La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero condenó la represión de las policías contra los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, cuando iban rumbo a Cancún, y amenazaron con armas el autobús en el que viajaban.
Además informaron que desconocen el motivo pero que las 12 órdenes de aprehensión que había contra ellos por la toma de las instalaciones de Prospera en enero, se cancelaron.
En conferencia de prensa ayer en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), condenaron al Estado por la represión que sufrió la caravana que encabezan los padres y las madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Nicolás Chávez Adame expuso que el Estado mexicano presiona, persigue y encarcela a los luchadores sociales para callar sus voces, y lamentó la represión en Nochixtlán, Oaxaca, a un año de los acontecimientos.
Además condenó el ataque a balazos que sufrió el dirigente del Frente Amplio de la Sociedad Igualteca y de Organizaciones Sociales (FASIOS), Jorge Rubén Popoca Salgado.
Al respecto dijo “que son señales de que el Estado no va a permitir ninguna protesta, pero la lucha social está planteando un proceso de articulación, hoy platicamos con el compañero Vidulfo (Rosales Sierra) para iniciar una jornada de lucha conjunta y sobre todo reivindicar los tres ejes, la exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas, el castigo a los culpables de los hechos de Iguala y la apoyo incondicional a los padres de familia, de ahí compañeros que también condenamos los hechos que pasaron en (San Pedro) Cacahuatepec donde perdieron la vida niños inocentes de 11 meses”, dijo respecto de los ataques de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

El alcalde de Iguala lleva la misma línea que José Luis Abarca

Chávez Adame consideró que el alcalde de Iguala, el priista Herón Delgado lleva la misma línea criminal que el ex alcalde José Luis Abarca, este último preso y señalado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además indicó que en su caso y en el de su compañero Simón Tavira hay una ruptura con el Estado y que les preocupa, porque interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) pero no ha surtido efecto.
Dijo que hay alarma en todos los luchadores sociales, así como también hay organizaciones con las que el estado tiene una relación de alianza, pero a quienes tienen una posición radical, les “están tendiendo una mano dura”.
Chávez Adame abundó que si no es el encarcelamiento es la persecución, el hostigamiento y la ejecución.
“El gobierno federal tiene la línea de no permitir ninguna manifestación que los esté evidenciando, que hay una mano oscura negra que ha asesinado y que sigue reprimiendo la lucha… los gobiernos se pueden pelear públicamente, políticamente, pero es la misma familia de espionaje sigue operando y creo que todos los teléfonos de dirigentes, llámese de todos los sectores, periodistas, estamos bajo la lupa del seguimiento”, expuso ante la denuncia que hicieron periodistas de que han sido blanco de espionaje del gobierno mexicano.

De las órdenes de aprehensión

En enero durante 15 días integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos siete trabajadores despedidos de Prospera, cerraron la delegación y fueron desalojados por policías estatales antimotines.
Después se enteraron que se giraron órdenes de aprehensión a los siete despedidos y al resto de integrantes de la organización.
Al respecto, Chávez Adame informó que “no sé por qué razones el gobierno federal, en la orden de aprehensión que se tenía de Prospera ya no prosperó, los abogados dieron elementos que no había amparo, queda sin efecto”.
Por otro lado informo que el indígena nahua Patricio Margarito recobró su libertad, sin precisar la fecha, después de haber sido acusado por el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame de despojarlo de su terreno.
Añadió que está buscando a su hija, Josefina Margarito para que dé más detalles al respecto, pues dijo que supo que se dio bajo los condicionamientos del estado, que fue una negociación cerrada, finalmente la familia se tuvo que salir de su vivienda y tienen temor de dar declaraciones a la prensa.