Un grupo de 35 pequeños propietarios y campesinos de la comunidad de El Plátano, ubicada en la zona rural poniente del municipio de La Unión, denunciaron de manera anónima el clima de inseguridad, despojo y severo daño ambiental que sufren a manos de un civil armado que mantiene asolada la región.
Ayer domingo vía telefónica, uno de los propietarios, en nombre del resto de los afectados, detalló que el predio conocido oficialmente como Ex Hacienda El Plátano Rufino García Suazo, una extensión de poco más de 400 hectáreas compartida por varias familias, está siendo devastado por un habitante del lugar identificado como Crisanto “N”.
Según el testimonio, esta persona se ha dedicado por años a la tala ilegal de maderas preciosas como parota y bocote para la comercialización de carbón y postes, invadiendo también con su ganado parcelas ajenas sin que nadie pueda frenarlo debido a que circula portando armas de fuego cortas y escopetas.
“No se le puede decir nada porque se la pasa armado y bajo el influjo de sustancias; corremos el riesgo de ser emboscados en los caminos del monte si le reclamamos por meterse a nuestras tierras”, expresó el denunciante, quien justificó el anonimato del grupo ante las represalias implícitas en la zona.
Además de la extracción ilegal de madera y la introducción de ganado en parcelas ajenas, el campesino alertó sobre un grave daño a las fuentes de agua de la comunidad.
Explicó que los veneros ubicados en el cerro, en una zona de uso común de la que se abastece la población, están siendo talados y quemados de manera indiscriminada; cada dos años, señala, el señalada provoca incendios forestales deliberados que arrasan con varias hectáreas a la redonda para beneficio propio, afectando el ecosistema local y poniendo en riesgo el suministro de agua.
Asimismo, denunció que suele ingresar al predio a personas ajenas a la comunidad para realizar actividades de caza furtiva y presuntamente, para la siembra de sustancias ilícitas, amparándose en supuestas influencias con perfiles locales de la región.
Ante el temor fundado de sufrir una agresión armada, los legítimos propietarios de las tierras urgieron públicamente a las autoridades federales, en especial a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a las fuerzas federales como el Ejército Mexicano y la Marina, para que realicen recorridos de vigilancia e intervengan de manera inmediata en esta franja que colinda con las comunidades de Zorcúa y Coyuquilla, antes de que ocurra una tragedia mayor. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).