El vocero de los padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz, demandó al gobierno federal que deje de criminalizar a los estudiantes de la Normal Rural.
La respuesta fue luego de que se filtró en Milenio diario una llamada telefónica de un dirigente estudiantil, donde se menciona que un “grupo” quiso entrar a la Normal presumiblemente para llevarse a cuatro estudiantes a mediados de octubre.
El diario relacionó la información con las versiones que la Procuraduría General de la República (PGR) integró a la investigación de los crímenes el 26 y 27 de septiembre, que vinculan a estudiantes con el grupo de narcotraficantes Los Rojos, y que a su llegada a Iguala motivó la agresión contra los normalistas por el grupo criminal Guerreros Unidos.
El grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que da asistencia técnica el gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa descartó esa posibilidad, y subrayó que los estudiantes iban por camiones a Iguala, y de ello estaban enteradas distintas autoridades de gobierno que vigilaron sus acciones en todo momento.
Ayer Felipe de la Cruz agregó que en más de un año que llevan en la Normal Rural desde la desaparición forzada de los 43, han podido corroborar que los normalistas no tienen relaciones con grupos de narcotraficantes, como sugirieron algunas versiones de la PGR.
Cuestionó que las autoridades las impulsen para desviar la atención de la desaparición forzada de los 43 desaparecidos y su localización, y para alargar los plazos de la investigación.
“Porque el gobierno siempre le ha apostado al cansancio de los padres de familia y de las organizaciones que los apoyan”, denunció.
Insistió en que el GIEI ya aclaró que los estudiantes no iban armados ni en plan de confrontación, fue un asunto fortuito que tomaran un quinto autobús de la Estrella de Oro, que pudo generar la reacción violenta de policías y sicarios contra ellos porque se presume que estaba cargada de drogas.
También cuestionó que se intervengan los teléfonos de los normalistas sobrevivientes, “es sorprendente cómo intervienen los celulares de los jóvenes, sobre todo porque Omar (García, el líder estudiantil que mencionan en el nota y sobreviviente de los ataques en Iguala) hace dos o tres meses está fuera (de Guerrero) en comisiones, no me explico cómo hoy sale la nota de esta manera”.
Insistió en que los estudiantes de la Normal son hijos de campesinos, “por eso insistimos en que dejen de buscar donde no hay nada y comiencen a buscar donde debe de ser, que para nosotros sigue siendo el gobierno de México, y que ya dejen de hostigar a los estudiantes”.
De Tixtla, en donde la población acordó un toque de queda por la violencia y el gobierno municipal reconoció la presencia de un grupo delictivo (extraoficialmente se habla de que Los Ardillos, sacaron a Los Rojos desde la pasada administración municipal), De la Cruz aclaró que la Normal y la cabecera municipal son comunidades distintas.
Dijo que los hechos de violencia son parte de la estrategia para imponer las elecciones extraordinarias del Ayuntamiento, suspendidas el 7 de junio por el boicot que impulsaron los padres de familia.
“Es claro que están peleando los políticos del PRI la imposición de su dictadura, quieren imponer mediante el miedo y el terror las elecciones, como hicieron en el pasado proceso electoral, pero eso no quiere decir que esos grupos estén en la Normal”, afirmó.

La CNDH debe de ser más exigente con las autoridades

Por otro lado informó que la PGR ya envió la investigación de Iguala a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y los expertos trabajan en la conformación de una unidad especializada de investigación que se va a encargar de todo.
En esta unidad estarían alrededor de 50 personas cuyos perfiles son revisados por el GIEI, para que sean confiables, dijo.
La investigación, como lo recomendaron los expertos, ya salió de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En cuanto a la falta de cumplimiento de la PGR a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el estado de la investigación del caso Ayotzinapa, demandó que el organismo sea más exigente con las autoridades.
Dijo que pasaron más de tres meses para informar la falta de cumplimiento de 26 observaciones y recomendaciones, para corregir distintas diligencias de la investigación, y los padres están enfermando ante el tormento sicológico que implica la espera de noticias de sus hijos.