Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Uno de los presuntos responsables de arrojar escombro al cauce del río Huacapa y contra quien se habría presentado denuncia penal, de acuerdo con fuentes del Ayuntamiento, es el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Maquinaria Pesada y Acarreo de Materiales, José Antonio Anaya Manzanares.
El dirigente materialista es desde octubre del 2023 Director Responsable de Obra (DRO) del gobierno estatal, a propuesta del Colegio de Ingenieros Civiles Guerrerenses, según documentos oficiales.
Ayer, vecinos de la zona afectada denunciaron que hubo omisión, incumplimiento de obligaciones y complicidad de autoridades de los tres órdenes de gobierno por no haber actuado a tiempo para frenar el daño que se estaba ocasionando, y evitar riesgos a la población.
El lunes funcionarios de los tres órdenes de gobierno informaron que presentaron denuncias penales en contra de empresas constructoras, quebradoras y particulares por arrojar de manera “ilícita” e “ilegal” material pétreo tanto en el cauce como en el vaso de la presa Cerrito Rico, con lo que generaron un grave problema y riesgo a la población, declararon en conferencia de prensa encabezada por el presidente municipal, Gustavo Alarcón Herrera.
Sin embargo, no precisaron cuantas denuncias se presentaron ni contra quienes concretamente van dirigidas.
Ayer se publicó en distintas plataformas que una de las denuncias se presentó en contra del ingeniero José Antonio Anaya Manzanares, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Maquinaria Pesada y Acarreo de Materiales, quien está “bajo investigación por lucrar a costa del río Huacapa”.
“De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía General del Estado (FGE) y autoridades federales, Anaya Manzanares cobraba de 50 a 80 pesos por cada camión que vertía escombro y material pétreo directamente al cauce del Huacapa, provocando un daño ecológico irreparable y elevando el riesgo de desbordamientos”, se establece en el escrito publicado en plataformas informativas con datos que habrían sido filtrados por funcionarios del Ayuntamiento.
Según esta versión, el dirigente del sindicato materialista, además, “se apropió de áreas verdes y zonas federales, modificando ilegalmente la margen del río para vender terrenos como si fueran suyos, atentando contra el patrimonio ambiental y la seguridad de cientos de familias que viven en las cercanías”.
Se denuncia que el daño es “profundo”, no sólo al ecosistema sino que “es una bomba de tiempo” que pone en riesgo la vida de los chilpancingueños.
El señalamiento contra el líder materialista cobró mayor relevancia cuando las mismas fuentes del Ayuntamiento filtraron ayer mismo el dato de que Anaya Manzanares, ahora, está ofreciendo sus servicios para retirar el material que taponea el encauzamiento, pero ahora con cargo al erario público.
“Ese sindicato ha presentado una propuesta al Ayuntamiento para que sus camiones participen en el trabajo de desazolve del cauce del río Huacapa, porque, argumenta, representan a los transportistas de Chilpancingo y las obras tienen que generar empleos en la misma capital”, informó a periodistas de la capital el funcionario municipal, a condición de que no se le citara como fuente.
De acuerdo con la fuente, hay por lo menos otro sindicato involucrado en los daños que ocasionó al cauce del Huacapa con el escombro que redujo la capacidad de desagüe, así como siete particulares que están siendo investigados por la Fiscalía que integró cinco carpetas de investigación.
En la conferencia de prensa del lunes los funcionarios fueron insistentes en que las denuncias no solo se presentaron en contra de empresas, sino también en contra de familias que habitan cerca de las márgenes del Huacapa.

Hubo omisión y complicidad de las autoridades

Este martes, el reportero consultó a algunos vecinos, pero nadie supo contra quienes se presentaron las demandas y coincidieron en que hubo omisión y complicidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pues no actuaron a tiempo para frenar las descargas del escombro que azolvaron el cauce.
Manuel Radilla, de la colonia San Carlos, una de las que están ubicadas cerca de la presa Cerrito Rico, dijo que el lunes escuchó que los funcionarios dijeron en la conferencia de prensa que quienes arrojaron el escombro al cauce, actuaron de manera ilegal e ilícita, que ocasionaron un grave daño y pusieron en riesgo a la población.
Cuestionó: “¿Entonces por qué no frenaron de inmediato el daño?, ¿por qué no se ordenó la detención infraganti de los responsables?, ¿Por qué fueron omisos?.
Dijo que las descargas del material no se hicieron en semanas, sino en meses, puesto que comenzaron después del huracán John, cuando las lluvias ensancharon el cauce, “estamos hablando que llevan entre seis y siete meses ¿y los funcionarios no se daban cuenta?, ¿por qué permitieron que se siguiera arrojando el material?. No hay otra razón, hubo complicidad y protección a los responsables”, denunció.
Informó que las autoridades actuaron sólo hasta después de que los vecinos denunciaron el 3 de abril pasado, en conferencia de prensa, que se estaban arrojando cascajo y escombro al cauce del río lo que representaba un riesgo grave para las familias que viven en la orilla del río.
De acuerdo con el Acta de resultados finales para el refrendo de director responsable de obra del gobierno del estado, de fecha 19 de octubre del 2023, José Antonio Anaya Manzanares, a quien se señala como uno de los que se beneficiaron de las descargas del escombro al cauce del río, es Director Responsable de Obra estatal.
El profesionista fue propuesto por el Colegio de Ingenieros Civiles Guerrerenses, al que pertenece, y ocupa el lugar 109 del total de 155 directores de obras con los que cuenta el gobierno estatal.
El Director Responsable de Obra tiene bajo su responsabilidad supervisar y dirigir la ejecución de obras públicas. Su función principal es asegurar que las obras se construyan de acuerdo con los planos, especificaciones, leyes y reglamentos aplicables, y que se cumpla con la seguridad y calidad requerida.
En la lista de los Directores Responsable de Obra, también aparece en el número 40 la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, del Colegio de Arquitectos Urbanistas del Estado de Guerrero.
Jiménez Montiel es, a su vez, Presidenta de la Comisión Estatal de Admisión de Directores Responsables de Obras, es decir, en la selección de sus homólogos Directores de Obras fungió como juez y parte, de acuerdo con el dictamen que ella misma firmó junto con el secretario técnico de la Comisión Estatal de Admisión de Directores de Obra, Miguel Alvarado Villalobos.