Familiares, integrantes de organizaciones sociales, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos marcharon para exigir justicia en el asesinato del activista Antonio Vivar Díaz, a dos años de su muerte que sucedió cuando policías federales y militares irrumpieron en la iglesia de El Tepeyac a sacar a sus compañeros retenidos por los vecinos.
Integrantes de organizaciones sociales denunciaron amenazas de muerte de transportistas del sitio de taxis Benito Juárez contra la familia de Antonio Vivar Díaz, les dijeron que “ya no le sigan si no se los va llevar la chingada”.
Las amenazas fueron después de concluir la marcha, dijeron en una conferencia en la casa de la familia Vivar Díaz los activistas Arnulfo Cerón, Antonio Solís León, Israel Jiménez e Hilario Villanueva.
Informaron que ellos harían las declaraciones por acuerdo con la familia, en lo que se tomaban medidas de seguridad.
Agregaron que cuando los familiares estaban frente al Ayuntamiento y se organizaban para regresar a su casa llegó un joven en una motoneta, los amenazó y culpó de que rompieron los vidrios a la caseta de taxis del sitio Juárez, cuando abordaron una camioneta del servicio mixto se paró delante de ella y luego los siguió.
Al agresor se sumaron otros que iban en motocicletas entre los que identificaron al líder del sitio Juárez, Eustaquio Castillo Alcaide, y los siguieron hasta la avenida Colegio Militar cerca de su casa, ahí se desviaron gritándoles “ya no le sigan si no se los va llevar la chingada”.
Integrantes del sitio Juárez y Señor del Nicho fueron parte del grupo de choque que en el 2015 desalojó a los integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) del Ayuntamiento, golpearon a los profesores y activistas que se manifestaban contra que se realizaran las elecciones el 5 de junio.

La marcha

La marcha inició a las 11 de la mañana del mercado Un Nuevo Horizonte para Guerrero al monumento a Emiliano Zapata, y de ahí al Ayuntamiento donde hubo un mitin que concluyó a las 3 de la tarde.
Frente al Ayuntamiento habló el hermano de Antonio, Avertano Vivar Díaz, quien dijo que a dos años del asesinato los familiares, su hijo y su esposa esperan justicia porque no se investiga nada, “hay mucho dolor en la familia”.
Luego habló el señor Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján uno de los estudiantes de Ayotzinapa desparecidos, quien pidió que no se olvidara el asesinato y se exigiera justicia, recordó que Toño se sumó a la lucha por la búsqueda de sus hijos.
Mencionó que las autoridades no dan respuesta a su exigencia de que presenten a sus hijos, y pretenden acabar con su movilización ofreciéndoles dinero o desacreditándolos.
Hubo alumnos de Ayotzinapa, integrantes de la Organización de Pueblos Independientes de Guerrero (OPIG), del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, quienes se sumaron a la exigencia de justicia.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que Antonio Vivar fue estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y que era parte de la juventud rebelde que se metió de lleno a la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
Al mitin llegó sin uniforme y con lentes oscuros el director de Protección Civil municipal, tomó fotografías de las pintas, luego se metió entre la gente y con su celular tomó fotografías a los que estaban al frente hablando, a los asistentes y se retiró.
Participaron en la manifestación estudiantes de la Normal Regional de la Montaña, comerciantes ambulantes y otros vecinos.

Denuncian que la PGR mantiene estancada la indagatoria

En un boletín Tlachinollan menciona que se cumplen dos años “de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz sin que hasta la fecha la investigación derivada por la misma y a cargo de la Procuraduría General de la República tenga avances significativos. Dicha dependencia, no sólo mantuvo estancada la indagatoria por más de un año, sino que ha invertido la carga de la prueba hacia los familiares, a quienes les han exigido que ofrezcan pruebas para acreditar que fueron policías federales los que dispararon en contra del joven ñuu savi, omitiendo con esto su obligación de investigar”.
Dice que aunque los familiares y abogados exigieron la agilización y ofrecieron pruebas la actitud de las autoridades sigue centrada en la criminalización de las víctimas, “con lo cual no sólo se sigue atrasando la investigación, dejando pendientes varias actuaciones para lograr establecer la identidad y responsabilidad de los policías federales involucrados”.
Contextualiza que derivado de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa varias organizaciones sociales protestaban contra las elecciones y el sistema político corrupto, “en Tlapa no fue la excepción, varios movimientos sociales protestaron en contra de las elecciones pues la llamada democracia no se consideraba presente en el Estado. En la jornada electoral la Policía Federal recorría las calles tratando de silenciar a los inconformes, con detenciones arbitrarias, golpes y torturando a más de una persona, es por ello que el pueblo vio preciso replegar a los efectivos en la capilla de El Tepeyac para evitar más actos en contra de la población. Posteriormente, los policías federales sin la más mínima provocación abrirían fuego impactando con precisión milimétrica el pecho del joven Antonio”.
De las investigaciones dice que el Ministerio Público que inició la investigación así como la PGR, “no sólo no se aseguró ni se recogieron adecuadamente los indicios de la escena del crimen, sino que se retardaron diligencias importantes para la investigación como la necropsia. Asimismo, no se hizo una debida búsqueda de testigos de los hechos ni se siguieron los protocolos para la cadena de custodia, por lo que muchos casquillos percutidos que recabó el Ministerio Público local ya no aparecieron con la procuraduría”.
“A más de dos años los nulos avances en las investigaciones contrastan con la rapidez inusitada con que se han establecido procesos contra luchadores sociales. Esta actuación evidencia una intención deliberada de mantener en la impunidad el caso y proteger a los responsables”, advierte.