Lourdes Chávez

En una reunión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno del estado se comprometió a atender a 123 familias en situación de desplazamiento forzado de Leonardo Bravo (Chichihualco( y de Zitlala, informó el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros.
En consulta telefónica, enfatizó que son casos que no fueron atendidos en administraciones anteriores.
Antes, con un boletín de prensa, se informó que en la reunión se establecieron acciones conjuntas con la CNDH y con las fuerzas de seguridad para generar condiciones de estabilidad y garantizar la atención integral a todas las personas desplazadas.
Indicó la asistencia de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), autoridades de Zitlala, y por la CNDH, la encargada de despacho de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, Cecilia Velasco Aguirre, la visitadora adjunta, Diana García, y el director de Seguimiento a Recomendaciones, Jesús Eduardo Villar Román.
En representación de las familias desplazadas, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y por el gobierno de Guerrero, Rodríguez Cisneros, quien puntualizó que se están retomando la atención de personas desplazadas que no resolvieron otras administraciones.
Destacó que en este gobierno el desplazamiento forzado se atiende de inmediato, a través de un protocolo, con el gobierno de México, para generar estabilidad en la zona, y luego, para el retorno casi inmediato, con garantías para realizar una vida normal.
“Hasta el día de hoy, estamos retornando a todas las personas que se ven afectadas por esta situación tan lamentable, que no debería de existir pero ahí está”.

Diálogo, Peñoles y transportistas

Sobre la suspensión del servicio de carga de transportistas a la minera Capela del grupo Peñoles, en Teloloapan, desde el 10 de agosto, informó que este viernes  hubo una reunión de acercamiento, y la primera semana de septiembre, habrá otra.
Puntualizó que el gobierno del estado sólo es facilitador en la mesa de diálogo, pero la situación es contractual, sólo competencia de las partes.
Rechazó que el paro del servicio  transporte de la mina, se deba a una quema de maquinaria el día 5 de agosto. Afirmó que sólo fue una manifestación para llamar la atención de la empresa para ser contratados.
Consideró que cada quién está en libertad de ejercer su actividad comercial y empresarial como mejor le favorezca, y llamó a llegar el acuerdo con las empresas para emplear la mano de obra local.