Carmen González Benicio / Luis Daniel Nava

Tlapa / Chilpancingo

Mujeres trabajadoras de la Secretaría de la Mujer (Semujer) denunciaron que el gobierno del estado de Guerrero ejerce violencia económica y psicológica al no pagarles cuatro meses de salario.
No se les ha pagado porque se atiende la emergencia del huracán John, les ha respondido el gobierno de Evelyn Salgado.
Se trata de 33 trabajadores, en su mayoría mujeres, que fueron contratadas para atender el Programa de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de la Semujer en los municipios de Ayutla de los Libres, de la región Costa Chica, y Tlapa, en la Montaña.
También prestan atención en un refugio para la atención de mujeres, hijas e hijos en situación de violencia extrema ubicado en la zona Centro.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, Erika Romero González y Angie de la Rosa Palafox, representantes de las trabajadoras, explicaron que las autoridades no le han dado trámite al adeudo y que ya agotaron todas las instancias. En la víspera se manifestaron afuera de sus centros de trabajo.
A pesar de que no se les han cubierto sus honorarios no han dejado de atender a las víctimas.
Las autoridades, dijeron, han justificado la falta de pago a las emergencias que se han tenido que cubrir por el paso del huracán John. “Nos dicen que han priorizado a las personas afectadas por los huracanes John y Otis”.
Las trabajadoras manifestaron que entienden la situación de emergencia a causa de los desastres naturales, pero que ya han esperado un tiempo considerable para que se les pague. “Hay personas que dependen de nosotras, nuestras familias”, dijeron.
Admitieron temor a represalias. Las manifestantes son trabajadoras por contrato y no cuentan con prestaciones como aguinaldo, vacaciones ni seguridad social.
En un pronunciamiento precisan que el programa del gobierno de Evelyn Salgado brinda atención en trabajo social, jurídica y psicológica en albergues, centros de justicia para las mujeres y prevención de matrimonio infantil para mujeres, adolescentes, niñas y niños que atraviesan episodios de violencia y violencias extremas.
“Somos las primeras respondientes a garantizar dichas atenciones y acciones preventivas territoriales”.
“Sin embargo, es a nosotras contra quien se ejerce violencia económica y psicológica en el ámbito institucional, al anularnos como sujetas de derechos y acceso a un salario digno en tiempo y forma correspondiente”, denunciaron.
En el marco del 25N, agrega el pronunciamiento, ante la nula respuesta a sus garantías salariales, visibilizan la violencia que se ejerce en su contra.
El Estado de Guerrero tiene una deuda en materia de derechos de las mujeres, además, contamos con dos alertas de violencia de género, en nueve municipios, indican.
“Es necesaria una agenda de género que responda a dichas necesidades, además redoble esfuerzos a programas y áreas de atención y prevención que ya están puestas en marcha”, finaliza.

En Tlapa les deben seis meses de salario

Más tarde en Tlapa en conferencia de prensa, se informó que este jueves se sumaron a la inconformidad 12 mujeres del programa de Prevención de Matrimonios de Menores de Edad y Protección de Niñas en Zonas Indígenas a quienes les deben seis meses de salarios, mencionó Lucero Rosendo.
Esta estrategia que consiste en talleres se desarrolla en los municipios de la Montaña: Atlamajalcingo del Monte, Tlapa de Comonfort, Alcozauca, Metlatónoc, Cochoapa, Xalpatlahuac y en Costa Chica: Igualapa, Tlacoachistlahuaca, San Luis Acatlán, donde dijo que tienen que poner sus propios recursos.
En la conferencia indicaron que la Secretaría de la Mujer adeuda salarios a 28 trabajadoras y trabajadores del Programa de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en la región de la Montaña.
Ante ese adeudo las trabajadoras hicieron su denuncia pública el miércoles, para exigirle el pago a la Semujer, que en su defensa argumentó que es la Secretaría de Finanzas quien no hace la transferencia de los recursos.
Por ese motivo, el miércoles, el personal del Centro de Justicia para Mujeres- región Montaña, 2 hombres y 12 mujeres cerraron las instalaciones por adeudo de siete meses de salario y pago de gastos operativos, dejando sin atención a las usuarias, que en su mayoría son indígenas que viven situaciones de violencia.
Las trabajadoras explicaron que los recursos de operación se volvieron irregulares a partir del 2022 y en el 2024 ya no les dieron para pagar el Internet, las pipas de agua, la gasolina, los viáticos, los gastos de las usuarias del albergue temporal, entre otros y sus salarios.
Para seguir dando servicio han puesto de su bolsa por lo que piden el reembolso de más de 150 mil pesos.
Informaron también que el miércoles les depositaron tres meses por parte del gobierno y quedan cuatro pendientes, que esperan se los den pronto, esto a los 16 del Centro de Justicia, a quienes atienden el programa de prevención del matrimonio infantil aún les deben los seis meses.
En la conferencia realizada en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) de Tlapa, nuevamente recibieron el respaldo de las representaciones de activistas y asociaciones civiles como la integrante del Consejo Social de Inmujeres, Soledad Ureiro Bruno, de la Unión Regional de Mujeres Francisca Reyes Castellanos, Jaquelina Balbuena y de Mujeres de Tlapa.
Así como el delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Celso Vázquez Vivar, quien pidió una mesa de trabajo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que esas situaciones no se sigan presentando, porque violentan los derechos humanos.
La regidora de Tlapa, Edith Parra Zurita pidió al gobierno estatal y las secretarías involucradas que atiendan a las mujeres trabajadoras.