Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades y pueblos de comunidades del municipio de Ayutla y de la Montaña, así como el Consejo Indígena y Popular de Guerrero -Emiliano Zapata (Cipog-EZ), exigieron justicia y condenaron el asesinato de los dos funcionarios del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla la tarde noche del martes.
Tomás Augusto Lozano Analco y Francisco Bonilla, coordinador de la Comisión de Obras y contador público, respectivamente, fueron asesinados a las 7 de la noche del martes, en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, cerca del puente Omitlán, en el municipio de Juan R. Escudero.
“Exigimos justicia para las víctimas”, pidieron en un comunicado la mañana de ayer autoridades municipales, ejidales y comunales de 85 pueblos y comunidades del municipio de Ayutla, de la montaña y Costa Chica del estado, así como el Cipog-EZ, que condenaron el asesinato de los dos funcionarios municipales.
En su documento responsabilizan al grupo delictivo de Los Ardillos y señalan directamente a Daniel Rosas Martínez, “quien se autonombra coordinador de comisarios de la zona rural de Acapulco, Tecoanapa y Tierra Colorada”, refieren en su escrito.
Asimismo, responsabilizan a los tres órdenes de gobierno “por permitir la expansión de esta organización criminal” y señalan que el Estado mexicano “ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos de ese grupo delictivo, “mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados”.
Las autoridades comunitarias y el Cipog-EZ piden a las autoridades desarticular a las organizaciones criminales, “que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación y que se sancione a los responsables de estos crímenes”.
En su postura, convocan al pueblo en general “a una movilización urgente para defender la vida, nuestros pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria”.
En su escrito, denuncian “la complicidad directa de autoridades locales con Los Ardillos, como el director de la policía de Juan R. Escudero, César Ramírez, al igual que el presidente municipal, Óscar Sánchez Luna”.
Dicen que la expansión territorial de Los Ardillos, así como su control de municipios y carreteras, “ocurre con el permiso y la complicidad del Estado frente a los ojos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, los criminales se mueven libremente, instalan retenes, bloquean carreteras y asesinan y desaparecen personas a plena luz del día, con total impunidad”.
Denuncian que en lugar de desarticular a Los Ardillos, funcionarios del gobierno federal y estatal “se sientan con ellos públicamente para negociar y ceden a sus demandas de criminalizar a quienes defendemos la vida”.
En su recuento, refieren que el grupo delictivo es responsable del asesinato de 70 integrantes del Cipog-EZ, la desaparición de 25 más, así como el asesinato de los 13 policías ciudadanos de El Cortijo, “todos estos crímenes que siguen impunes”.
Agregan, además, que el mismo grupo delictivo ha asesinado, torturado y desaparecido a menores de edad, campesinos, comerciantes, ganaderos, transportistas, políticos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres.
“En los últimos días, también han lanzado ataques violentos con drones contra las comunidades de El Charco, Tlayolapa y Ochoapa, donde los pueblos se organizan para defender su territorio frente a la violencia narco-paramilitar”.
Indican que esta ola de violencia no es nueva, “forma parte de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de Guerrero, y que se ha intensificado en los últimos 25 años”.
“Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por permitir la expansión de esta organización criminal. El Estado mexicano ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos, mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados”, denuncian.
Concluyen que el Estado mexicano sigue haciendo caso omiso, desprecia “y discrimina a nuestros pueblos indígenas, violando nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra forma de vida comunitaria, mientras protege a los criminales que nos matan”.
Exigen justicia para todas las víctimas y la desarticulación de las organizaciones criminales, “que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación que sancione a los responsables de estos crímenes”.
Finalmente convocan al pueblo en general “a una movilización urgente para defender a la vida, nuestros pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria”.