José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local aprobó por unanimidad, con 31 votos, una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que dicha institución realice búsqueda de personas desaparecidas de manera inmediata, sin necesidad de alguna denuncia de por medio.
Se trata de una adición a la fracción XXXIV del artículo 11 de la Ley Orgánica de la FGE, que establece un fundamento legal al Ministerio Público (MP) para iniciar y coordinar de manera inmediata las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, sin condicionamiento de plazo alguno y con base en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La propuesta inicial fue de la diputada morenista Araceli Ocampo Manzanares, quien mencionó la necesidad de fortalecer el marco jurídico para garantizar la actuación eficaz de las autoridades ante la desaparición de personas, con enfoque humanitario y en apego a los derechos fundamentales de las víctimas y sus familias.
El dictamen fue fundamentado por la diputada Erika Lührs Cortés, integrante de la Comisión de Justicia, quien explicó que con dicha reforma se propone “la inmediatez con la que debe actuar la autoridad investigadora para realizar la búsqueda de personas desaparecidas una vez que se tenga conocimiento del hecho por cualquier medio y sin demora alguna”.
La Comisión de Justicia, aseguró que dicha reforma se hizo conforme a los principios establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Aprueban tipificar “pinchazos” en el Código Penal

Por unanimidad de 31 diputados se aprobó una reforma al Código Penal para añadir el Capítulo III, denominado De la administración no consentida de sustancias, para sancionar a quien “suministre, introduzca o aplique cualquier sustancia sin el consentimiento de la víctima”.
Con esta adición, que fue propuesta por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la diputada Araceli Ocampo Manzanares, “se busca cerrar un vacío legal y reconocer esta conducta como una forma grave de violencia que vulnera la autonomía, la dignidad y la integridad física y mental de las personas”, justifica el dictamen aprobado.
Las penas establecidas van de dos a cinco años de prisión y hasta el doble, cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores o con discapacidad, o cuando el delito ocurra en espacios públicos o con violencia física.
Sesión vacía

Las tres reformas aprobadas por el Congreso en la sesión de este martes, fueron con la votación de 31, de 46 diputados que conforman el pleno, y durante la sesión muchos diputados, pese a que pasaron lista al inicio, estuvieron ausentes en el desarrollo de la misma.
La mayoría de los priistas estuvieron solo al inicio, y después se retiraron. Al final de sesión sólo quedaron Pilar Vadillo Ruiz y Víctor Hugo Vega Hernández; de los morenistas el ausente fueron su coordinador Jesús Urióstegui García, y el presidente de la Comisión de Educación, Pánfilo Sánchez Almazán; mientras que del PVEM también se notaron las ausencias de su coordinador, Arturo Álvarez Angli, quien estaba de manera virtual, así como las diputadas Gladis Cortés Genchi y Obdulia Naranjo Cabrera.