La delegada de la Secretaría de la Mujer (Semujer) en la región Costa Grande, Rosa Elena Raya Álvarez dio a conocer que en Zihuatanejo atienden diariamente a 10 mujeres violentadas física, económica o psicológicamente, y que no funcionan los cursos de concientización y sensibilización del gobierno del estado a servidores públicos, pues no son empáticos con las víctimas; “además de que las agrede el esposo, también las agreden los malos servidores públicos”, indicó.
Trabajadores de la delegación de la Semujer llevaron a cabo una campaña de concientización en la plaza Libertad de Expresión, en el centro de este puerto; ahí, Raya Álvarez habló de los tipos de violencia que sufren las mujeres que han sido atendidas por esa delegación.
A pregunta expresa, indicó que para disminuir o erradicar la violencia contra las mujeres, ellas se deben de empoderar, “y se necesita sensibilizar también a los funcionarios públicos… es muy cierto que la Secretaría de la Mujer, Derechos Humanos…, por instrucciones del gobernador tenemos muchas capacitaciones, todas las dependencias tenemos capacitaciones en equidad de género y para erradicar la violencia, todas van sustentadas en erradicar la violencia”.
Acusó que a muchos funcionarios públicos “nos entra por un oído y nos sale por otro”, ya que acuden a las capacitaciones a pasar lista, “pero cuando llegamos a donde vamos a aplicar, me convierto en una persona insensible”.
Indicó que en las agencias del Ministerio Público han tenido casos de mujeres violentadas por no querer tener relaciones sexuales con sus esposos, “ella dice ‘oiga, es que yo no quise tener relaciones con mi esposo, y me golpeó’, y contesta el funcionario público ‘ay mamacita, pues por eso te pegó, es que debiste de haber hecho caso, es que no ves que para eso se casan las mujeres’, pero esto se da donde quiera (…) qué tenemos que hacer, que nos nazca a nosotros, los servidores públicos, el querer apoyar a las mujeres, que nos duela la mujer… que ese funcionario se ponga en los zapatos de la mujer violentada y aplique la ley”.
Acusó que para no meterse en problemas, por pereza o simplemente porque son misóginos, los funcionarios ponen trabas, piden a mujeres violentadas cumplir varios requisitos, pese a que han tenido que salir de prisa de su casa para salvar su vida.