El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello informó que interpuso otras ocho denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra empresas constructoras que incumplieron obras para los damnificados de la tormenta Manuel.
El lunes se informó que la Sedatu había demandado penalmente a cuatro constructoras que incumplieron contratos de obras para damnificados, Casaflex, Jumen, Piccino y Desarrollo Industrial Quetzalcóatl, y que contra la primera había dos procesos.
Dijo ayer que en El Mirador serán demolidas 32 casas porque se construyeron en una plataforma sobre una barranca, lo que ocasiona que la zona sea inestable y peligrosa; además, por la irresponsabilidad en la construcción presentó una denuncia ante la PGR a quien resulte responsable y asuma el costo.
El delegado de Sedatu indicó que hay una plataforma que se desplantó sobre una barranca, según estudios que confirma el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y que coinciden con lo que da Protección Civil estatal, “se construyó de manera errónea, se hizo una plataforma que resulta inestable”.
Consultado en Palacio de Gobierno, explicó que la plataforma provoca inestabilidad y que hay 32 viviendas que serán destruidas, para lo cual pedirá presupuestos extraordinarios, porque representan un peligro para los habitantes.
El funcionario destacó que, “demoler las viviendas representa un gasto, por lo que además ya se está llevando a cabo un proceso judicial, yo presenté denuncias ante la PGR ante la mala calidad con que las viviendas fueron construidas”.
En la denuncia pidió que las empresas constructoras se hagan responsables de los gastos, que ascienden a más de 200 mil pesos por cada vivienda, detalló.
Indicó que en la ejecución de la obra hay cuatro empresas, y cada una tendrá que responsabilizarse de los gastos, por lo que en la denuncia busca deslindarse de compromisos para que alguien asuma el costo de la demolición y reconstrucción en un sitio distinto.
El delegado dijo que ha presentado otras ocho denuncias y presentará más, pero no por el mismo caso, porque hay una investigación previa para la que aportan los datos que la PGR solicita para deslindar responsabilidades.
Manifestó que hay varias empresas que se han negado a continuar los trabajos que tenían contratados con la Sedatu, hay constructoras a las que se les pagó conceptos que no ejecutaron, pero se han negado a devolver los pagos, y ante esta negativa presentaron la denuncia.
En este momento son unas ocho empresas más las que serán denunciadas legalmente, la mayoría son constructoras foráneas, “desde que yo asumí la responsabilidad en la Sedatu, he observado que todas las empresas sean de Guerrero”.
En cuanto a los damnificados que tienen una casa que les otorgó la Sedatu, pero que regresaron a habitar las zonas de alto riego desde las que fueron reubicados, Armenta Tello dijo que ha dialogado con los vecinos y revisan las causas que originan el rechazo a las nuevas viviendas.
Dijo que inicialmente los damnificados argumentaron que era la falta de servicios públicos; en diciembre de 2015, los damnificados exigieron que se les entregaran sus casas pese a que les faltaban los servicios, aceptaron y conforme pasó el tiempo se les fueron otorgando, para que no pagaran rentas y no regresaran a la zona de alto riesgo.
El problema que prevalece para los reubicados en El Mirador es la falta de transporte público, porque el traslado desde ese punto hasta donde tienen sus actividades económicas, educativas y de convivencia, es muy costoso.
Indicó que a las familias que son de escasos recursos se les complica pagar 6 pesos, y más cuando son varios los integrantes de la familia que deben transportarse; de acuerdo con sondeos de la Sedatu los salarios de los reubicados oscilan entre 40 y 50 pesos al día.