Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El grupo minoritario de las madres y padres de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala demandó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para conocer los avances de la investigación.
Ayer el grupo que representa Felipe de la Cruz se reunió con el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, en el Recinto de Oficinas del Ejecutivo Estatal para conocer los resultados de la “campaña para romper el pacto de silencio”, que consiste en una recompensa de 10 millones de pesos a quien dé información sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, misma que fue lanzada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en septiembre del año pasado.
En conferencia de prensa al mediodía luego del encuentro, Felipe de la Cruz informó que Francisco Rodríguez dijo que las autoridades estatales “siguen en la postura de la recompensa, siguen buscando información porque hay un compromiso de la gobernadora y van a llegar a donde tenga que llegar para recibir información de los hechos”.
Consideró que a nivel estatal las autoridades tienen que dar garantías, colaborar con la investigación y resarcir los daños, debido a que forman parte del “crimen de Estado” que fue reconocido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
“El estado, la federación y el municipio tienen que resarcir los daños y formar parte de la verdad y la justicia que exigimos como movimiento”, demandó.
Expuso que la gobernadora sigue “en espera de que hubiera alguien que pudiera informar algo” que aporte a la investigación por la recompensa, pero “nosotros estamos conscientes que a 11 años, este movimiento aparte de que ya está todo descompuesto, totalmente, lo que hoy nos preocupa es que la presidenta Claudia Sheinbaum no cumpla su palabra”.
Puntualizó que Claudia Sheinbaum se comprometió a recibir a las madres y padres a finales de abril para analizar los resultados de la investigación, no obstante, “en vez de avanzar vamos para atrás”, ante la anulación de la vinculación a proceso del ex titular de la Unidad Antisecuestro de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez.
Reprochó que las actuaciones jurídicas sólo provocan que se alargue la investigación, “mientras los padres se están enfermando, algunos hasta falleciendo y por eso la exigencia a la presidenta de que escuche, tenemos la necesidad de que ella sea parte de este movimiento, pero no en el discurso, en la realidad, y que cumpla su palabra de recibirnos”.
Rechazó que se le concediera la prisión domiciliaria al ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, “cuando el daño ocasionado a las familias no lo paga ni con la vida, fueron 43 jóvenes que desaparecieron, que hoy, por las declaraciones de los implicados sabemos que están muertos”, aunque no está demostrado científicamente.
Dijo que ya procedieron por la vía jurídica ante la Fiscalía General de la República para que se llame a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto, al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a todo el gabinete federal de Seguridad “porque nos engañaron todo el tiempo, hoy sabemos que fue un crimen de Estado, que de una forma u otra intervinieron”.
Añadió que está pendiente la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, ya que “es la pieza que falta en el rompecabezas para tener la verdad y que se pueda hacer justicia”.
Inés Gallardo Martínez, madre del normalista asesinado Daniel Solís Gallardo, demandó saber quién dio la orden, “tanto de quitarles la vida como de desaparecer a los muchachos, le pedimos a la presidenta una próxima reunión”.
Resaltó que las familias quieren saber “quién fue el causante de todo esto y los responsables, los queremos detenidos, que paguen por el delito que cometieron”.