La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT) ” demandó una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, suspendida por el sismo del 19 de septiembre, para presentar los hallazgos de una misión de observación en Chilapa, conocer los alcances planes y programas de gobierno para la atención de víctimas, y hacer una retroalimentación desde la sociedad civil.
Vía telefónica, el secretario técnico de la Red TDT, Fernando Ríos Martínez, argumentó que para aspirar a una sociedad democrática es imprescindible que la sociedad pueda hacer aportaciones, particularmente “donde se han visto gravemente afectado todo el sistema de justicia”.
Consideró “fundamental tener un verdadero acercamiento entre autoridades y sociedad civil que dé respuestas -más que un proceso de simulación- para ir resolviendo juntos estas situaciones que agreden a todos y todas”.
Sin embargo, indicó que la semana pasada pidieron sin resultados, la audiencia con Amnistía Internacional, Servicios Integrales para la Paz, la Red Nacional TDT, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad,  y en Guerrero, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para señalar las expresiones de la violencia que no se cuantifica y condicionan la vida de los guerrerenses.
Informó que el viernes les respondieron que el encuentro se realice con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame (aún no hay fecha). Aclaró que van a tomar la palabra de las autoridades para expresar los requerimientos que están haciendo para defensores y víctimas indirectas, en el entendido que de se van a transmitir al gobernador, pero insistió en que “(el funcionario)  no puede tomar decisiones importantes en ese momento. Es necesario tomar decisiones para la defensa de las víctimas indirectas.
Entre las necesidades, mencionó que familiares de personas desaparecidas y familias desplazadas no tienen atención, que la violencia trastocó la vida cotidiana, afectó el transporte público y la educación en Chilapa, y quieren plantear un diagnóstico con acciones acertadas “si sigue ahí veremos más población desplazada de manera forzada”.
Añadió que la Red documentó hasta junio de este año, 22 luchadores sociales asesinados en Guerrero, suman 23 con el activista político Ranferi Hernández Acevedo, asesinado con su esposa, su suegra y un colaborador el mes pasado, aparte de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los ataques a periodistas.
En la posible reunión con el secretario de Gobierno, indicó que presentarán un informe con elementos que consideran que, de continuar en la misma tónica, “pueden derivar en una crisis mayor”.
Recordó que la Red TDT realizó una misión de observación el 19 y 20 de septiembre, interrumpida por el terremoto, y encontró que más allá de las cifras oficiales de la violencia, las familias de la víctimas necesitan apoyo, que los desplazamientos forzados de la violencia continúan y que tienen expresión en derechos no atendidos de educación y salud.
Denunció que la violencia se asentó, que “el papá de una víctima compartió que sufrió el asesinato de dos hijos más. Lejos de irse solucionando, hay componentes de que cada vez la situación está peor”.
Por ejemplo, indicó que en  el plan del gobierno del estado de Guerrero, hay acciones a favor de la sociedad civil y de los defensores, y de seguridad, y las organizaciones no gubernamentales piden conocer sus resultados, para en un segundo momento, hacer una retroalimentación.
También esperan reunirse con otras personas que puedan ayudar con su visión y  con sus alternativas, como los obispos y los legisladores.