Lourdes Chávez

Chilpancingo

El hijo de la víctima de feminicidio Adela Rivas Obé, Bolívar Dario Rojas Rivas, denunció el robo de medicamentos controlados en la farmacia de una clínica del IMSS en Petacalco, señaló la omisión de la federación para investigar y sancionar el delito que motivó la desaparición, tortura y posterior asesinato en 2016 de la directora de micro zona en la región de la Costa Grande del instituto, y advirtió que no parará hasta encontrar justicia para su mamá.
Dijo que según las investigaciones oficiales y de la familia que hay detrás del robo de “cien mil pesos al mes de medicamentos controlados en la clínica de Petacalco”, que documentó  Rivas Obé, puede haber una red criminal.
Mencionó que los medicamentos controlados robados no son de fácil acceso para la población, están bajo la jurisdicción de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en México (Cofepris) que restringe la distribución al público, porque sus ingredientes activos pueden ser utilizados para fabricar otro tipo de psicotrópicos y estupefacientes.
“No creemos la versión de que solamente hay un autor intelectual y material de este crimen”, expuso.
En conferencia de prensa, momentos antes de la presentación de la denuncia en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo, dijo que esta línea de acceso a la justicia fue sugerida por autoridades federales, responsables de seguir de oficio este delito.
Explicó que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, que ha dado seguimiento al caso, se declaró incompetente porque el delito sale de su jurisdicción, pese a que la dependencia conoce la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) en Guerrero, donde se comprobó que el móvil del delito fue el robo de medicamentos y concluyó en una sentencia por homicidio calificado.
Expuso que el robo de medicamentos adquiridos con recursos del erario público es un delito del orden federal, sin embargo, la fiscalía especializada y la oficina de la Presidencia de la República, donde han presentado sus peticiones, sugirieron presentar esta denuncia en la delegación de la FGR en Guerrero.
“Pueden ver cóomo las víctimas tenemos que estar batallando para transitar ese largo y difícil camino por  la justicia, con nuestros medios, y bajo nuestro propio riesgo, porque las autoridades federales no hacen el trabajo que les corresponde. No les importa ni nuestra integridad, ni nuestros casos, simplemente somos necesarios cada cierto tiempo, cuando hay elecciones”.
Aunque sabe que exigir investigación por el robo de medicamentos que existe en el sector salud, implica riesgos, afirmó que con su familia están decididos a luchar hasta las últimas consecuencias por justicia plena en el  homicidio, la tortura, la desaparición y por robo de medicamentos que derivó en todos los delitos contra la doctora Rivas Obé.
“Nosotros les estamos contando desde hace nueve años a diferentes autoridades que hay robo de medicamentos, presentando oficios, no nos hacen caso, me imagino que por esta misma razón, este delito tampoco se denuncia”, dijo.
Rojas Rivas reconoció el acompañamiento de luchadores sociales, en este caso de la activista feminista María Reyna Aguilar, que lo acompañó a la diligencia.

El homicidio de la doctora, referen-te de impunidad: Marina Reyna

En la conferencia de prensa, Reyna Aguilar confirmó que directamente el IMSS debió presentar la denuncia por el robo de medicamentos porque es su competencia, pero no lo hizo.
Advirtió del riesgo de que en la delegación de la FGR tampoco quieran tomar el caso, “sería muy lamentable, porque este delito que dio origen a los crímenes contra la doctora del IMSS, puede ocurrir en cualquier lado, habla de la impunidad que hay en el estado”.
Aclaró que será observadora de que la denuncia tenga un seguimiento adecuado y se castigue este hecho que propició el homicidio de la doctora Rivas Obé.
En este sentido, informó que la comisionada estatal de Atención a Víctimas de Guerrero, Enedina Medrano Serrano, ofreció asignar un asesor jurídico estatal para el acompañamiento de la demanda de robo de medicamentos en la FGR, que debido a que el asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal, asignado para el acompañamiento de las víctimas indirectas del caso, también ha sido omiso.
Rojas Rivas explicó que, como parte de las gestiones que han realizado de manera reciente ante en la federación, lograron a través de la presidencia de la república, la reapertura del caso de desaparición forzada de la doctora Adela en la FGR, presentado originalmente en 2016.Sin embargo, el delito de robo de medicamentos, que constituye el móvil del asesinato, señalado claramente, nunca ha sido investigado formalmente.
Añadió que ante el centro del CEAV federal con sede en Acapulco, el 28 de mayo pasado, denunciaron que el asesor jurídico asignado, Julio César Baez Olivo,  fue omiso y negligencia,  durante seis meses de una etapa crítica del juicio de investigación complementaria de la desaparición forzada de su mamá.
Desde esa fecha solicitaron urgente otro asesor jurídico federal con capacidad técnica y compromiso con los derechos de las víctimas. Aunque no ha realizado el cambio de asesor, denunció que se ausentó de una reunión en FGR, dejando a las víctimas a la deriva.
“Ya no sabemos a qué autoridades acudir, aquí está la queja del asesor jurídico omiso desde mayo, y no hacen nada”.
Bolívar Dario Rojas recordó que el feminicida, Arturo Cuellar Bravo está sentenciado a 38 años de prisión sólo por homicidio calificado de su mamá, no por los otros delitos, como el robo de medicamentos que ayer presentó en su contra.
Asimismo señaló como responsable del delito al entonces delegado del IMSS José Luis Ávila Sánchez que negó el robo de medicamento y trató de socavar la autoridad ministerial de ese momento, a cargo del fiscal Xavier Olea, que señaló la línea de investigación en el asesinato de la doctora.
Pidió que se investigue además a quien era la jefa inmediata de su mamá, María Teresa Ríos Martínez, quién dio la orden de investigar el desabasto de medicamentos controlados, sin advertirle que era provocado por una sustracción ilegal.
Aclaró que los medicamentos controlados no son de fácil acceso para la población, están bajo la jurisdicci n de cofepris que restringe la distribución al público porque sus ingredientes activos pueden ser utilizados para fabricar otro tipo de psicotrópicos y estupefacientes
“No creemos la versión de que solamente hay un autor intelectual y material de este crimen, Una cadena de psicotrópicos que considera cien mil pesos mensuales como robo dentro del IMSS, no puede tener un solo autor, y es lo que vamos a denunciar en este día”.
Señaló que el agresor trabajó como encargado de la farmacia de la clínica de Petacalco de de 2011 a 2016, cuando fueron descubierto”.