pública de Guerrero, Leonardo Fabio Vásquez Pérez fue detenido en Nayarit, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre 2014 y delincuencia organizada.
El GIEI y los abogados de los familiares de los 43 normalistas exigieron públicamente al gobierno federal que el Ejército entregue la información necesaria y determinante en la investigación del caso, pero López Obrador declaró que los militares sí brindan información relevante, y consieró que las exigencias correspondían a una campaña de desprestigio contra el Ejército y su gobierno.

En 2022 naufragó la verdad

En entrevista, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra consideró que en 2022 naufragó la verdad porque “se tenía una investigación grande, completa”, que explicaba cómo ocurrieron los hechos del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Vía telefónica precisó que se sabía qué actores intervinieron y daba cuenta de la confluencia de diversos actores estatales y no estatales, responsables de la desaparición de los 43.
Sin embargo, afirmó que el gobierno federal realizó una investigación en paralelo a través de la subsecretaría que encabeza Alejandro Encinas, que es incompleta y tiene inconsistencias, cuya columna vertebral son los chats que recibió de fuentes o testigos, y que como lo refirió el GIEI consideran endebles y no constituyen una prueba contundente que corrobore la hipótesis que dice tener el gobierno.
Rosales Sierra contó que la preocupación de las madres y padres de los 43 es que el gobierno de López Obrador con el informe de Alejandro Encinas construya una nueva verdad y constituya el cierre del caso Ayotzinapa, “por eso en reiteradas ocasiones el presidente de la República ha dicho que lo que esté en el informe es lo que tomarán en consideración para la investigación y lo que no está dentro del informe no cuenta”.
Reiteró que el Ejército mexicano aún no ha entregado información relevante de lo que pudo haber ocurrido, información que el GIEI verificó su existencia en el Centro Regional de Fusión de Información con sede en el Batallón 27 de Iguala, y que podría dar un giro distinto a las investigaciones, “pero hay una negativa” para entregarla.
Expuso que quedaron pendientes en 2022 las reactivaciones de 16 órdenes de aprehensión contra militares, y a la defensa le preocupa que signifique un pacto con el Ejército que busque castigar sólo a los cuatro militares detenidos, además a pesar del informe, falta conocer “dónde están los restos de los jóvenes estudiantes, cuál es el paradero, eso no lo tenemos hoy por hoy”.
El 2022 fue un año de una relación tensa y de mucha rispidez entre los familiares de los 43 y el presidente López Obrador, consideró el abogado de Tlachinollan.
Rosales Sierra manifestó que en la recta final del gobierno de López Obrador se está medrando el mecanismo para el conocimiento de la verdad del caso Ayotzinapa, porque se dio un manotazo a la Unidad Especial de Investigación y Litigación que encabezaba Omar Gómez Trejo, se violó la independencia de la FGR al retirar las órdenes de aprehensión, y se nombró unilateralmente a un fiscal especial sin tomar en cuenta a las madres y padres de los 43.
Afirmó que para este 2023 ven “un panorama gris, un horizonte desalentador en términos de esclarecimiento del caso Ayotzinapa, creemos que ya en este gobierno muy poco se va a poder hacer y lo que presentaron a través del informe es para ellos la salida”.
Añadió que las madres y los padres de los 43, y las organizaciones que los acompañan exigirán que la línea de investigación que toca al Ejército se siga impulsando, que se les investigue de manera exhaustiva porque no puede haber una instancia hermética que escape a los controles civiles, y si son responsables deben rendir cuentas ante autoridades civiles.