Beatriz García

Chilpancingo

El preso político Gonzalo Molina González informó que el policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Samuel Ramírez Gálvez recientemente fue condenado a cuatro años y 100 días de prisión, por portación de arma exclusiva del Ejército, y que con eso queda comprobado que el gobierno del estado y el poder Judicial no respetan las leyes que amparan a esa organización.
En un audio difundido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, el promotor de la Casa de Justicia Mi Patria es Primero de Tixtla, recluido en el penal de Chilpancingo, indica que su compañero Samuel Ramírez, policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, minicipio de Metlatónoc, el juez Séptimo de Distrito del trigésimo primer circuito con residencia en Chilpancingo, lo sentenció a cuatro años 100 días por portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
Agregó que queda demostrado que los gobiernos, así como el poder judicial, no respetan las leyes que amparan a la CRAC-PC, que es una institución que las comunidades indígenas eligieron y está reconocida por la Constitución del estado.
“Ante la falta de una defensa eficaz que encontrara en nuestro caso que no hay delito qué perseguir, ya que pertenecemos a una institución reconocida y amparada en las leyes, hemos decidido llevar nosotros mismos nuestra defensa jurídica. Por lo que le pido a todos ustedes nos apoyen, ya que seguiremos dando la lucha jurídica así como la lucha política, porque no puede ser que nos estén juzgando sin hacer caso a los documentos que amparan el trabajo como policías comunitarios. Les pido que estén pendientes ya que seguiremos dando información”, escribe el preso político.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en su cuenta de Facebook expresó que Samuel Ramírez es el único que fue consignado y que continúa encarcelado, y que el 2 de junio recibió la notificación de que su sentencia no fue absolutoria, y le dan una condena.
Agrega que sus abogados le recomiendan que acepte la sentencia y salga bajo fianza, pero eso implicaría aceptar una culpabilidad que no existe, y que avalaría el desconocimiento del gobierno a la Ley 701.