Organismos de derechos humanos que integraron la misión de observación que visitó pueblos de Chilapa los días 19 y 20 de septiembre, condenaron el asesinato de Lázaro y Germán Sánchez Reyes, medios hermanos de Miguel Sánchez Mateos quien está desaparecido desde el 3l de diciembre de 2014, caso al que le da seguimiento el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y fue uno de los documentados por las organizaciones.
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Tlachinollan, el Centro Morelos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad calificaron como “inaceptable” el recrudecimiento de la violencia en Chilapa, y expresaron que es “impostergable” una reunión con el gobernador, Héctor Astudillo Flores.
El pronunciamiento es tras el asesinato de los hermanos Lázaro y Germán Sánchez Reyes, de 19 y 20 años, ocurrido el jueves en Chilapa. Eran medios hermanos del me’ phaa Miguel Sánchez Mateos, originario de San Lucas Teocuitlapa, municipio de Atlixtac, quien tenía 24 años cuando desapareció el 12 de diciembre de 2014 después de que salió de su trabajo como albañil.
“Los integrantes de la misión de observación condenamos los homicidios de los hermanos Lázaro y Germán Sánchez Reyes acaecidos la noche del 28 de septiembre en un espacio público de Chilapa”, dice el pronunciamiento de los organismos.
Agregan que estos hechos resultan “terriblemente” emblemáticos de una situación que fue documentada por esta misión de observación los días 19 y 20 de septiembre de este año mediante diversos testimonios.
“Grave resulta el hecho de que ambos jóvenes hayan sido asesinados con el uso de armas punzocortantes y armas de fuego de alto calibre (según refieren los testimonios que nos han sido allegados al respecto), pero el hecho de que esto haya ocurrido en un sitio público frecuentado por las personas jóvenes de Chilapa como son las canchas deportivas, lo convierte en un mensaje amenazante para toda la población y envía un preocupante mensaje sobre la inacción del Estado en dicha ciudad”, dicen los representantes de los organismos.
Reiteran su preocupación por la integridad de los habitantes de la región y en especial de los colectivos de defensa de derechos humanos que trabajan en la zona.
“Conscientes del carácter multifactorial que configura este estado de cosas, reiteramos nuestra disposición para reagendar a la brevedad posible la reunión pospuesta con el gobernador, para conocer de primera mano su diagnóstico y estrategia para afrontar esta grave crisis de derechos humanos que afecta también a la gobernabilidad democrática del estado de Guerrero”, dice el escrito.
Al respecto consideran que “la orientación básica de todo funcionario público debe sujetarse al artículo Primero de la constitución que dice que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Añaden que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
“Informaremos a los medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales sobre las siguientes acciones de esta misión para favorecer la situación en la región y apoyar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero”, adelantan.
Agregan que la “naturaleza intimidante” de estos sucesos “es concordante con la información que distintos medios y fuentes reiteran sobre la suspensión indefinida del transporte público entre Chilpancingo y Chilapa, lo que afecta también a diversas comunidades aledañas a esta última ciudad”.
En este contexto cuestionan que “es absolutamente inaceptable que esta suspensión tenga su origen en la proliferación reciente de ataques donde han quemado las unidades y han despojado a los pasajeros de sus pertenencias”.
Explican que el ambiente de violencia sumado a la posterior difusión de amenazas en redes sociales donde advierten (las bandas del crimen organizado) a los transportistas de otras rutas que lleven pasaje a Chilpancingo que dejen de trabajar para no sufrir con las consecuencias, “se configura una ausencia de Estado de Derecho”.
Concluyen que el asesinato de Miguel Sánchez Mateos es “dolorosamente” perceptible en la indefensión de las víctimas, “quienes según testimonios allegados a esta Misión, a pesar de haber solicitado protección policial, ni siquiera la obtuvieron para el velorio de sus hijos”.