Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El aislamiento de la activista Kenia Hernández Montalván, en un pabellón de 29 celdas que fueron desalojadas para que permaneciera sola, en el penal federal 16, de Coatlán, Morelos, con el argumento de que “es una interna de alta peligrosidad”, es una prueba de que es presa política y no está detenida por cometer delito alguno, declaró ayer su abogado José Antonio Lara Duque.
Dijo que ya solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que pronto este organismo internacional se pronunciará para que se emitan las medidas cautelares ante la persecución y hostigamiento que está sufriendo por su activismo social.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, el abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Lara Duque, quien asume la defensa legal de Hernández Montalván, declaró que: “Desde nuestro punto de vista, hoy por hoy, Kenia es la presa política más relevante y de mayor trascendencia en este país”.
La dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero (Molpeg), fue detenida el 18 de octubre por el delito de robo con violencia por una denuncia que presentó el gobierno del Estado de México. Pero la noche del 25 de octubre, cuando el juez resolvió que enfrentaría su proceso en libertad, fue reaprendida sin que pisara la calle, esta vez por la causa penal 322/2020, girada por el Juez de Control federal del Centro de Justicia Penal Federal radicado en Guerrero.
En el expediente se le acusa de que el 29 de marzo participó en la toma de la caseta de la Autopista del Sol en La Venta, Acapulco, cuando reclamó la aparición del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Gonzalo Molina González, de quien se había denunciado su desaparición el 25 de marzo en la Ciudad de México.
El abogado dijo ayer que además de esta orden de aprehensión que se está cumpliendo, hay al menos otras tres denuncias penales de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y otras dos del fuero común del Estado de México en contra de la activista guerrerense.
En total tiene cuatro carpetas de investigación por presuntos delitos federales que se le integraron en Guerrero y dos del fuero común en el Estado de México.
“Es un hecho que la Fiscalía General de la República (FGR) está actuando de forma dolosa y sin apego a derecho para criminalizar a una defensora”, acusó el abogado Lara.
Explicó que el 25 de octubre a las 19:30 horas, la Fiscalía argumentó que “se le considera como una persona que pone en riesgo a la comunidad porque se manifiesta en los estados de México, Puebla, Morelos y sobre todo en Guerrero”.
Además cuestionó el trato que le están dando las autoridades: “Resulta sorprendente que en la sección femenil, un pabellón de 29 celdas haya sido totalmente desalojado para dejar en total aislamiento a Kenia. De tal manera que se encuentra físicamente bien, pero en total aislamiento, no tiene posibilidad de hablar con nadie, porque se le considera una interna de alta peligrosidad”.
Explicó que fue sacada del penal de Acapulco, donde fue trasladada inicialmente, a petición del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas para impedir que siguiera en Guerrero porque aquí peligra su vida, “pero sostenemos que si bien se tiene que salvaguardar la integridad de la defensora, también se tiene que salvaguardar su labor, y eso es lo que se le está coartando teniéndola en la cárcel”, acusó.
El abogado insistió que en la persecución política que sufre la dirigente Hernández Montalván hay una colusión de los gobiernos del Estado de México, de Guerrero y el Gobierno federal.
Explicó que el Gobierno federal está interviniendo a través de Capufe, que es la dependencia que ha presentado las denuncias, sin argumentos jurídicos.
Informó que pidió la intervención de la CIDH, organismo que se va a pronunciar al respecto en los próximos días, solicitando medidas cautelares, anunció.
Dijo que con esas medidas cautelares tiene que garantizarse no solamente su integridad física, sino su estado emocional porque la persecución y el aislamiento al que está sometida le están generando repercusiones emocionales y sicológicas.
“Es un hecho que Kenia está siendo objeto de una tortura emocional en el penal de máxima seguridad de Morelos por el aislamiento a la que la tienen sometida”, denunció.
Explicó que las causas de la persecución y el hostigamiento en contra de Kenia Hernández, es porque con sus acciones realiza reivindicaciones de índole social, como la defensa de presos políticos, de mujeres víctimas de violencia, de familiares de mujeres víctimas de feminicidio, “y esa agenda pública que ha venido sosteniendo ha incomodado a distintos sectores del poder en algunos estados y en el gobierno federal”.
Agregó que por eso su defensa no tiene recato en decir que en Kenia Hernández se pretende ejercer y ejemplificar como se castiga de manera ejemplar y simbolizar en ella la persecución a una persona defensora, “no es poca cosa tener cuatro carpetas federales y dos del fuero común y las seis son consecuencia de fabricación de delitos”, dijo.
Informó que para la audiencia del sábado, cuando se definirá su situación jurídica, solicitaron la presencia de los policías federales (ahora de la Guardia Nacional) que la denuncian y presentarán testigos de los hechos del 29 de marzo del 2019.
Anunció que las protestas se estarán intensificando el viernes y el sábado, cuando se definirá la situación jurídica de Kenia.