Lourdes Chávez

Chilpancingo

Distinto a la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que minimizó los matrimonios forzados en comunidades na’savi de Guerrero, la luchadora social indígena, Hermelinda Tiburcio Cayetano, demandó que el tema se discuta en los espacios de decisión para sancionar esta práctica.
En consulta telefónica aseguró que los hombres no quieren perder el control que creen tener sobre las mujeres después de que les fueron entregadas mediante un acuerdo comunitario que, “si hay dinero de por medio, es venta de niñas”, subrayó.
De quien opina distinto, dijo que desconoce la realidad en los pueblos, “es la gente que viene, que visita, ni siquiera duerme en lugar indígena”, en alusión a la gira del mandatario el fin de semana en la Montaña, donde declaró que no llegó a ver este asunto.
En cambio, la líder na’savi lo vivió en carne propia. indicó que sus hermanas no eligieron con quién casarse, ni cuántos hijos; su papá las entregó desde niñas en matrimonios forzados, en un acuerdo comunitario.
“Muchas hermanas indígenas no se atreven a hablar, aunque vivan violencia sexual, sicológica, maltrato físico”.
Estimó que desde que la migración a Estados Unidos se hizo masiva, después del año 2000, la dote en especie por matrimonios acordados, cambió por el efectivo. Las autoridades comunitarias participan contando el dinero, como testigos de las uniones tempranas.
Recientemente tuvo información de un acuerdo económico llegó a 700 mil pesos.
Insistió en que el machismo no quiere perder los privilegios, y entre hombres se protegen.
“Soy parte del pueblo na’savi. Hay costumbres muy buenas que no violenta derechos, pero hay costumbres disfrazadas para dar privilegios a un género. Sí creo que el Senado debe presentar una iniciativa que castigue estas conductas. Que no se escondan”.
Solicitó a López Obrador que a través del Inegi pregunte directamente a las mujeres, si eligieron con quién casarse, si decidieron cuántos hijos tener, y que investigue las violencias que padecen.

Las víctimas no denuncian matrimonios forzados, recuerda Marina Reyna Aguilar

La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agvim), Marina Reyna Aguilar, advirtió que las víctimas de matrimonios forzados no presentan denuncias en un Ministerio Público.
Los casos trascienden por otros conflictos, como el aborto en la comisaría de la Policía Comunitaria de la localidad de Dos Arroyos, la madrugada del 10 de octubre, de la mamá de la niña Angélica, víctima de matrimonio forzado y violación.
La niña de 15 años llevaba 11 días en detención mientras sus papás reunían el dinero que el suegro les pagó por el matrimonio de Angélica con su hijo hace cuatro años y exigió que se le devolviera ahora porque ella ya no está en la casa de la familia de su esposo. La menor huyó de la casa y acusó a su suegro de abuso sexual.
“Ya se puso en la mesa que se deben erradicar las tradiciones que vulneran los derechos humanos de mujeres y niñas, donde no han tenido quién las defienda porque las malas prácticas ocurren en el seno familiar. Si lo ven como algo cotidiano, normalizado, se fomenta”.
De las opinión del presidente, de que los matrimonios acordados puede ser la excepción pero no la regla, la feminista lamentó que la perspectiva del mandatario no le permita ver la gravedad del problema, “basta un caso para que hagan acciones generalizadas. Ayudaría mucho que el presidente diera instrucciones, sin minimizar el caso”.
Estimó que sus asesores no lo orientan bien, espera que otra actitud del gobierno de Guerrero con mejor asesoría de la persona que dirija la política de igualdad y de no discriminación.
Insistió en una estrategia de resultados, más allá de firmas de convenios y fotografías del funcionariado con las niñas en la Montaña, y que desde la sociedad puedan darle seguimiento
“Independiente de que el presidente López Obrador no lo vea, ni se sienta responsable, esperamos que la autoridad estatal sí lo asuma junto con las autoridades municipales”.

Hay uniones infantiles en todas partes; es discriminatorio acusar sólo a un pueblo, dice Viridiana Gutiérrez

Del Observatorio de Violencias contra las Mujeres (Obvio Guerrero) Viridiana Gutiérrez Sotelo explicó que, en parte, entiende la postura de López Obrador, de no señalar de actos violentos a los usos y costumbres, porque los matrimonios forzados ocurren en todas partes del mundo.
“Señalar solamente a las comunidades de actos violentos contra las mujeres es discriminatorio, porque no sólo sucede en las comunidades indígenas, los acuerdos matrimoniales ocurren también en sociedades altas, y en todo el mundo”.
Sin embargo, no comparte que en la gira del martes en la Montaña haya dicho que no va atender este grave problema que requiere una intervención presidencial, “y estaría cumpliendo una de sus responsabilidades”.
Denunció que hay muchos vacíos de las autoridades y el caso de la niña Angelica que ha escandalizado a sectores políticas es sólo la punta del iceberg de todas las violencias que ocurre en las regiones de Guerrero, agudizada donde hay más pobreza y marginación. “Me preocupa que sea un tema mediático y no haya cambios”
Recordó que hace dos años, en la anterior administración se firmaron convenios del estado y ayuntamientos para evitar los matrimonios forzados, de los cuales no se conocieron más acciones ni resultados.
Originaria del municipio afrodescendiente de Cuautepec, Gutiérrez explicó que ahí se mantiene costumbre de la dote en los matrimonios, sin ser forzada.
“Cuando la novia se va con el novio, la familia de ella se considera ‘doliente’, y la de él, ‘consuela’ llevando el ‘presente’, sea comida, bebida, animales de corral o ganado para conciliar la falta de los muchachos que huyen sin consentimiento de los padres”.
Aclaró que las jóvenes no tienen más alternativas de futuro que irse de novias. El problema de la dote en fuertes cantidades de dinero, es que los agresores se creen los dueños de la vida de las mujeres.
Recordó que la gobernadora no ha dicho cómo va a cumplir la promesa de erradicar los matrimonios forzados.
En el caso de Angélica, sólo detuvieron al suegro, no se sabe cómo van a atender a la víctima y toda la red que se expuso al escrutinio público. Señaló que hubo de por medio un aborto que nadie está siendo investigado, pero cuando la mujer interrumpe un embarazo voluntario, se criminalizan por homicidio.
“Necesitamos una sentencia que siente precedente de cero tolerancia a la violencia de niñas y niños de la montaña y de cualquier región”.

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Distinto a la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que minimizó los matrimonios forzados en comunidades na’savi de Guerrero, la luchadora social indígena, Hermelinda Tiburcio Cayetano, demandó que el tema se discuta en los espacios de decisión para sancionar esta práctica.
En consulta telefónica aseguró que los hombres no quieren perder el control que creen tener sobre las mujeres después de que les fueron entregadas mediante un acuerdo comunitario que, “si hay dinero de por medio, es venta de niñas”, subrayó.
De quien opina distinto, dijo que desconoce la realidad en los pueblos, “es la gente que viene, que visita, ni siquiera duerme en lugar indígena”, en alusión a la gira del mandatario el fin de semana en la Montaña, donde declaró que no llegó a ver este asunto.
En cambio, la líder na’savi lo vivió en carne propia. indicó que sus hermanas no eligieron con quién casarse, ni cuántos hijos; su papá las entregó desde niñas en matrimonios forzados, en un acuerdo comunitario.
“Muchas hermanas indígenas no se atreven a hablar, aunque vivan violencia sexual, sicológica, maltrato físico”.
Estimó que desde que la migración a Estados Unidos se hizo masiva, después del año 2000, la dote en especie por matrimonios acordados, cambió por el efectivo. Las autoridades comunitarias participan contando el dinero, como testigos de las uniones tempranas.
Recientemente tuvo información de un acuerdo económico llegó a 700 mil pesos.
Insistió en que el machismo no quiere perder los privilegios, y entre hombres se protegen.
“Soy parte del pueblo na’savi. Hay costumbres muy buenas que no violenta derechos, pero hay costumbres disfrazadas para dar privilegios a un género. Sí creo que el Senado debe presentar una iniciativa que castigue estas conductas. Que no se escondan”.
Solicitó a López Obrador que a través del Inegi pregunte directamente a las mujeres, si eligieron con quién casarse, si decidieron cuántos hijos tener, y que investigue las violencias que padecen.

Las víctimas no denuncian matrimonios forzados, recuerda Marina Reyna Aguilar

La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agvim), Marina Reyna Aguilar, advirtió que las víctimas de matrimonios forzados no presentan denuncias en un Ministerio Público.
Los casos trascienden por otros conflictos, como el aborto en la comisaría de la Policía Comunitaria de la localidad de Dos Arroyos, la madrugada del 10 de octubre, de la mamá de la niña Angélica, víctima de matrimonio forzado y violación.
La niña de 15 años llevaba 11 días en detención mientras sus papás reunían el dinero que el suegro les pagó por el matrimonio de Angélica con su hijo hace cuatro años y exigió que se le devolviera ahora porque ella ya no está en la casa de la familia de su esposo. La menor huyó de la casa y acusó a su suegro de abuso sexual.
“Ya se puso en la mesa que se deben erradicar las tradiciones que vulneran los derechos humanos de mujeres y niñas, donde no han tenido quién las defienda porque las malas prácticas ocurren en el seno familiar. Si lo ven como algo cotidiano, normalizado, se fomenta”.
De las opinión del presidente, de que los matrimonios acordados puede ser la excepción pero no la regla, la feminista lamentó que la perspectiva del mandatario no le permita ver la gravedad del problema, “basta un caso para que hagan acciones generalizadas. Ayudaría mucho que el presidente diera instrucciones, sin minimizar el caso”.
Estimó que sus asesores no lo orientan bien, espera que otra actitud del gobierno de Guerrero con mejor asesoría de la persona que dirija la política de igualdad y de no discriminación.
Insistió en una estrategia de resultados, más allá de firmas de convenios y fotografías del funcionariado con las niñas en la Montaña, y que desde la sociedad puedan darle seguimiento
“Independiente de que el presidente López Obrador no lo vea, ni se sienta responsable, esperamos que la autoridad estatal sí lo asuma junto con las autoridades municipales”.

Hay uniones infantiles en todas partes; es discriminatorio acusar sólo a un pueblo, dice Viridiana Gutiérrez

Del Observatorio de Violencias contra las Mujeres (Obvio Guerrero) Viridiana Gutiérrez Sotelo explicó que, en parte, entiende la postura de López Obrador, de no señalar de actos violentos a los usos y costumbres, porque los matrimonios forzados ocurren en todas partes del mundo.
“Señalar solamente a las comunidades de actos violentos contra las mujeres es discriminatorio, porque no sólo sucede en las comunidades indígenas, los acuerdos matrimoniales ocurren también en sociedades altas, y en todo el mundo”.
Sin embargo, no comparte que en la gira del martes en la Montaña haya dicho que no va atender este grave problema que requiere una intervención presidencial, “y estaría cumpliendo una de sus responsabilidades”.
Denunció que hay muchos vacíos de las autoridades y el caso de la niña Angelica que ha escandalizado a sectores políticas es sólo la punta del iceberg de todas las violencias que ocurre en las regiones de Guerrero, agudizada donde hay más pobreza y marginación. “Me preocupa que sea un tema mediático y no haya cambios”
Recordó que hace dos años, en la anterior administración se firmaron convenios del estado y ayuntamientos para evitar los matrimonios forzados, de los cuales no se conocieron más acciones ni resultados.
Originaria del municipio afrodescendiente de Cuautepec, Gutiérrez explicó que ahí se mantiene costumbre de la dote en los matrimonios, sin ser forzada.
“Cuando la novia se va con el novio, la familia de ella se considera ‘doliente’, y la de él, ‘consuela’ llevando el ‘presente’, sea comida, bebida, animales de corral o ganado para conciliar la falta de los muchachos que huyen sin consentimiento de los padres”.
Aclaró que las jóvenes no tienen más alternativas de futuro que irse de novias. El problema de la dote en fuertes cantidades de dinero, es que los agresores se creen los dueños de la vida de las mujeres.
Recordó que la gobernadora no ha dicho cómo va a cumplir la promesa de erradicar los matrimonios forzados.
En el caso de Angélica, sólo detuvieron al suegro, no se sabe cómo van a atender a la víctima y toda la red que se expuso al escrutinio público. Señaló que hubo de por medio un aborto que nadie está siendo investigado, pero cuando la mujer interrumpe un embarazo voluntario, se criminalizan por homicidio.
“Necesitamos una sentencia que siente precedente de cero tolerancia a la violencia de niñas y niños de la montaña y de cualquier región”.