Redacción

En respuesta a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la Secretaría General de Gobierno sostuvo que la Constitución da facultades para que la gobernadora la remueva por causas graves.
En un comunicado de prensa a las 10:23 de la noche, después de que Valdovinos Salmerón afirmó que ejercería su debida defensa y que para su remoción se deben de agotar los procedimientos constitucionales y legales, la Secretaría General afirmó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda determinó la remoción de la fiscal con fundamento en el numeral 7 del artículo 142 de la Constitución Política del Estado de Guerrero.
“El Fiscal general podrá ser removido por el gobernador de Estado por las causas graves previstas en esta Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. La remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de Congreso del estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el fiscal será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto se entenderá que no existe objeción”.
Agrega el comunicado que en este contexto y en espera del proceso constitucional que “conlleva la designación de una nueva persona titular para la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de Congreso local, corresponde al vicefiscal de investigación atender
lo dispuesto por el artículo 144 del reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Guerrero número 500, para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar.
Afirma que el gobierno estatal reitera su compromiso “absoluto con la justicia, la legalidad y el estado de derecho, pilares fundamentales para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad”.
Fuentes de gobierno posteriormente explicaron que la fiscal general podrá ser removida por la persona titular del Poder Ejecutivo con base en el artículo 142 de la Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, además de cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales.
En un texto se señala que la “ahora ex titular” incumplió diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su artículo 68 señala que los servidores públicos de las instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de
obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.
También que incumplió en los términos de los artículos 131, 149 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no ordenar la detención de los policías involucrados.
Y señala que Valdovinos Salmerón “ha sido incapaz de reducir los índices delictivos y lograr avances significativos en la resolución de casos de alto impacto”.
La decisión de removerla se fundamenta “en la obligación de garantizar el cumplimiento de estas leyes, la eficiencia en la procuración de justicia y salvaguardar el correcto funcionamiento de nuestras instituciones, principios que son pilares fundamentales para el estado de derecho y la justicia” en el estado.