Abogados y familiares de dos jóvenes detenidos en Cruz Grande por la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), denunciaron que sin pruebas del comandante regional Esteban Ramos Gallardo el 29 de septiembre, jueces de Ometepec dictaron sentencia en contra de los inculpados del secuestro de una persona.
Ayer en conferencia de prensa en las instalaciones de la sección 29 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Acapulco, las madres de los dos jóvenes, Ángel Casiano Ramírez y Jorge Pavón Pérez, sostuvieron que sus hijos son inocentes.
Los abogados manifestaron que los jueces violaron los derechos de los inculpados y que la prueba presentada es la declaración del comandante, y de un testigo de identidad reservada.
La señora Severiana Pérez, mamá de Ángel, dijo que su hijo fue detenido en su casa acusado de secuestro. El comandante de la UPOEG, Ramos Gallardo señaló que la foto de su hijo aparecía en el perfil de un número de Whatsapp desde donde los captores se comunicaron con la familia del secuestrado, sin embargo durante la detención el 25 de octubre de 2015, el teléfono que recibía las llamadas sonó cuando su hijo estaba en su cuarto. La mamá del joven estudiante del CBTA dijo que ese número no correspondía al de su hijo.
La mamá de Jorge, Mariana Casiano dijo que su hijo caminaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional en estado de ebriedad cuando fue detenido y después fue acusado por los policías ciudadanos de secuestro, en complicidad con el otro joven. Ambas madres indicaron que sus hijos fueron retenidos 10 días, y golpeados y torturados en la base de la comunidad Las Ánimas.
El abogado de los inculpados, Carlos Larumbe Radilla dijo que en el juicio oral del 29 de septiembre, los dos inculpados fueron sentenciado a 50 años de prisión por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal con sede en Ometepec.
Sostuvo que a pesar de la decisión de los jueces Hércules Aureoles Guadarrama, Salvador Delgado Ochoa, y Edilberto Calderón Juárez, la sentencia fue impugnada porque fueron violados los derechos de los inculpados.
Además de que sin pruebas y sólo con declaraciones testimoniales del comandante regional Ramos Gallardo y Fernando Nava López, además de un testigo protegido, los jueces determinaron la culpabilidad de los jóvenes pese a que en la audiencia la víctima no reconoció que ellos fueran sus captores.
En la conferencia también estuvo el presidente del Colegio de Abogados de Acapulco, Félix Tapia Espinoza, quien denunció que pese a que Ramos Gallardo tiene dos denuncias, una de ellas por homicidio calificado y órdenes de aprehensión, los jueces hicieron caso omiso para que el comandante regional fuera detenido en las instalaciones del Tribunal en Ometepec.