Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Un juez de Control de Almoloya de Juárez dictó sentencia por 10 años de prisión a la activista de Guerrero, Kenia Hernández Montalbán, por el presunto delito de robo con violencia.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara, quien lleva su defensa dijo que se trata de una sentencia que no se ajusta a derecho, sino que se dictó “por motivos políticos y para criminalizar la lucha social”.
La dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive fue detenida el 18 de octubre de 2020 en la caseta de cobro de Amozoc, Estado de México y trasladada al penal federal de Almoloya de Juárez, pero cinco días después fue cambiada al Centro Femenil Federal de Morelos, donde cumple su condena.
De los miembros de la agrupación que fueron detenidos, sólo Hernández Montalbán sigue presa, otros tres jóvenes detenidos el mismo día con ella, fueron liberados al día siguiente por ser menores de edad.
El abogado que lleva la causa penal 167/2021, por el delito de robo agravado, informó que la activista tiene otras cinco causas penales que aún no se han resuelto.
Insistió que la sentencia de 10 años que dictó el juez el domingo pasado contra Kenia no se ajusta a derecho; “es una decisión política que viene desde las más altas esferas del gobierno federal y de las empresas concesionarias de las autopistas privadas de México”.
Denunció que quien encabeza la incidencia en contra de la libertad de Kenia es la empresa OHL Aliática, que tiene autopistas particulares en el Estado de México y que por eso se explica que las primeras detenciones de Kenia fueron en esa entidad.
Anunció que la defensa va a impugnar la resolución como en derecho procede a través de una apelación. “Sin embargo, tenemos que subrayar que lo que está pasando con Kenia, no es otra cosa que una decisión política que evidentemente sólo puede cambiar con la movilización y la denuncia pública para que esa decisión cambie y se libere a Kenia”.
Dijo que, afortunadamente, se ha logrado ampliar la denuncia pública en contra de la persecución y criminalización contra Kenia Hernández y que se han sumado no sólo senadores, sino organizaciones internacionales que han engrosado la participación de la exigencia por la libertad de Kenia.
Explicó que el único argumento que esgrimió el juez al dictar sentencia contra Kenia fue que estuvo presente en la protesta, “y como estuvo presente, si bien no hay pruebas que acrediten que robó, deduce que estar presente hace posible que haya robado”.
Insistió: “Evidentemente eso es violatorio del debido proceso y de la debida valoración de la prueba, porque concretamente se están basando en la presencia de Kenia en el acto de la protesta en la caseta de Amozoc, Estado de México”.