Representantes nahuas, na savi, me’phaa y mestizos de comunidades de José Joaquín de Herrera, Tlacoapa, Malinaltepec y San Luis Acatlán, integrados al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunciaron el clima de violencia en la Montaña, demandaron obras y servicios que solicitaron el año pasado al ejecutivo estatal, y anunciaron una marcha el 12 de marzo en Chilpancingo para exigir seguridad y el cumplimiento de compromisos.
Juan Pozotenca, representante nahua del municipio de José Joaquín de Herrera, aseguró que los asesinatos y los hechos de violencia en la Montaña baja del estado, ha convertido a la región en una tierra sin ley.
Señaló que, “ahora hay hasta precandidatos muertos, y ¿dónde queda el gobierno?, ¿está avalando o permite esas acciones?”.
En un comunicado, los integrantes del Consejo también señalaron que la delincuencia asumió el control del territorio, “lo único que hay es una ley de sicarios y le llaman crimen organizado”.
Con sus compañeros, el vocero exigió que las autoridades estatales restablezcan el orden y la tranquilidad en las comunidades, en lugar de criminalizar a los movimientos sociales que les exigen que cumplan sus obligaciones. Se aclaró que entre sus comunidades no ha habido víctimas, pero sí les han dejado cuerpos sin vida.

Piden la destitución del delegado de la Cdi porque ha incumplido acuerdos, señalan

Entre sus demandas está la destitución del delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Lenin Carbajal Cabrera, que ha incumplido los acuerdos de construcción de obra pública que ya se había acordado con las comunidades.
Recordó que el CIPOG marchó en noviembre pasado en Chilpancingo, y con la protesta logró la firma de acuerdos para la construcción de escuelas, comisarías, carreteras y hospitales, y cuando llevan estos planteamientos a las oficinas de gobierno, les dicen que no se encuadran en la normatividad, que no proceden porque no se entregaron a tiempo; y mientras tanto, se les niega el acceso a la salud, a la educación y al desarrollo.
Por lo anterior, comisarios de los cuatro municipios acordaron una marcha estatal de los pueblos originarios, para exigir “puentes, carreteras, centros de salud, abasto de medicamentos, construcción de comisarias, canchas techadas y salones múltiples, así como la autorización de financiamiento de proyectos productivos”.