Representantes de organismos que integraron la misión civil de observación que visitó en septiembre del año pasado comunidades del municipio de Chilapa, calificaron de “indolentes” y “omisos” a los gobiernos estatal y federal para atender “la grave crisis” de violencia e inseguridad en Guerrero, y particularmente en Chilapa, que se traduce en ejecuciones, desplazamientos masivos y desapariciones.
En conferencia de prensa en Chilpancingo las organizaciones no gubernamentales (ONG) participantes en esta misión civil integrada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), y el grupo Tequio denunciaron que la violencia se ha agudizado sobre todo en Chilapa, a la que citando cifras oficiales ubicaron como la región “más peligrosa del mundo”.
Los representantes de las organizaciones denunciaron que a siete meses de que visitaron comunidades del municipio de Chilapa y elaboraron un diagnóstico de la grave situación de violencia que se vive allá, no han tenido respuesta a su petición de audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para conocer de manera directa las estrategias de su gobierno en el combate a la violencia y la inseguridad.

Crece la violación a los derechos humanos y el riesgo de los defensores de esa zona, advierten

Los representantes de los citados organismos visitaron el 19 de septiembre del año pasado la cabecera municipal de Chilapa, así como las comunidades de Ahuiyuco, Tepozcuautla y Tetitlán de la Lima, en donde constataron la grave situación de violencia que se refleja en los asesinatos, desplazamientos masivos y las desapariciones.
Siete meses después el director de la Red TDT, Fernando Ríos declaró que la situación se ha agravado y que en los representantes de los organismos que integraron la misión civil existe preocupación por las condiciones que viven los ciudadanos de esa ciudad, porque a la par de la violencia crece también la violación a los derechos humanos y el riesgo de los defensores que se desenvuelven en la zona.
Asimismo la mayoría de los representantes coincidieron en que la atención de los gobiernos federal y estatal para frenar los hechos delictivos no sólo ha sido “insuficiente”, sino que son “indolentes” y “omisos”.
El director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández dijo que después del recorrido de la misión civil en Chilapa solicitaron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, pero que se suspendió por el sismo que ocurrió ese día, y entendieron que el gobernador debía dar prioridad a los daños.
Dijo que después aceptaron una reunión con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, pero no para hablar de la violencia, sino para decirle que por la gravedad del problema necesitaban reunirse directamente con el gobernador, pero han pasado siete meses y todavía no les han autorizado esa audiencia.
Olivares declaró que es evidente que en Guerrero hace falta diseñar una estrategia que atienda no solamente la violencia, sino los problemas de corrupción y de impunidad, porque consideró que la violencia no se va a resolver solamente con el uso de la fuerza y las armas.
Informó que en Chilapa la violencia se recrudeció en 2013 y que tuvo un crecimiento todavía más “alarmante” del 9 al 14 de mayo del 2015, cuando entró a la cabecera municipal un de civiles armados que ahora se hace llamar Comunitarios por la Paz y Justicia, quienes cometieron más de 30 desapariciones de las cuales se presentaron 16 denuncias.
Denunció que estas desapariciones se cometieron en una ciudad sitiada por militares, policías federales y estatales, quienes “convivieron” con los integrantes de ese grupo armado.
El defensor de derechos humanos recordó que a raíz de esos hechos Chilapa atrajo la atención, y que los gobiernos estatal y federal han puesto en marcha muchas operaciones que comenzaron en enero de 2016, en una ceremonia encabezada por el gabinete de seguridad federal.
Además fueron a esa ciudad el Primer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez en 2016, y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst en 2017. También refirió que a finales de 2017 la relatora en materia de Asuntos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz recibió un informe de la grave situación de violencia en la zona.

Mientras más militares y policías, hay más asesinatos, desplazados y desaparecidos, informa

“Para nosotros es preocupante que a pesar de todas estas visitas de gente de alto nivel la violencia no haya sido parada, y que el gobierno le siga apostando al uso de la fuerza a pesar de que se ha visto que a mayor número de militares y policías, es también mayor el número de asesinatos, desplazados y desaparecidos”, se quejó Manuel Olivares Hernández.
Informó que de enero a febrero de este año ese organismo registró en Chilapa 74 víctimas de violencia, 43 fueron asesinatos, nueve heridos, nueve secuestrados y tres desaparecidos.
Informó que del total 12 fueron mujeres, aunque no citó qué tipo de delito sufrieron. Agregó que de marzo a lo que va de abril han contabilizado 18 víctimas, sin especificar la clasificación de los delitos.
Dijo que eso indica que la estrategia de militarizar de la región y el estado no tiene el objetivo de frenar la violencia, sino el control social.
Por su parte el director de la Red TDT, Fernando Ríos, que aglutina a 84 organizaciones del país, dijo que la tasa de homicidios del 2017 evidencia un crecimiento importante de la violencia en ese municipio.
Afirmó que la información oficial es que de las 20 ciudades con más homicidios dolosos del país, tres son de Guerrero. Acapulco con 834, Chilpancingo con 260 y Chilapa con 177.
Informó que a nivel nacional la tasa es entre 14 y 17 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, pero que en Acapulco son 102 por cada 100 mil, en Chilpancingo 95 y en Chilapa 136, “esto implica que en esta ciudad se multiplican por mucho los homicidios dolosos a nivel nacional y muestra la epidemia de homicidios dolosos, desplazamientos, desapariciones y agresiones a personas defensoras”.
A su vez Sandra Ferrer Alarcón de Tlachinollan, dijo que en el contexto de la violencia un problema grave son las desapariciones de personas, de las que no hay cifras oficiales. Explicó que el Registro Nacional de Datos tiene solamente cifras de las denuncias presentadas, pero que no son las totales.
Agregó que en lo que va del año en el estado hay 322 personas desaparecidas denunciadas en el fuero federal, y mil 439 del fuero común.
Añadió que los organismos civiles de derechos humanos y colectivos de Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Acapulco tienen un aproximado de mil 500 personas desaparecidas, y que tampoco es una cifra real porque se trata sólo de las personas que llegan a sus oficinas y a las que acompañan, precisó que entre las cifras oficiales y las de los organismos suman más de 3 mil sólo en lo que va de este 2018.
Denunció que la situación es grave debido a la “indolencia” de las autoridades al no realizar una investigación efectiva en los momentos precisos, en este caso en las primeras 72 horas en las que se deben hacer todos los esfuerzos para localizar a las personas.
Sandra exigió al gobernador Héctor Astudillo que “realmente lleve a cabo estrategias efectivas para atender la problemática de desaparición forzada”, pero dijo que hasta ayer ni si quiera había escuchado los reclamos de la sociedad civil.
La representante de Tlachinollan añadió que los gobiernos federal y estatal no cumplen con lo que establece la Ley de Desaparición de Personas.
En tanto Raymundo Díaz Taboada del CCTI denunció que en su visita a las tres comunidades de Chilapa registraron 530 familias desplazadas “y pudimos ver casas abandonadas, centros de salud y escuelas cerradas”.
Agregó que siete meses después si bien la mayoría han regresado fue por una cuestión voluntaria y no de manera organizada ni con garantías de seguridad del gobierno.
Aclaró que esas comunidades son solamente un ejemplo de la misma situación que se vive no sólo en el municipio de Chilapa, sino en todo el estado, y que de la mayoría no existe un registro porque no hay garantías para los defensores y realizar un trabajo en campo, “no podemos estar seguros de que quien va a entrar (a las comunidades) va a salir en condiciones de integridad”.
Se quejó del nivel de agresividad de los grupos criminales y de la presencia policiaca y militar que provoca temor entre los ciudadanos.
“Hemos normalizado la violencia y esta violencia ha silenciado el desplazamiento interno de poblaciones enteras, pero también desplazamiento hormiga que es cuando se va un miembro de la familia que ha sido amenazado o extorsionado”, expuso.
Denunció que tampoco en este caso las víctimas han sido atendidas con la visión de la Ley de Desplazamiento Interno.

No hay contrapesos a la crisis de derechos humanos, ni del gobierno ni de la UAG, sólo el obispo Salvador Rangel

Fernando Ríos añadió que lo grave de esta situación es que en Guerrero no hay contrapesos a la grave crisis de derechos humanos que se vive, “y si no se acepta y no se diagnóstica permaneceremos en ella”.
Añadió que estos contrapesos cuando menos no se ven de parte de los tres poderes y ni si quiera de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Informó que el único contrapeso que se ve es el del obispo Salvador Rangel “que con su criterio ético ha buscado tener otras estrategias que no son únicas en este país y que se han utilizado por ejemplo en Colombia, pero que ha sido descalificado, censurado e intimidado, por lo que destacó que los organismos civiles valoran su presencia y su trabajo.
Para el defensor de derechos humanos, del gobernador no ha sido suficiente su trabajo, y a nivel internacional se ha ventilado su falta de seriedad en el trato a la crisis de derechos humanos, citó por ejemplo que el 17 de enero del 2018, 35 europarlamentarios representantes de 12 países de la Unión Europea manifestaron su preocupación por lo que sucede en Guerrero y calificaron a la región de Chilapa como una de las más peligrosas del mundo, y donde más se violan derechos humanos, “por eso es nuestra preocupación”, insistió.
Los organismos recomendaron siete acciones que consisten en el fortalecimiento de las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y de la sociedad civil, y diseñar un plan general de diálogo y colaboración entre la Secretaría de Seguridad del estado, la Policía Municipal y la comunidad, que integre planes específicos adaptados a las particularidades delictivas y de seguridad pública de Chilapa.