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Martes 21 de Mayo de 2024

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Cierran los padres de los 43 la PGR; exigen una reunión con el procurador y con Osorio Chong

Marcharon del plantón al antimonumento en la CDMX. Impedirán el paso y las labores en el edificio hasta que se investiguen las líneas planteadas por el GIEI, advierten. Informa la Procuraduría que ordenó vuelos de rastreo en una superficie de 60 kilómetros cuadrados en la zona de Iguala, en busca de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Falta detener a siete personas más relacionadas directamente con la desaparición de los jóvenes, afirma

Alina Navarrete Fernández / agencias Reforma / ProcesoChilpancingo / Ciudad de México

Mayo 09, 2017

Padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cerraron la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, para exigir una mesa de diálogo con el procurador Raúl Cervantes Andrade y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra dijo que desde las 7:15 de la mañana los padres y manifestantes que desde hace 19 días mantienen un plantón frente a la PGR, cerraron los accesos y clausuraron de manera simbólica las instalaciones, para exigir que las autoridades le den seguimiento a las líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los pasados días de protesta fue cerrada la entrada principal, pero los funcionarios de la PGR podían ingresar a trabajar por accesos aledaños, este lunes sólo se veían guardias al interior del inmueble.
En declaraciones telefónicas, Rosales Sierra dijo que la PGR continuará cerrada hasta que las autoridades respondan a las demandas de los manifestantes.
A las 7:30 de la noche el gobierno federal propuso que la reunión fuera con el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal y el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, pero no se llegó a un acuerdo.
En conferencia de prensa a las 10 de la mañana, la madre del normalista desaparecido César González Hernández, Hilda Hernández Rivera exigió que el gobierno federal investigue el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación del Ejército, de la Policía Federal y de la Policía Municipal de Huitzuco en los ataques, además de la actividad de los teléfonos celulares de los estudiantes y de los detenidos por el caso.
Rosales Sierra dijo que tras la conferencia de prensa los padres marcharon acompañados de unos 300 manifestantes desde el plantón frente a la PGR al antimonumento a los 43 ubicado en la avenida Reforma, donde se llevó a cabo un mitin para exigir que las autoridades resuelvan el caso, pues no puede quedar impune.
En su plantón, los padres tienen costales y cajas de papas, cebollas, nopales, hierbas de olor y demás verduras.
También tienen leña para hacer fogatas y usan la reja de la PGR como tendedero de ropa.
Duermen en casas de campaña o en colchonetas sobre un templete de madera en la carpa principal, y cuentan con más de 10 sanitarios móviles.
El bloqueo lo mantienen en las tres entradas del edificio: la principal, sobre Reforma; la del estacionamiento en Río Guadiana, y la de un acceso lateral en Río Neva.
Cientos de empleados no han podido entrar a las instalaciones, por lo que esperan en las inmediaciones a espera de órdenes de sus superiores.

Denuncian agresión a un padre

En la página oficial en Facebook Padres y madres de Ayotzinapa, se denunció que durante el bloqueo de los accesos a la PGR, cerca de las 3 de la tarde un presunto trabajador del gobierno federal intentó entrar por la fuerza a las instalaciones y agredió a Bernardo Campos Santos, padre del normalista desaparecido José Ángel Campos Cantor, quien es diabético y resultó lesionado en la rodilla izquierda.
“En repetidas ocasiones hemos afirmado que nos han quitado tanto que hasta el miedo nos lo han arrebatado. Uno de nosotros fue objeto de una agresión el día de hoy. Una persona (probable representante de la Ley) intentó entrar por la fuerza al edificio de la PGR y en su violenta intentona jalonea a Don Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, ¡este padre es diabético! Nos faltan 43”, fue el mensaje con el que difundieron fotografías de la lesión de José Ángel Campos.

Tiene un cronograma; en noviembre tendrá resultados de la investigación, dice la PGR

La PGR informó que existe un cronograma elaborado para tener resultados de la investigación en seis meses, es decir, hasta noviembre.
Ordenó realizar vuelos de rastreo con tecnología de última generación en una superficie de 60 kilómetros cuadrados en la zona de Iguala, en busca de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y el fiscal especial del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, dieron a conocer que estos vuelos continuarán con el uso de tecnología LiDar, un radar que obtiene imágenes tridimensionales y térmicas.
“En esta ocasión los propios padres pidieron que el área de aplicación del LiDar sea ahora mucho más extensa en una zona de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Esto, con independencia de los costos que pudiera tener, el señor procurador lo aprobó de inmediato”, dijo Higuera.
Comentó en conferencia de prensa que desde que la PGR comenzó a utilizar esta tecnología se ha sobrevolado un área de un kilómetro cuadrado, en la que cual encontraron 100 lugares que debían ser sujetos a una revisión de campo.
Después de una inspección del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los representantes de los padres de los normalistas, dijo, no se localizó ningún dato relevante para las investigaciones ministeriales.
Herrerías informó que a más tardar en noviembre próximo la PGR dará cumplimiento a nueve puntos y recomendaciones de líneas de investigación solicitados por organismos internacionales y los padres de los estudiantes.
Se trata de los puntos recomendados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En un mensaje leído a la prensa, Sara Irene Herrerías informó que el 20 de abril se realizó una reunión con representantes de los padres, el Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y el procurador Raúl Cervantes, en la que les ofrecieron seguir con “todas las líneas de investigación” y presentar un cronograma sobre los puntos que el mecanismo de la CIDH planteó como prioritarios.
La funcionaria agregó que al día siguiente, la dependencia presentó a la CIDH un cronograma con nueve puntos para ir cumpliendo de ahora hasta noviembre.
No obstante recordó que a esa reunión no asistieron los padres de los 43 “por lo que había pasado en la audiencia entre la CIDH, en donde ellos lo consideraron como un rompimiento y nosotros reiteramos en que como PGR teníamos abiertas todas las líneas de investigación”.
Por otra parte, informó que aún faltan por detener a siete personas más relacionadas directamente con la desaparición de los estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Sabemos, comprendemos y tenemos empatía y lo sabemos el dolor de los padres y queremos darle una respuesta a ellos. En este sentido sabemos que lo más importante es la investigación y nos hemos concentrado en eso en este tiempo”, argumentó.
Luego aseguró que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, “está en la mejor disposición de reunirse con ellos dentro de este marco de la Comisión Interamericana, que sería a finales del mes de mayo, cuando toca la siguiente reunión”.

Descarta que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados

Para verificar si hubo tortura el fiscal Alfredo Higuera dijo que la PGR ha practicado el Protocolo de Estambul a todos los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas, con o sin denuncia de por medio, y hasta ahora sólo ha habido conclusiones en ocho casos.
De ellos, en seis los resultados fueron negativos y en dos hubo datos de tortura contra los detenidos, y en esos casos, los procesados decidieron no continuar la denuncia ante la PGR.
Descartó que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados o el desechamiento del expediente en los tribunales, ya que en caso de comprobarse sólo se anulan las declaraciones de quienes sufrieron los malos tratos.
“Todo eso tendrá las implicaciones y derivaciones que en cada caso concreto corresponda, la consecuencia natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad de esa declaración, no necesariamente que deje sin efecto el conjunto de actuaciones o elementos de prueba que haya en un caso”, aseveró.