Integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos en el estado y del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), demandaron al fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, que emita una convocatoria para que se tomen en cuenta sus demandas y propuestas para la designación del titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Resaltaron que temen que ante su rechazo de la propuesta del fiscal de designar como titular a María Guadalupe Rendón Ramírez, haga otra propuesta en la que estén en desacuerdo, y advirtieron que si se designa a un titular que no acepten no permitirán que rinda protesta.
En conferencia de prensa en representación de colectivos de desaparecidos y asesinados del estado, el Colectivo Siempre Vivos de Chilapa, el Colectivo de Búsqueda de Fosas Clandestinas en Iguala, el Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y el País y el Centro Morelos refrendaron su decisión de no apoyar la propuesta de Olea Peláez para el cargo de fiscal especial.
El director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández manifestó que para las familias víctimas indirectas de desaparición forzada, Rendón Ramírez no reúne el perfil elemental para poder atender los casos, y su labor ha sido muy cuestionada.
Dijo que fue importante que a raíz de la protesta que hicieron en el Congreso Local el jueves, se retirara del orden del día la designación del fiscal.
Demandó que se haga un llamado desde el Congreso del Estado al fiscal, “un llamado en  el  sentido de emitir una convocatoria para los colectivos de víctimas de desaparición forzada  para que hagan propuestas para esta Fiscalía”, expuso.
Explicó que según la legislación actual es el fiscal general del estado quien debe de hacer la propuesta para ocupar ese cargo, y que eso lo consideran “una grosería o una falta de respeto y sensibilidad, porque entonces las víctimas dónde quedan”.
Consideró que quienes deben estar en primer orden para consultar o proponer deben de ser las familias de desaparecidos, porque quien quede en el cargo es para beneficio o perjuicio de los familiares.
Dijo que las actividades en el Congreso empiezan el 8 de enero y que es probable que aprovechando que es inicio de las actividades, al siguiente día que es la primer sesión los diputados pueden aprobar la propuesta del fiscal, pero que también puede ser que Olea Peláez retire su propuesta y hacer una tras platicar con las víctimas.
Recalcó que se están poniendo de acuerdo con las familias para diversas actividades desde el 8 de enero, que pueden ser manifestaciones, plantones en Palacio de Gobierno, Congreso del estado  y Casa Guerrero.
Agregó que van a pedir a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) que apoye a las familias, porque “no es posible que se tenga una comisión que no dice nada y que no opina en beneficio de los familiares”.
Recalcó que el objetivo de los colectivos y el organismo es evitar que se imponga desde el Congreso a un fiscal que tiene que ver con lo que les va a pasar.
Agregó que debe de haber una reunión con la junta de coordinación política del Congreso local, y que por eso el 8 de enero presentarán un documento para demandar la reunión y así poder hacerles sus planteamientos.
Abundó que si pasan los 30 días hábiles desde que el fiscal hizo la propuesta y no se legisla para rechazar o aprobar, en automático se da por aceptada esa propuesta, y eso no lo quieren.
Dijo que lo que quieren es que el Congreso haga una propuesta de ley o de decreto donde  se rechace de manera formal la propuesta del fiscal y se haga una recomendación, y que en el último de los casos en el que estarían de acuerdo es que esta Fiscalía Especializada  quede acéfala, mientras no se emita una convocatoria para los colectivos.
Al respecto la representante del Colectivo de Chilpancingo, María Guadalupe Rodríguez subrayó que si se llegara a aprobar la propuesta del fiscal no van a permitir que tome protesta.

La CEAV es inoperante, denuncian

“Este año que está por concluir la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) local recibió 9 millones de pesos, un recurso que sólo sirvió para armar una estructura burocrática y que finalmente a las familias no les ha dado resultados, y que hoy en el presupuesto de egresos les incrementaron 10 millones de pesos, la exigencia en ese sentido va en dos vías, primero que estos 10 millones de pesos no vayan a servir para seguir engrosando la plantilla burocrática… y la exigencia es que esos 10 millones de pesos pasen en automático al fondo de apoyo para las víctimas”, demandó Olivares Hernández.
Llamó a los diputados locales a que escuchen la voz de las familias, trabajen en beneficio de ellos ya que no han sido capaces de detener la violencia, de garantizar la seguridad, y que cuando menos sean sensibles para que las víctimas puedan acceder a la justicia.
Agregó que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior temen que el gobierno se sienta fortalecido y se cierre más a recibirlos y escucharlos.

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