La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) denunció que el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos interrumpió un taller de violencia de género y aplicación integral de la norma 046 de Violencia familiar, sexual y contra las mujeres para amenazar a los médicos asistentes de que cometerían una falta administrativa, e incluso penal si atienden esta garantía, de derecho al aborto.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Área de Violencia de Género indicó que el incidente ocurrió hace algunas semanas, y será llevado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim).
Vía telefónica indicó que desde hace 10 años coordina un observatorio de violencia de género, y fue invitada a un taller de médicos en Guerrero para informar de los datos de violencia sexual, los obstáculos que enfrentan las víctimas para recibir una atención integral, y hubo mucho receptibilidad de los profesionistas de la salud.
Afirmó que cuando llegó el secretario a dar un saludo a los médicos dijo contundente que la norma 046 no aplica en Guerrero mientras no haya una homologación con el Código Penal estatal, que señala condiciones para aplicar en el sector salud para la interrupción del embarazo.
Agregó que la posición generó incertidumbre entre todos los médicos y en lugar de escuchar los argumentos, el funcionario llamó al encargado del área jurídica a descalificar a las activistas. Ellos insistieron en que las modificaciones al Código ya habían sido enviadas al Congreso, y ahí debían resolver este conflicto de la interrupción legal del embarazo.
María de la Luz explicó que la norma establece que menores de 18 años violentadas sexualmente, deben ser atendidas de inmediato en los centros de salud. Ya no necesitan de una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar ayuda integral.
Planteó una mesa técnica para revisar por qué desde las reformas en materia de derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2011, los estados ya no pueden regir los códigos penales que son violatorios de los convenios y tratados internacionales
Aseguró que la ley que debe de prevalecer siempre es la más protectora de los derechos humanos, y “el secretario se enojó, cómo viene una mujer a corregirlo en su estado”.
Agregó que les preocupa que los médicos que mostraron voluntad de atender la norma ya no lo hagan por la presión de su jefe.
Lamentó que se haya podido usar a la organización para dar un taller en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, para decir que el gobierno del estado está capacitando a los funcionarios públicos, cuando en realidad les dicen que no atiendan una norma fundamental, “porque si lo hacen están incurriendo en una falta administrativa y hasta penal, eso es una amenaza”.
Recordó que en el contexto de violencia de Guerrero, si una mujer es violentada por la delincuencia organizada o la delincuencia común (fuera del ámbito familiar) difícilmente va a presentarse ante el Ministerio Público a hacer una denuncia.
Cuestionó, “qué hacen en Guerrero con los 9 millones de pesos destinado a la compra de profilácticos (antivirales) y anticoncepción de emergencia que sólo funciona en las primeras 24 horas del acto sexual”.