Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Nueve presidentes municipales de la zona de influencia del grupo criminal Los Ardillos, de cuatro partidos políticos, entre ellos uno de Morena, de las regiones Centro y Montaña, se retiraron de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, “ante la omisión, indiferencia y falta de respuestas eficaces” de los gobiernos estatal y federal.
La ruptura se da en medio del conflicto abierto por los ataques del grupo de la delincuencia orgnizada Los Ardillos a comunidades indígenas de Chilapa, del 6 al 11 de mayo, que dejó seis campesinos asesinados y de los que se derivaron tres pueblos desplazados.
Se retiraron de la Mesa En medio del conflicto abierto por los ataques del grupo criminal Los Ardillos a comunidades indígenas de Chilapa, del 6 al 11 de mayo, que dejó seis asesinados y tres pueblos desplazados,
los presidentes municipales de Acatepec, Ángel Aguilar Romero (Morena); de Tixtla, Alberto Michi Campos (PRI); de Quechultenango, David Astudillo Morales (PRD); de Ahuacuotzingo, Pedro Ojeda Reyes (PRD); de Mochitlán, Gerardo Mosso López (PVEM); de Mártir de Cuilapan, Jesús Vázquez García (PRD), y de Atlixtac, Guillermo Matías Barrón (PVEM); así como las alcaldesas Micaela Manzano Martínez (PVEM), de José Joaquín de Herrera, y Khalia Areli Ramos Decena (PRD), de Zitlala.
El sábado, en un comunicado difundido en las páginas oficiales de sus gobiernos municipales, los alcaldes explicaron que tomaron la decisión política e institucional de retirarse de la mesa, porque consideran que “este mecanismo ha dejado de cumplir con el propósito para el que fue creado. Hoy representa solamente un espacio donde se minimiza la gravedad de los hechos que padecen nuestros municipios”.
Señalaron que “durante meses, los municipios que integramos esta región hemos acudido con responsabilidad institucional a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, con sede en Chilapa, exponiendo de manera puntual los distintos hechos de violencia, amenazas, desplazamientos, ataques armados y problemas de inseguridad que afectan diariamente a nuestras poblaciones”.
“Sin embargo, lejos de encontrar soluciones reales, coordinación efectiva y estrategias contundentes, hemos sido testigos de simulaciones burocráticas donde los reportes son simplemente turnados de una instancia a otra, sin acciones claras, sin resultados y sin responsables”.
“La realidad que viven nuestros pueblos no se resuelve con discursos, con comunicados vacíos ni con reuniones estériles. La ciudadanía exige seguridad, justicia y gobernabilidad. Exige presencia real del Estado y no actos de simulación institucional”, subrayaron.
Indicaron que el pasado 22 de mayo acudieron a la reunión de integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, entre otras autoridades, por invitación de la alcaldesa priista de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, para “acompañar y respaldar el acto de toma de protesta de los comisarios municipales”.
Pero “autoridades estatales y federales” les impidieron el acceso, “resulta inadmisible y ofensivo que autoridades electas constitucionalmente, representantes legítimos del pueblo y responsables directos de la gobernabilidad de nuestros municipios, seamos tratados con desprecio, desconfianza y exclusión por instituciones que deberían privilegiar el diálogo, la coordinación y el respeto entre órdenes de gobierno”.
Manifestaron su respaldo “absoluto, firme e irrestricto” a Mercedes Carballo, “ante la grave crisis de seguridad” de Chilapa que, “continúa agravándose ante la evidente falta de resultados concretos por parte de las autoridades competentes”.
Resaltaron que las regiones Centro y Montaña comparten “una misma realidad social, económica y de seguridad. Somos municipios vecinos, pueblos hermanos y autoridades que enfrentamos problemáticas comunes; por ello, no permitiremos intentos de división, aislamiento o debilitamiento institucional entre quienes tenemos la responsabilidad de defender a nuestra gente”.
Exigieron “al gobierno estatal y al gobierno federal actuar con seriedad, responsabilidad y respeto institucional. Guerrero no necesita más simulaciones ni decisiones unilaterales; necesita resultados reales, estrategias efectivas y autoridades que estén a la altura de la crisis que enfrentan nuestros municipios”.
Llamaron al cese de “las prácticas de exclusión, desinformación y bloqueo político que profundizan la descomposición institucional y agravan el clima de tensión social que vive nuestra región”.

Refuta Mercedes Carballo la versión oficial: “no hubo diálogo de paz”

El viernes pasado, en un comunicado, el gobierno del estado dijo que en la reunión con el Cipog-EZ y la CRAC-PF se ofreció “una paz duradera, sostenida en el diálogo y la participación de las comunidades”.
No obstante, el mismo viernes, Mercedes Carballo aseguró que “únicamente se llevó a cabo la toma de protesta de las y los comisarios municipales de las comunidades de Zacapexco, Rincón de Chautla, colonia Nuevo Amanecer y colonia Xochitempa, acto realizado conforme a derecho y bajo los procedimientos legales correspondientes”.
Precisó que “la mesa de diálogo y acuerdos para la Construcción de Paz fue pospuesta por autoridades del gobierno estatal y federal para el próximo 8 de junio. En consecuencia, durante este acto no existió ningún diálogo de pacificación, negociación o acuerdo entre las partes involucradas; únicamente se efectuó una toma de protesta institucional”.
Rechazó “cualquier versión falsa, alterada o tendenciosa que pretenda presentar este acto legal como una supuesta mesa de negociación o acuerdo de paz inexistente. La ciudadanía merece información veraz y no narrativas construidas para aparentar avances que aún no han ocurrido”.
Exigió que en la mesa del próximo 8 de junio “sean convocadas y escuchadas todas las partes involucradas, sin exclusiones ni simulaciones, privilegiando el esclarecimiento total de los hechos y el acceso a la verdad”.
“La paz no puede construirse sobre versiones modificadas, acuerdos aparentes o discursos mediáticos. La ciudadanía exige claridad, resultados y acciones concretas para que los hechos sean esclarecidos y exista responsabilidad contra quien o quienes resulten responsables”, expresó.
Reiteró que el gobierno municipal de Chilapa “no negociará ni establecerá acuerdos fuera del marco de la ley”.