A casi año y medio de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) empezó esta semana a girar órdenes de presentación, en calidad de testigos, a policías inactivos y ex policías municipales de Iguala que formaban parte de la corporación hasta septiembre de 2014 cuando ocurrió el ataque a los estudiantes.
La SEIDO empezó a entregar las órdenes de presentación a los ex agentes así como a los que siguen en la nómina del Ayuntamiento, informaron policías y ex policías.
Los citatorios llegaron a las casas de algunos policías inactivos (que siguen en la nómina del Ayuntamiento), así como a otros que desde el 2015 renunciaron y fueron liquidados de la corporación en el periodo del alcalde interino Silviano Mendiola Pérez.
Un policía que renunció y fue liquidado dijo que a él y a algunos de sus ex compañeros les llegaron los citatorios para que de un día a otro se presentaran a declarar en la ciudad de México y les advierten que en caso de no presentarse se librará en contra de ellos una orden de captura por desacato.
Consideró que la medida de la oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) es una campaña de hostigamiento del gobierno federal, también en contra de efectivos que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 estuvieron inactivos.
Por separado, un policía inactivo pero que aún sigue en la nómina del Ayuntamiento, al igual que unos 85 de sus compañeros de los más de 300 que había en la corporación, confirmó que la SEIDO envía cada día un citatorio a diferentes compañeros suyos.
Dijo que esta medida de la PGR ha generado que los cerca de 85 policías inactivos que aún siguen en la nómina del Ayuntamiento, pero que realizan funciones en otras áreas del gobierno, ya no se quieran presentar a los pases de lista que les hacen periódicamente, ante el temor de que allí agentes de la PGR los detengan.
De los más de 300 efectivos que había en la nómina de Seguridad Pública, entre administrativos y agentes operativos, unos 50 están detenidos por el caso Ayotzinapa, 86 siguen dentro de la nómina del Ayuntamiento sin ser operativos y unos 165 aceptaron su liquidación y renunciaron a la corporación durante en interinato de Mendiola Pérez, aseguró la fuente.
Informó que mediante “engaños” para poder permanecer en la corporación al inicio de la administración estatal de Héctor Astudillo Flores, les pidieron la actualización de sus expedientes, donde muchos que habían cambiado de domicilio pusieron sus datos personales actualizados, que son los que la SEIDO utiliza para ubicarlos y hacerles llegar las notificaciones de presentación.
Agregó que el temor de los agentes, tanto de los que siguen en la nómina como los que renunciaron, es que al momento de presentarse a rendir su declaración sobre los ataques de septiembre de 2014 los quieran detener, por lo que algunos de los que han sido citados y se han presentado acuden con un abogado.
Reclamó que el gobierno municipal del priista Esteban Albarrán Mendoza se ha desentendido de ellos a pesar de ser sus empleados, y les han negado audiencia, así como asesoría legal.
Además de que les ha negado a través de su oficial Mayor “su incondicional”, Manuel Martínez Carreón, el cambio de área a los ex policías al calificarlos como personas “no confiables”.
El policía que accedió a hablar con El Sur dijo que los 86 que aún siguen dentro de la nómina del Ayuntamiento son capacitados y evaluados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal en programas como Policía de Primer Respondiente, habilidades y destrezas y de la licencia 110, que es para el uso de armas, a pesar de que no están activos, no andan uniformados ni portan armas tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.